30 marzo, 2006

China prohíbe la venta de órganos y su extracción a presos ejecutados

(PD/Agencias).- China ha decidido poner fin a la polémica sobre la venta de órganos de presos ejecutados. Según ha informado el Gobierno de Pekín en su página web, el comercio de órganos humanos estará prohibido en el país a partir del 1 de julio, cuando entre en vigor la nueva normativa sobre trasplantes que preparan las autoridades.

La regulación exige a las instituciones médicas obtener un documento de autorización firmado por los donantes antes del trasplante, en un país donde las organizaciones internacionales han denunciado que se pueden comprar órganos, muchas veces de los prisioneros ejecutados, sin el consentimiento de los reos ni de sus familiares.

Con las nuevas normas, sólo los centros registrados podrán efectuar trasplantes, aunque podrán perder su permiso "si el paciente no sobrevive durante un determinado número de años", ha explicado el portavoz del Ministerio, Mao Qunan. Todas las operaciones deberán contar además con la aprobación de un comité ético.

Sin embargo, la regulación, prometida por el Gobierno chino el año pasado, no da respuesta a aspectos claves, como la procedencia de los órganos o la definición de muerte cerebral, según ha puesto de manifiesto Chen Zhonghua, del Instituto de Trasplantes del Hospital de Tongji, citado hoy por el diario South China Morning Post.

Un porcentaje "insignificante"

Al tiempo que anunciaba la nueva legislación, Pekín ha reconocido el uso en hospitales de órganos de ejecutados para trasplantes, pero ha asegurado que se trata de un porcentaje "insignificante" del total y que, en contra de las denuncias, en todos los casos se hace con el "consentimiento del condenado o su familia".

"Algunos medios de comunicación informaron de que se ha forzado a los condenados a muerte o a sus familiares, lo cual es una completa calumnia", ha asegurado en rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino Qin Gang, al comentar la nueva ley.

Qin ha añadido que el principio del sistema sanitario chino "establece que el donante debe dar voluntariamente sus órganos", y que el caso de los ejecutados "no es una excepción".

Se estima que al menos dos millones de chinos necesitan un trasplante de órgano cada año pero sólo 20.000 se pueden efectuar debido a la escasez de donantes, según cifras difundidas hoy por la agencia oficial Xinhua. Pese a esa escasez, según la misma fuente, pacientes de otros países viajaron en los últimos años a China para hacerse trasplantes.

En los últimos meses, han salido a la luz casos de ciudadanos de Japón y Malaisia que habían viajado a China para hacerse trasplantes de órganos y posteriormente fallecieron, un hecho que está siendo investigado por las autoridades chinas y que aumentó las sospechas sobre el "negocio" de estas operaciones en el país asiático.

China es en la actualidad el segundo país en número de trasplantes de órganos, con 2.600 casos de hígado y unos 6.000 casos de riñón en el 2004, sólo por detrás de Estados Unidos.


21 marzo, 2006

Dossier: MERCADO ÚNICO DEL CRIMEN

Nathalie Harris - Leeds - 20.3.2006
The World’s Oldest Trade
Enfoque

El negocio más antiguo del mundo

El tráfico de seres humanos es un gran negocio en creces. Sus estadísticas sin embargo son difíciles de determinar, dado su carácter clandestino.


Las Víctimas a menudo son ignoradas por las autoridades (Foto, Yarick Mission)

Según cifras del año 2001 aportadas por la Comisión Europea, cada año entran ilegalmente en Europa Occidental unas 120.000 mujeres y niños. Un número creciente de ellos son víctimas del tráfico de seres humanos. Se trata de una industria polifacética, que explota a sus víctimas en actividades como la mendicidad organizada, la adopción ilegal o el tráfico de órganos y que se está convirtiendo también en una actividad relacionada con la prostitución.

Si tomamos los datos del Ministerio francés de Asuntos Exteriores, el tráfico de seres humanos constituye la tercera industria ilegal tras el tráfico de drogas y el de armas, con unos beneficios anuales entre los 7.000 y los 13.000 millones de dólares. Los humanos tienen además un valor añadido, ya que pueden ser revendidos. Al contrario que las armas y las drogas, la “carga humana” no puede ser medida, lo que produce grandes beneficios a un coste de riesgo relativamente bajo.

Los cambios políticos acaecidos la pasada década han contribuido a un incremento del tráfico de seres humanos en la Unión Europea de países procedentes de Europa Central y Oriental. La caída de la Unión Soviética y la Guerra de los Balcanes han supuesto una enorme movilidad de mano de obra. Según el Consejo de Europa, la renta per cápita en Europa Central y Oriental es un 30% más baja que en 1989, a pesar de la parcial recuperación de las economías de la zona. En países como Moldavia, Ucrania y Rumania, entre un 20% y 30% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Personas que a menudo miran a la Unión Europea para mejorar su nivel de vida. Los traficantes manipulan a aquellos en situaciones frágiles y les venden los atractivos de las condiciones de vida del Oeste. Sin embargo, a menudo, las víctimas son engañadas y abandonadas.

