Marcelo Ortiz, de catorce años, era discapacitado. Fue internado por su familia, debido a su pobreza y a la imposibilidad de atenderlo, en el Montes de Oca. Tiempo atrás, recibió un telegrama del antiguo director, el Dr. Florencio Sánchez, en donde decía que Marcelo había escapado, dejando voluntariamente la Colonia. Pero Marcelo era parapléjico, por lo que jamás podría haber huído.
El cuerpo mutilado de Marcelo fue encontrado durante una investigación. Sus ojos habían desaparecido. Este caso y otros pusieron al Gobierno Nacional frente a la decisión de iniciar una investigación dirigida por Horacio Esbert, abogado del Ministerio de Salud.
Testimonio de Horacio Esbert: “Básicamente a partir de gente que trabajaba allí, se empezó a tomar conocimiento de que había tráfico de córneas; que las córneas eran extraídas de pacientes que morían y que tenían a sus familiares muy lejos y que no retiraban los cuerpos” (¿Corneas extraídas de cuerpos con varios días de muertos?...)
Se verificaron irregularidades de todo tipo. Toda la sociedad quedó shockeada al descubrir a muchos pacientes desnudos, cuyo alimento diario era literalmente basura. La totalidad de los pacientes eran enfermos mentales, y muchos de ellos niños.
Además, se descubrió una mafia involucrada en el tráfico de bebés, de sangre y de córneas, todas consentidas por el Dr. Sánchez.
La cantidad de muertes en la Colonia es asombrosamente alto, y las causas que figuran en los registros de estas muertes son absolutamente diferentes a las causas que figuran en los archivos personales de los pacientes. Según los registros, el 20% de la población de pacientes, muere o “desaparece” (como Marcelo) cada año. Ningún miembro del personal quiso hablar de lo que pasaba. Y los testimonios de los pacientes (psiquiátricos) no son legalmente admisibles.
El juez Federal Héctor Heredia se hizo cargo de esta investigación. A la pregunta que se le realizó sobre cual era la cantidad de córneas manipuladas, contestó: “De más de trescientas desde el año 1979 hasta 1983/1984. Quizás un poco más. Me han entregado una copia del testimonio del Sr. Santini, quien trabajó ahí, en la Colonia, por más de diez años, en donde dice cómo fue enseñado por el Dr. Sánchez a sacar las córneas de los pacientes en la morgue del establecimiento. El testimonio de Santini dice que él removía las córneas con una cucharita de café y que estaba orgulloso porque nunca había roto una córnea.”
Se le preguntó al Dr. Horacio Esbert si él creía que en el país había una red traficando ilícitamente con órganos, a lo que respondió: “
Más que una red hay en todo el país grupos que se dedican al trasplante de órganos y dentro de estos grupos sin lugar a dudas hay gente inescrupulosa que se dedica al tráfico y sin lugar a duda esta gente es peligrosa.
”CONSEJO ASESOR DE ABLACIÓN E IMPLANTES DE CÓRDOBA (CADAIC)
Armando Calero, de nueve años de edad, murió en junio de 1992: golpeó su cabeza al caer en el patio de su escuela. Su familia escuchó en el Hospital de Urgencias la discusión entre dos médicos sobre que una simple operación podía salvarlo. Esta intervención nunca se realizó; el chiquito cayó en coma y fue puesto en un respirador. El Dr. Lacombe le mostró a la madre un electroencefalograma plano, diciéndole que el niño estaba muerto, y le insistía en que donara sus órganos; pero la madre dice que estuvo mirándolo todo el tiempo y que el encefalograma nunca se lo hicieron: “Yo me negué (a donar los órganos) porque mi hijo seguía mostrando signos vitales; él daba vuelta la cabeza cuando sentía mi voz, tenía una temperatura normal y además movía sus brazos y sus piernas, por lo tanto ví que no tenía muerte cerebral y por lo tanto no podía donar sus órganos (...) A pesar de que le quitaron el apoyo médico mi hijo vivió tres días más, y nosotros presionados para que donáramos los órganos...”
Este y otros casos fueron a un proceso en los Tribunales Federales de Córdoba. Veintidós médicos de diferentes hospitales fueron investigados por un equipo bajo las órdenes del Juez Luis Rueda, quien testimonió: “Como Juez puedo decir que las investigaciones hasta este momento han encontrado serias irregularidades en el sentido de la manera y el momento en que se declara la muerte clínica o la muerte cerebral del paciente y cómo las ablaciones de los órganos son hechas fuera de las normas que manda la ley. Como ciudadano y por las investigaciones que se han llevado a cabo en otras partes del país, podría decir que hay involucrado tráfico de órganos.”
Según Bruce Harris (BBC), el Doctor Eduardo Gasparini (médico forense que trabaja con el Departamento de Justicia) le mostró los registros médicos. En éstos figuran tres casos en los que los chicos están técnicamente vivos y aún así los doctores les sacaron sus órganos. El Dr. Gasparini dice “Hasta el momento no han podido demostrar que (estos pacientes a los que se le sacaron los órganos) tuvieran muerte cerebral. Aquí tenemos por ejemplo este caso que muestra un solo EEG, pero ese electro muestra que todavía había actividad cerebral”
En otro caso se le realiza un EEG y da plano, pero dos horas más tarde esa persona estaba respirando e incluso movía un brazo, pero alguien tomó el libro y anotó que esa persona estaba muerta.
