21 marzo, 2006

Padres Jesuitas consideran abusivo aumento impuestos por actas

Según el SJRM, el servicio de las actas de nacimiento, según la Ley 8-92, es gratuito, y recordó que la Ley 224-04, elevó de uno a treinta pesos el impuesto que debe ser pagado para la expedición de un acta de nacimiento.
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SANTO DOMINGO, DN.-El Servicio Jesuita a Migrantes y Refugiados calificó de ilegal y abusivo el aumento del precio del impuesto de expedición de las actas de nacimiento, matrimonios y divorcios de 25 a 200 pesos.

Según el SJRM, el servicio de las actas de nacimiento, según la Ley 8-92, es gratuito, y recordó que la Ley 224-04, elevó de uno a treinta pesos el impuesto que debe ser pagado para la expedición de un acta de nacimiento.

“La arbitrariedad y discrecionalidad de los funcionarios de tomar medidas de cobro por encima de lo estipulado en las leyes de la República y la falta de institucionalidad mostrada al no cumplirse los procedimientos estipulados en las leyes de la República”, indicó la entidad adscrita a los Sacerdotes Jesuitas (Compañía de Jesús).

Advirtió que el hecho de que los funcionarios actúen expresa y públicamente fuera de la ley, y que no sean sancionados y su proceder se pase por alto, “lo que se constituye una forma aprobatoria de acciones delictivas de funcionarios públicos.

“Hasta el momento no tenemos garantía que los miles de millones de pesos que ingresarán a las arcas de la JCE, a través de estas recaudaciones, sean debidamente utilizadas, dado que los mecanismos de fiscalización son en realidad difusos, por no decir inexistentes”, expresó.

A continuación el texto del documento del SJRM:

El pasado miércoles 15 de marzo, el doctor Luis Arias, presidente de la JCE, y el juez titular Rafael Díaz Vásquez, anunciaron al país el incremento 25 a 200 pesos la tarifa para legalizar las actas de nacimiento, divorcios, matrimonios y otros documentos que expide el tribunal de comicios.

Dicha medida no deja de sorprender por varias razones:

El Estado nacional no sólo no asigna presupuesto a la JCE, sino que, además, pretende financiar servicios públicos a costa de los menguados bolsillos de la población dominicana. Convirtiendo esto en una forma de obtener impuestos por otras vías alternas, que se sumaría a los que ya paga la población de manera indirecta. Siendo así, se implanta de hecho impuestos regresivos a la población.

El cobro por las actas de nacimiento, según la Ley 8-92, es gratuito. La Ley 224-04, elevó de uno a treinta pesos el impuesto que debe ser pagado para la expedición de un acta de nacimiento.

La arbitrariedad y discrecionalidad de los funcionarios de tomar medidas de cobro por encima de lo estipulado en las leyes de la República y la falta de institucionalidad mostrada al no cumplirse los procedimientos estipulados en las leyes de la República.

El que los funcionarios actúen expresa y públicamente fuera de la ley, y que no sean sancionados y sus conductas se pasen por alto.

Lo que se constituye una forma aprobatoria de acciones delictivas de funcionarios públicos. ¿Duerme la Procuraduría?

Hasta el momento no tenemos garantía que los miles de millones de pesos que ingresarán a las arcas de la JCE, a través de estas recaudaciones, sean debidamente utilizadas, dado que los mecanismos de fiscalización son en realidad difusos, por no decir inexistentes.

Es innegable que el aumento de los costos de registros en las Oficialías tendrá una repercusión negativa directa sobre el número de niños y niñas registrados, agravando, aún más, el problema de los indocumentados en el país.

Cuando los padres están indocumentados hay altas probabilidades que sus hijos e hijas los sean también, y estos cuando procreen estarán en la misma situación, de modo tal que el ciclo se repite una y otra vez. Constituyéndose en una forma de exclusión en la sociedad dominicana.

Para nadie es un secreto que en el país existe un alto índice de niñas y niños que no son registrados. Esto tiene nefastas consecuencias para el goce y disfrute de los derechos de los/as infantes, puesto que los registros de nacimiento constituyen un derecho básico para el cumplimiento y el monitoreo del respeto del resto de los derechos.

La inscripción en el registro civil es un asunto de derechos humanos que va más allá de lo puramente administrativo, la cobertura de aquél está determinada en un nivel importante por el cumplimiento de los derechos consagrados por la Convención sobre los Derechos del Niño. El derecho de un niño o niña a un nombre y a una identidad, así como la preservación de su identidad, está establecido en los Artículos 7 y 8 de la Convención.

Sin registro de nacimiento se impide el cumplimiento de todos los derechos. Cuando no hay ejercicio y exigibilidad de los derechos no existe posibilidad de desarrollo de la ciudadanía. Cuando esto sucede podemos decir adiós a la democracia.

Además, el registro de nacimiento se constituye en la base que permite adoptar medidas contra el tráfico de niños y niñas, las adopciones ilegales, la explotación sexual comercial, la venta de órganos, entre otros.

El aumento de los costos de expedición de actas de nacimiento en las oficialías, lo podemos calificar como un ataque alevoso en contra de la población en general, la institucionalidad democrática y a los niños y las niñas en particular.

Creemos que es necesario que la JCE retome la legalidad y la institucionalidad y derogue los cobros ilegales por expedición de documentos. Además, planteamos la necesidad de que el gobierno nacional y el poder legislativo corrijan la partida presupuestaria asignada a la JCE.

Por el SJRM,
Padre José Núñez,SJ Padre Regino Martínez,SJ
Director Nacional del SJRM Director oficina de Dajabón
Padre Mario Serrano,SJ
Director oficina Santo Domingo JCE/DOCUMENTOS

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