La ampliación de la Unión Europea ha facilitado el tráfico de humanos al haber acercado las fronteras de la UE a países con economías inestables como Ucrania, Albania, y Bielorrusia. Para los habitantes de estos países empobrecidos, la UE supone un destino cercano y atractivo. Sin embargo, el endurecimiento de las políticas de inmigración de la UE se lo está poniendo difícil a los inmigrantes que quieren acceder legalmente a Europa, provocando así un incremento en la demanda para el contrabando humano.

Organizaciones criminales y medidas de la UE

Según el Centro de Investigación de Crímenes Informáticos, la globalización de la tecnología y la expansión de Internet ha exacerbado la situación, ya que posibilita a los criminales desarrollar sofisticadas industrias del sexo. La Comisión Europea reconoce el papel que están jugando las Nuevas Tecnologías en esa "invisibilidad de la explotación" y cree que los convenios públicos y privados con los proveedores de Internet deben ser investigados en profundidad.

Las organizaciones criminales a menudo controlan toda la cadena de reclutamiento, desde el transporte hasta la explotación sexual. Las prostitutas tienen más posibilidades de ser arrestadas y deportadas que los propios criminales. Los líderes de estas mafias a menudo confiscan los pasaportes de sus víctimas y les obligan a pagar por su transporte y su documentación. Esto fuerza a las víctimas a implicarse en actividades lucrativas ilegales, como la prostitución.

En el pasado, la Unión Europea prestaba más atención al reforzamiento de las leyes y la cooperación judicial que a la prevención del tráfico de seres humanos y la protección de sus víctimas. El Convenio Europeo contra el Tráfico de Seres Humanos de 2005 recuerda la obligación de los Estados de respetar y proteger los derechos de las víctimas, y hace hincapié en la prevención, investigación, persecución y cooperación internacional. Amnistía Internacional elogia el convenio pero recomienda a la UE sobre la necesidad de tomar medidas individuales y colectivas dirigidas a las raíces que originan el tráfico de seres humanos y a atender a las víctimas en el marco de una migración legal y segura.

Deporte y venta de sexo

La prevención del tráfico de seres humanos destinado a la prostitución durante la celebración de grandes eventos deportivos se ha convertido en una prioridad fundamental para los ministros de la UE. Según el informe del año 2006 elaborado por la eurodiputada socialista austríaca Christa Prets, en Alemania ya esperan una afluencia importante de prostitutas provenientes del Este de Europa con motivo del Mundial de Fútbol de 2006, abogando por la toma de medidas apropiadas. En esas cuatro semanas se espera un incremento de al menos un 30% en la demanda de prostitutas. Se estima que unas 40.000 mujeres y niñas puedan ser llevadas a Alemania con este motivo.

La prostitución es legal en Alemania, pero no tiene el status de una “profesión regular”. Ya se están preparando "hiper-burdeles" e instalando máquinas expendedoras de preservativos para atender el negocio extra durante los días del mundial. La ONG “Coalición contra el Tráfico de Mujeres”, argumenta que dichos preparativos estimulan el tráfico, y ya están haciendo campaña en contra del binomio deporte/turismo sexual. “Comprar sexo no es un deporte”, sostienen. En octubre de 2005, durante la Conferencia de Prensa del Manifiesto de Supervivientes de la Prostitución y el Tráfico de Seres Humanos, las víctimas declararon que los gobiernos deben parar de legalizar y de despenalizar la industria del sexo al facilitarle a los proxenetas y a los clientes permiso legal para abusar de las mujeres a través de la prostitución.

A medida que la prostitución se tolera más, grupos como el Colectivo Internacional de Prostitutas creen que la legalización de la prostitución propicia que ésta rompa sus vínculos con el crimen, ofreciendo a las prostitutas más oportunidades para denunciar los abusos y la explotación. CATW y Acción Cristiana, argumentan que las barreras éticas deben desaparecer al mismo tiempo que lo hacen las barreras legales, y que la despenalización del comercio sexual sólo baja el listón a aquellos que buscan la prostitución. Aparecen nuevos trucos para mantener el comercio más antiguo del mundo, mientras las nuevas soluciones son difíciles de encontrar.
Nathalie Harris - Leeds - 20.3.2006 | Traducción: Ana Soriano Escudero

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Padres Jesuitas consideran abusivo aumento impuestos por actas

Según el SJRM, el servicio de las actas de nacimiento, según la Ley 8-92, es gratuito, y recordó que la Ley 224-04, elevó de uno a treinta pesos el impuesto que debe ser pagado para la expedición de un acta de nacimiento.
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SANTO DOMINGO, DN.-El Servicio Jesuita a Migrantes y Refugiados calificó de ilegal y abusivo el aumento del precio del impuesto de expedición de las actas de nacimiento, matrimonios y divorcios de 25 a 200 pesos.