El Sr. Harris pidió ver el caso del niño Armando Calero. La asistente del Dr. Gasparini dice: “ Bueno, en el caso del niño Armando Calero vemos que aunque la persona se niega rotundamente a donar los órganos, vemos la prescripción del médico de mantenerlo medicado con bolamina para incrementar la posibilidad de hacer la ablación de sus órganos. Esto fue prescripto por el Dr. Lacombe.”
Alejandra Escribano es enfermera y trabajó en el CADAIC casi cinco años. En su testimonio dice que los EEG se le aplicaban a pacientes que tenían suministradas drogas que deprimen los signos vitales del sistema nervioso (y pueden llegar a dar un electro plano), y que además, las perillas de la máquina utilizada en los EEG también eran alteradas. Ella dice “Para evitar que una onda cerebral pequeña se vea en un electro se manipulaban los aparatos y con una perilla se modificaba la amplitud de onda que registraba el aparato.”
Bruce Harris: “¿Ud. dice que se hacía mentir a la máquina para mostrar que ya no había actividad cerebral cuando en efecto sí la había?”
Alejandra Escribano: “En efecto.”
En Argentina hay un Instituto que coordina la distribución de órganos, el Incucai (Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante). Un incendio repentino destruyó mucha evidencia que resultaría vital. Los registros que se salvaron del incendio mostraron los archivos de cuatro personas que habrían tenido un trasplante y a quienes nunca se les practicó dicho trasplante y que los órganos que deberían haber ido a tales personas fueron a Hospitales Privados.
El Dr. Edgar Enrique Lacombe fue procesado como supuesto autor de abuso de autoridad en 66 hechos en forma continuada. Con los aportes del médico forense Eduardo Gasparini y mediante el análisis de más de doscientas historias clínicas, el juez Luis Rueda llegó al convencimiento de que habría semiplena prueba en contra de Lacombe, quien habría dirigido y autorizado la ablación de los órganos cuando las condiciones técnicas y científicas no eran las determinadas por la ley de trasplantes que regía entonces. Posteriormente el caso pasó a manos del Juez Ricardo Bustos Fierro, quien elevó las actuaciones a la Cámara Federal para que resolviera la apelación planteada contra el procesamiento de Lacombe. Con dos votos a favor (Gustavo Becerra Ferrer y Leon Feith) y uno en contra (Humberto Aliaga Yofre), la Cámara resolvió revocar el procesamiento de Lacombe, quien así fue puesto en libertad de prisión preventiva.
Becerra Ferrer expresó sus profundas discrepancias con el Juez Rueda ya que a su juicios, si bien existen en las historias clínicas “un serio desorden administrativo generalizado” las pruebas reunidas en la investigación no fueron suficientes para fundamentar el procesamiento del médico con el grado de probabilidad requerido por la ley en esta etapa.
Por su parte Aliaga Yofre puntualizó “la realidad irrefutable contenida en todas las historias clínicas habla por sí misma y revisten en todos las casos tenidos en cuenta por el entonces Juez del Juzgado Federal, un cúmulo impresionante de anomalías, en algunos casos tan ostensibles que me autorizan a ubicarlas como colindantes con lo burdo, insolente e irreverente.”
El criterio legal que se impuso fue el de atribuir el incidente jurídico a meras “irregularidades” administrativas.
Sin embargo, el criterio común que se impone es el de que, a pesar de las reiteradas negativas al respecto, fundamentadas incluso con “racionalismos” aparentemente “irrefutables”, el tráfico de órganos existe.
Veamos algunos de estos razonamientos:
1) “Es imposible el tráfico de órganos por problemas de histocompatibilidad”. Es probable que no pueda satisfacerse una demanda aislada; pero cuando existe una inmensa demanda de órganos, como ocurre en la actualidad; tanta, que es perfectamente viable que un donante sea compatible histológicamente, respecto a todos sus órganos, a diversos receptores en lista de espera; entonces, la afirmación de que es imposible por dicho motivo, se torna infantil, ya que por donante podemos entender, tanto al que lo es por consentimiento con posterioridad a su muerte, como al que lo es por obligación por asesinato. Por otra parte, es necesario recordar que las córneas son órganos que no presentan problemas de compatibilidad; por una gran ironía, es también un órgano “visible”, por lo que es difícil extraer las corneas a trescientas personas (caso Montes de Oca) y dejar a las mismas personas a la vista de cualquier familiar.
2) “Es imposible el tráfico de órganos por la gran cantidad de personas que deberían estar implicadas (equipos médicos completos, de varias instituciones, equipos de transporte, etc.)”. Esto es fácilmente refutable, puesto que actividades ilícitas, como el aborto en Argentina, se llevan adelante con la complicidad de muchas personas en clínicas privadas afamadas. Las personas en desacuerdo, son fácilmente acalladas mediante despidos, intimidación, compra, o incluso desaparición y muerte (Recordar caso de los empleados de la Colonia Montes de Oca, que callaron de manera cómplice, y de la Dra. Giubileo, que desapareció en los comienzos de la época de los trasplantes y trabajaba precisamente en la misma Colonia).
Lo lamentable de todo esto, es que las personas somos cada vez más reacias a constituirnos en donantes, y los familiares de los enfermos terminales dudan igualmente. Es sumamente necesario que los gobiernos instrumenten medidas eficaces y eficientes para frenar el tráfico de órganos y proteger las vidas de todas las personas: tanto las que necesitan un trasplante como las que son posibles donantes.
Es probable que la posibilidad de efectuar trasplantes no deba estar en manos de instituciones privadas, sino sólo de hospitales públicos. También sería aconsejable que se crearan comisiones varias para fiscalizar a instituciones como el Cadaic (provincial) y el Incucai (nacional), con operativos frecuentes e investigaciones de oficio