Según el SJRM, el servicio de las actas de nacimiento, según la Ley 8-92, es gratuito, y recordó que la Ley 224-04, elevó de uno a treinta pesos el impuesto que debe ser pagado para la expedición de un acta de nacimiento.

“La arbitrariedad y discrecionalidad de los funcionarios de tomar medidas de cobro por encima de lo estipulado en las leyes de la República y la falta de institucionalidad mostrada al no cumplirse los procedimientos estipulados en las leyes de la República”, indicó la entidad adscrita a los Sacerdotes Jesuitas (Compañía de Jesús).

Advirtió que el hecho de que los funcionarios actúen expresa y públicamente fuera de la ley, y que no sean sancionados y su proceder se pase por alto, “lo que se constituye una forma aprobatoria de acciones delictivas de funcionarios públicos.

“Hasta el momento no tenemos garantía que los miles de millones de pesos que ingresarán a las arcas de la JCE, a través de estas recaudaciones, sean debidamente utilizadas, dado que los mecanismos de fiscalización son en realidad difusos, por no decir inexistentes”, expresó.

A continuación el texto del documento del SJRM:

El pasado miércoles 15 de marzo, el doctor Luis Arias, presidente de la JCE, y el juez titular Rafael Díaz Vásquez, anunciaron al país el incremento 25 a 200 pesos la tarifa para legalizar las actas de nacimiento, divorcios, matrimonios y otros documentos que expide el tribunal de comicios.

Dicha medida no deja de sorprender por varias razones:

El Estado nacional no sólo no asigna presupuesto a la JCE, sino que, además, pretende financiar servicios públicos a costa de los menguados bolsillos de la población dominicana. Convirtiendo esto en una forma de obtener impuestos por otras vías alternas, que se sumaría a los que ya paga la población de manera indirecta. Siendo así, se implanta de hecho impuestos regresivos a la población.

El cobro por las actas de nacimiento, según la Ley 8-92, es gratuito. La Ley 224-04, elevó de uno a treinta pesos el impuesto que debe ser pagado para la expedición de un acta de nacimiento.

La arbitrariedad y discrecionalidad de los funcionarios de tomar medidas de cobro por encima de lo estipulado en las leyes de la República y la falta de institucionalidad mostrada al no cumplirse los procedimientos estipulados en las leyes de la República.

El que los funcionarios actúen expresa y públicamente fuera de la ley, y que no sean sancionados y sus conductas se pasen por alto.

Lo que se constituye una forma aprobatoria de acciones delictivas de funcionarios públicos. ¿Duerme la Procuraduría?

Hasta el momento no tenemos garantía que los miles de millones de pesos que ingresarán a las arcas de la JCE, a través de estas recaudaciones, sean debidamente utilizadas, dado que los mecanismos de fiscalización son en realidad difusos, por no decir inexistentes.

Es innegable que el aumento de los costos de registros en las Oficialías tendrá una repercusión negativa directa sobre el número de niños y niñas registrados, agravando, aún más, el problema de los indocumentados en el país.

Cuando los padres están indocumentados hay altas probabilidades que sus hijos e hijas los sean también, y estos cuando procreen estarán en la misma situación, de modo tal que el ciclo se repite una y otra vez. Constituyéndose en una forma de exclusión en la sociedad dominicana.

Para nadie es un secreto que en el país existe un alto índice de niñas y niños que no son registrados. Esto tiene nefastas consecuencias para el goce y disfrute de los derechos de los/as infantes, puesto que los registros de nacimiento constituyen un derecho básico para el cumplimiento y el monitoreo del respeto del resto de los derechos.

La inscripción en el registro civil es un asunto de derechos humanos que va más allá de lo puramente administrativo, la cobertura de aquél está determinada en un nivel importante por el cumplimiento de los derechos consagrados por la Convención sobre los Derechos del Niño. El derecho de un niño o niña a un nombre y a una identidad, así como la preservación de su identidad, está establecido en los Artículos 7 y 8 de la Convención.

Sin registro de nacimiento se impide el cumplimiento de todos los derechos. Cuando no hay ejercicio y exigibilidad de los derechos no existe posibilidad de desarrollo de la ciudadanía. Cuando esto sucede podemos decir adiós a la democracia.

Además, el registro de nacimiento se constituye en la base que permite adoptar medidas contra el tráfico de niños y niñas, las adopciones ilegales, la explotación sexual comercial, la venta de órganos, entre otros.

El aumento de los costos de expedición de actas de nacimiento en las oficialías, lo podemos calificar como un ataque alevoso en contra de la población en general, la institucionalidad democrática y a los niños y las niñas en particular.

Creemos que es necesario que la JCE retome la legalidad y la institucionalidad y derogue los cobros ilegales por expedición de documentos. Además, planteamos la necesidad de que el gobierno nacional y el poder legislativo corrijan la partida presupuestaria asignada a la JCE.

Por el SJRM,
Padre José Núñez,SJ Padre Regino Martínez,SJ
Director Nacional del SJRM Director oficina de Dajabón
Padre Mario Serrano,SJ
Director oficina Santo Domingo JCE/DOCUMENTOS

DIPUTADO SOLICITA QUE SE TOMEN MEDIDAS CONTRA EL TRÁFICO DE NIÑOS

Misiones, El Diario Digital, 20 de marzo de 2006

El diputado provincial Orlando Antonio Schuster (UCR) solicitó que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos arbitre los medios necesarios a fin de prevenir el crecimiento del tráfico de niños, expuesto actualmente en diversos medios de prensa.

Schuster en sus fundamentos explicó “que desde las Naciones Unidas definen al Tráfico Internacional ilícito de niños o niñas como cualquier acto realizado o a realizarse, que tuviere propósito o fin ilícito, a ejecutarse en un Estado que de la residencia habitual del niño o niña, ejecutado por una organización criminal, que en forma colectiva o por cualquiera de sus miembros implique: promover, facilitar, concertar el secuestro, retención u ocultamiento de un niño o niña, con o sin su consentimiento, con o sin ánimo de lucro, ocasional o reiteradamente; u ofrecer, entregar, recibir o intermediar entre esos actos, un niño o niña a cambio de dinero o cualquier otra contraprestación en especie.

La Convención sobre los Derechos del Niño manifiesta que los estados partes se comprometen a tomar todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma.

La Convención sobre los Derechos del Niño manifiesta que los estados partes se comprometen a tomar todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma.

De acuerdo con el último informe de UNICEF, cerca de 1.200.000 niños traficados cada año en el mundo es un negocio que deja 10.000 millones de dólares en ganancia”, subrayó.

El legislador dijo que en el caso de los varones el motivo principal es su utilización como mano de obra barata y en el de las mujeres, la explotación sexual. En el caso de los bebés el principal motivo del tráfico es la adopción ilegal. Ante el deseo de tener un hijo la gente subestima la gravedad de la situación. El tráfico con fines de adopción deja importantes ganancias a los intermediarios: médicos, abogados, jueces y mediadores.

Este es un fenómeno que crece y preocupa cada vez más a los gobiernos de América Latina. En Argentina, anualmente son declaradas unas 900 desapariciones de niños y niñas. Entre los motivos figuran la fuga, el secuestro por parte de uno de los progenitores, la venta en el marco de las adopciones ilegales, y la sustracción directa para venta, prostitución o tráfico de órganos. Sin duda que la desesperación de los más humildes es una inagotable fuente de ingresos para las mafias que se dedican al tráfico de personas.

Schuster también comentó “que la situación de empobrecimiento en la cual estamos inmersos los países Latinoamericanos hace que los habitantes sean cada vez más vulnerables. Si bien en la Argentina predomina la venta de bebes para el mercado interno, también se han registrado casos de adopciones internacionales. El tráfico internacional se da primordialmente en nuestra provincia, y especialmente, en zonas fronterizas con Paraguay y Brasil.

Según una investigación llevada a cabo por la organización Defensa de los Niños Internacional (DNI), con sede central en Ginebra, las provincias Argentinas de Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe son, además de Misiones, las principales "proveedoras" de niños.

De acuerdo con dicho informe los argentinos que adoptan niños ilegalmente dentro del país suelen ser matrimonios de clase media, profesionales, empresarios o comerciantes. Los extranjeros, por su parte, vienen de Estados Unidos, Francia, Alemania, Noruega, Suiza e Italia”, recalcó.

El legislador al finalizar manifestó “que el Departamento de Prevención de Violencia Familiar del Ministerio de Bienestar Social de Misiones, informó que las denuncias sobre tráfico de niños `van en aumento´ y que según testimonios de detenidos en causas de tráfico de bebes, en esta provincia `Misiones´, conseguir un niño traído de Paraguay e inscripto en los registros argentinos como propio, cuesta entre 1.500 y 5.000 dólares. Si se trata de una venta al extranjero con fines de extracción de órganos, el monto puede trepar hasta los 20.000 dólares”, finalizó.

DIPUTADO SOLICITA QUE SE TOMEN MEDIDAS CONTRA EL TRÁFICO DE NIÑOS

El Diario Digital - 20 Marzo 2006

El diputado provincial Orlando Antonio Schuster (UCR) solicitó que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos arbitre los medios necesarios a fin de prevenir el crecimiento del tráfico de niños, expuesto actualmente en diversos medios de prensa.

Schuster en sus fundamentos explicó “que desde las Naciones Unidas definen al Tráfico Internacional ilícito de niños o niñas como cualquier acto realizado o a realizarse, que tuviere propósito o fin ilícito, a ejecutarse en un Estado que de la residencia habitual del niño o niña, ejecutado por una organización criminal, que en forma colectiva o por cualquiera de sus miembros implique: promover, facilitar, concertar el secuestro, retención u ocultamiento de un niño o niña, con o sin su consentimiento, con o sin ánimo de lucro, ocasional o reiteradamente; u ofrecer, entregar, recibir o intermediar entre esos actos, un niño o niña a cambio de dinero o cualquier otra contraprestación en especie.

La Convención sobre los Derechos del Niño manifiesta que los estados partes se comprometen a tomar todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma.

La Convención sobre los Derechos del Niño manifiesta que los estados partes se comprometen a tomar todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma.

De acuerdo con el último informe de UNICEF, cerca de 1.200.000 niños traficados cada año en el mundo es un negocio que deja 10.000 millones de dólares en ganancia”, subrayó.

El legislador dijo que en el caso de los varones el motivo principal es su utilización como mano de obra barata y en el de las mujeres, la explotación sexual. En el caso de los bebés el principal motivo del tráfico es la adopción ilegal. Ante el deseo de tener un hijo la gente subestima la gravedad de la situación. El tráfico con fines de adopción deja importantes ganancias a los intermediarios: médicos, abogados, jueces y mediadores.

Este es un fenómeno que crece y preocupa cada vez más a los gobiernos de América Latina. En Argentina, anualmente son declaradas unas 900 desapariciones de niños y niñas. Entre los motivos figuran la fuga, el secuestro por parte de uno de los progenitores, la venta en el marco de las adopciones ilegales, y la sustracción directa para venta, prostitución o tráfico de órganos. Sin duda que la desesperación de los más humildes es una inagotable fuente de ingresos para las mafias que se dedican al tráfico de personas.

Schuster también comentó “que la situación de empobrecimiento en la cual estamos inmersos los países Latinoamericanos hace que los habitantes sean cada vez más vulnerables. Si bien en la Argentina predomina la venta de bebes para el mercado interno, también se han registrado casos de adopciones internacionales. El tráfico internacional se da primordialmente en nuestra provincia, y especialmente, en zonas fronterizas con Paraguay y Brasil.

Según una investigación llevada a cabo por la organización Defensa de los Niños Internacional (DNI), con sede central en Ginebra, las provincias Argentinas de Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe son, además de Misiones, las principales "proveedoras" de niños.

De acuerdo con dicho informe los argentinos que adoptan niños ilegalmente dentro del país suelen ser matrimonios de clase media, profesionales, empresarios o comerciantes. Los extranjeros, por su parte, vienen de Estados Unidos, Francia, Alemania, Noruega, Suiza e Italia”, recalcó.

El legislador al finalizar manifestó “que el Departamento de Prevención de Violencia Familiar del Ministerio de Bienestar Social de Misiones, informó que las denuncias sobre tráfico de niños `van en aumento´ y que según testimonios de detenidos en causas de tráfico de bebes, en esta provincia `Misiones´, conseguir un niño traído de Paraguay e inscripto en los registros argentinos como propio, cuesta entre 1.500 y 5.000 dólares. Si se trata de una venta al extranjero con fines de extracción de órganos, el monto puede trepar hasta los 20.000 dólares”, finalizó.

18 marzo, 2006

Ecuador - El Defensor del Pueblo irá a juicio político

Quito, 17 de Marzo.- Los diputados Carlos González Albornoz (ID) y Ricardo Ulcuango (Pachakutik) dieron a conocer en las próximas horas oficializarán el llamado a juicio político al Defensor del Pueblo, Claudio Mueckay Arcos, bajo las acusaciones de peculado, tráfico de órganos e irregular manejo de pólizas.

Para tal efecto, la Asociación Rumiñahui Hispano-Ecuatoriana y la Cámara Mundial de Migrantes hicieron público su respaldo a ese proceso político, como mecanismo para destituir al Defensor del Pueblo, en razón de las graves inculpaciones hechas en su contra por la Comisión de Control Cívico de la Corrupción.


Ambas organizaciones pidieron que la Fiscalía que dicte orden de prisión preventiva para los funcionarios implicados en estos actos de corrupción, entre ellos, Maximiliano Donoso, quien habría participado en el desvío de re-cursos del Fondo del Migrante.

El diputado Carlos González dijo que el 16 de febrero del 2001 se firmó un acuerdo entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo para instalar oficinas a favor de los migrantes en diferentes países de América y Europa.

Sin embargo, ese convenio nunca se llevó a la práctica, más aún cuando no había partida presupuestaria alguna en el Ministerio de Economía que avalice la contratación de funcionarios públicos de la Defensoría en otros países.

No obstante, Mueckay, por su cuenta y riesgo, procedió a contratar a defensores en Europa y Estados Unidos, incurriendo en el delito de malversación de fondos y, como tal, peculado, lo que está claramente definido en el artículo 257 del Código Penal. Afirmó que los funcionarios nombrados en España comenzaron a realizar las repatriaciones de cadáveres de compatriotas, en cuyos trámites no constaban las facturas originales.

La Defensoría gastó 83.505 dólares en estos trámites de repatriaciones sin que sea entregada una sola factura original, añadió. González agregó que lo más grave es lo relacionado con los valores de seguros por muerte en España, que fueron cobrados, pero no entregados a los legítimos beneficiarios.

Los migrantes en-tregaron un poder para que el Defensor del Pueblo en España cobre las indemnizaciones y seguros, pero los recursos jamás fueron a manos de los familiares de las víctimas.

Además, aseguró que se ha comprobado que hospitales de España pagaban 1.600 dólares para que en esos centros queden órganos (hígados, riñones, pulmones) de migrantes ecuatorianos fallecidos, llegando al extremo de descontar ese valor de los gastos efectuados en la funeraria y en el cobro de las indemnizaciones.

Las pruebas son suficientes, evidentes y contundentes para enjuiciar y destituir a Claudio Mueckay, dijo Ricardo Ulcuango, al tiempo de invitar a la ciudadanía, las organizaciones de migrantes y de derechos humanos para que participen activamente en este proceso, a fin de que impere la justicia y evitar que estos graves actos de inmoralidad queden en la impunidad.

16 marzo, 2006

REUNIÓN CONTINENTAL DE LA OEA SOBRE EL PROBLEMA


Los Estados Americanos denuncian que la trata de personas no se castiga lo suficiente en América


El encuentro servirá para intercambiar experiencias y ofrecer recomendaciones
El foro se centrará en la trata de mujeres y niños.
Actualizado miércoles 15/03/2006 13:40 (CET)

EFE

CARACAS.- La trata de personas es un delito que en América no se sanciona lo suficiente, ha declarado John Biehl, representante del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, al inaugurar en Venezuela una reunión continental sobre el asunto.

"Muchos foros para la acción, defensa y atención de las víctimas no son utilizados adecuadamente, en parte porque la trata de personas no ha sido colocada aún en la agenda nacional de algunos de los países de la región", ha insistido Biehl.

La primera reunión sobre la trata de personas de la OEA se está celebrando en la isla venezolana de Margarita y será clausurada este viernes.

El delito incluye cualquier tipo de explotación de seres humanos, aunque hace énfasis en las mujeres y los niños, y abarca desde casos de esclavitud laboral, abierta o encubierta, hasta la explotación sexual, el comercio de órganos y la compraventa de menores.

El foro, denominado 'Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Trata de Personas', servirá para intercambiar experiencias y ofrecer recomendaciones que se considerarán en la próxima asamblea de ministros de Justicia de la OEA.

El secretario general de la OEA ha declarado recientemente que "la trata de personas es una actividad criminal de las más brutales que tenemos en nuestro hemisferio", y ha advertido de que "es un fenómeno que no puede ser resuelto de manera unilateral".

Insulza institucionalizó el trabajo sobre la trata de personas como una unidad especializada dentro del nuevo Departamento de Seguridad Pública de la OEA, que inicialmente fue parte del trabajo de la Comisión Interamericana de Mujeres.

Lilian Aya, jefa de Prevención del Delito del Ministerio venezolano del Interior, ha declarado que la lucha contra ese tipo de delito debe "formar y capacitar" a funcionarios sobre la manera de detectar y tratar el problema y fortalecer la "investigación policial".

Época de esclavitud


Además, ha añadido, se debe "informar a la colectividad sobre las características de este mal, ya que hay mucha desinformación y tolerancia frente a algunas de sus facetas más visibles".

El viceministro venezolano de Seguridad Jurídica, Rafael Jiménez, ha comparado la trata de personas con la época de esclavitud, y ha declarado que la reunión de la OEA permitirá diseñar soluciones "verdaderas, reales y sinceras" para combatir el problema.

El auge y crecimiento de ese problema es una consecuencia de las desigualdades económicas y sociales existentes en el continente, declaró, por su parte, el representante alterno de Venezuela ante la OEA y presidente del grupo de trabajo encargado de los preparativos de la reunión, Nelson Pineda.

Comercio sexual de niños y mujeres, el más infame negocio de la historia

ABN 14/03/2006
Caracas, Distrito Capital

Caracas, 14 Mar. ABN (Hernán Mena Cifuentes).- El hasta ahora irrefrenable comercio de niños, adolescentes y jóvenes mujeres en su mayoría oriundos del Caribe, América Latina y otros países pobres del planeta, llevados a los Estados Unidos, Europa y Asia para ser vendidos y explotados como esclavos sexuales, ha hecho de esa perversa actividad el más lucrativo negocio del planeta, después de la industria petrolera y del tráfico de armas y de drogas.

Ante el tétrico panorama de dolor y sufrimiento que presenta a un mundo sometido virtualmente a la impunidad de un crimen de lesa humanidad que atrapa en sus redes a millones de seres inocentes, negándoles el derecho al disfrute de un presente de libertad, condenándolos a un futuro de enfermedad y muerte, ha surgido como un rayo de esperanza la I Reunión de la Organización de Estados Americanos sobre Trata de Personas, que desde hoy martes y hasta el viernes próximo tiene como sede a Venezuela.

Alarmados ante el impacto negativo del comercio de personas sobre la sociedad y peor aún, sobre la vida de esos seres, y de su acelerado incremento en la región, los gobiernos del continente han delegado en la OEA la responsabilidad de asumir la lucha contra un flagelo que afecta a un amplio grupo humano que en razón de variados factores sociales, culturales y económicos es vulnerable a su acción, convertida además en seria amenaza para la preservación de los valores y principios éticos y morales de la gran familia caribeña y latinoamericana.

Conscientes de la magnitud de la misión que les ha sido encomendada, un grupo de sociólogos y demás profesionales expertos en diversas disciplinas, analizarán durante cuatro días en isla de Margarita, estrategias y mecanismos de cooperación integral, con miras a la adopción de políticas que conduzcan a la progresiva reducción y eventual erradicación del comercio de personas, el infernal negocio que utiliza como “materia prima” a millones de niños, adolescentes y mujeres pobres de la región.

La gravedad del problema fue reconocida ya antes por la ONU, que desde hace años despliega un dispositivo global de prevención y lucha contra el flagelo a través de sus órganos especiales como Unicef, OACDDHH, Unifem y OMS, en un esfuerzo que, a pesar de los recursos humanos y materiales utilizados, hasta hoy luce insuficiente y frustrante, mientras simultáneamente se amplía el escenario sobre el cual actúan como actores, millones de criaturas infelices sometidas a maltratos y otras infamantes prácticas, que casi siempre culminan en la muerte de los afectados, victimas de enfermedades como el Sida.

Ello se debe en gran medida a que las organizaciones delictivas dedicadas a la captación, transporte, traslado, acogida y recepción de personas destinadas al mercado sexual, convertidas por efecto de esa práctica en “mercancía” de exportación”, operan como empresas, con un tren directivo en la cúspide de una pirámide, desde la cual se planifican y giran instrucciones a ejecutivos medios, empleados y obreros de una extensa red de sucursales diseminadas por varios continentes, encargados del negocio “sucio”, lo que dificulta la tarea de combatirlas.

Utilizan como bases de captación a naciones del Caribe, América Latina y países pobres de Europa del Este y del Sudeste Asiático, y de recepción, a países industrializados de América del Norte, Europa y Asia, como Canadá, EEUU, Japón, Alemania, Francia, Holanda y España, lo que les permite operar en gran escala, obteniendo así, ganancias fabulosas, que según estimaciones de la ONU, ascienden a más de siete millardos de dólares al año.

De acuerdo con expertos de la organización mundial, existen 27 millones de mujeres inmersas en la prostitución forzada en todo el mundo, principalmente en los países de la Unión Europa, donde trabajan bajo un régimen cruel de explotación sexual unas 700.000 mujeres; casi la mitad ellas procedentes de América Latina, el Caribe y el resto de Europa del Este, mientras que en Tokio y otras grandes ciudades japonesas laboran bajo las mismas infames condiciones unas 40.000, oriundas de Tailandia y otros pueblos del Sudeste asiático.

Cada año ingresan al mundo, cada vez más poblado de la explotación sexual, unos cuatro millones de menores, adolescentes y jóvenes mujeres, las cuales van a engrosar las filas de esa legión de seres ya secuestrados, abusados y condenados muchos de ellos a morir, mientras sobreviven a duras penas en tierra extranjera, sin entender el idioma que allí se habla. Algunos con la esperanza casi perdida, de volver algún día al hogar de donde fueron arrancados por sus plagiarios.

Una de las muchas fachadas utilizadas en dirección inversa (norte-sur) por los traficantes del sexo es la industria del turismo, bajo la modalidad de “agencias turísticas” que organizan lujosos tours dirigidos a ricos clientes de Europa, Japón y América del Norte, trasladados en cruceros y en vuelos charters, promocionados como “exóticos lugares del Caribe, Centro, Suramérica y del Sudeste asiático”, donde son “atendidos” en hoteles cinco estrellas por jóvenes de ambos sexos, moradores de humildes aldeas, reclutados bajo engaño, por las mafias en esos paraísos turisticos.

Pese a que organizaciones policiales regionales, nacionales e internacionales, en estrecha colaboración con Interpol, han asestado duros golpes contra los traficantes, desmantelando algunas de esas organizaciones, deteniendo a delincuentes, miembros de menor jerarquía, no logran en la mayoría de los casos capturar a los cabecillas de las mismas que, protegidos por inescrupulosos funcionarios policiales y judiciales, logran evadir la acción de la justicia.

Sin embargo, un clima de creciente optimismo prevalece últimamente en medio del contaminado ambiente del comercio de personas, luego de producirse en algunos países de Europa y de Sudamérica, la detención de cabecillas y miembros de bandas dedicadas al tráfico sexual, y de clientes “especiales” que frecuentaban algunos centros de prostitución y de pederastia, que operaban bajo la fachada de instituciones religiosas y fundaciones dedicadas a la protección de infantes.

Los medios se hicieron eco del escándalo generado por esos casos, en los que están involucradas prominentes figuras del espectáculo, la televisión, la iglesia e instituciones vinculadas a los sectores económico, político y social de España, Francia, Argentina, Chile y Portugal, algunos de los cuales han sido detenidos, unos ya condenados y otros sometidos actualmente a juicio.

Entre los casos más notables figura el de la Casa Pía, en Lisboa, una antigua y prestigiosa institución benéfica fundada hace 236 años, consagrada al cuidado y protección de niños huérfanos y sordomudos.

En diciembre de 2004 estalló el escándalo de pederastia que culminó con el arresto de decenas de personas entre ellas, políticos, presentadores de televisión y funcionarios del establecimiento, acusados de violar a miles de los niños allí recluidos.

Otro sombrío capítulo escrito por la pederastia es el del ex cabo nazi Paul Schaeffer, en Chile, un octogenario alemán, fundador hace 45 años de La Casa de la Dignidad, que albergaba a menores, que eran abusados sexualmente por residentes e invitados del delincuente a ese antro de corrupción.

Paradójicamente, Internet, utilizado por los traficantes de mujeres y por pederastas promotores de la pornografía infantil en todo el mundo, se ha devuelto últimamente como un bumeran contra muchos de esos delincuentes, cuyas redes han sido puestas al descubierto mediante la implementación de sofisticados sistemas de detección electrónica utilizados por los cuerpos policiales, que ha permitido la detención de centenares de ellos en EEUU, América Latina, España, Japón y otras naciones.

La guerra contra la prostitución forzada viene igualmente dando exitosos resultados. Han sido allanados gran número de prostíbulos en España, Argentina, Tailandia y EEUU, países donde en los últimos años han sido detenidos miles de traficantes y liberadas otros millares de jóvenes que permanecían secuestradas, mal pagadas y mal alimentadas por los dueños de burdeles, miembros o cómplices de las organizaciones mafiosas que, a pesar de ello, se multiplican cada día, al captar nuevas víctimas e introducirlas a tan lucrativo negocio.

Las mujeres liberadas, la mayoría de ellas enfermas y envejecidas prematuramente, son parte de millones que aun permanecen prisioneras, secuestradas por quienes las arrancaron de sus patrias obligándolas a firmar un “contrato”, una de cuyas cláusulas las compromete a cancelar entre 40.000 y 50.000 mil dólares por concepto del boleto de pasaje, arreglo de documentación, comida y alojamiento, un compromiso que jamás logran honrar, pues la deuda aumenta cada día y a medida que pasa el tiempo muchas de ellas enferman y mueren.

Es el dantesco infierno en que esas mujeres y esos niños viven lo que ha impulsado a la OEA y a los delegados reunidos en Margarita a entregarse por completo a la cruzada iniciada por la ONU y lanzar una guerra sin cuartel sobre las transnacionales de la explotación sexual, dispuestos a triunfar sobre el más bajo y cruel de los delitos que hoy se ensaña contra la juventud femenina y los niños, promesa del mañana y futuro de un región que busca su definitiva independencia a través de la integración económica, política y social.

En consonancia con las prometedoras perspectivas que avizoran, los expertos de la OEA analizarán, entre otros temas, los instrumentos jurídicos internacionales sobre la materia, la prevención y persecución de los delitos y la protección y asistencia a las víctimas de la trata de personas, con el fin de implementar a escala regional una política integral orientada a una eventual reducción de los nefastos efectos del comercio sexual en América Latina y el Caribe.

Según ha podido trascender, los asistentes a la reunión estudiarán los distintos “modus operandi” de las bandas y las formas de combatir sus actividades, como es el caso de la venta de novias por correo electrónico a través de Internet, que consiste en presentar catálogos con fotos de las víctimas, en su mayoría menores de 15 años, quienes una vez escogidas por los compradores son vendidas por sumas que oscilan entre los cinco mil y ocho mil dólares.

De la misma manera, analizarán la posible adopción de medidas legales orientadas a prohibir la publicación en la sección de ofertas de trabajo de avisos clasificados, en diarios de gran circulación, en los que “agentes” de las mafias, utilizándolos como “carnada” solicitan “jóvenes provincianas de buena presencia, entre 18 y 21 años, para servir en casas de familia”, y en otros, en los que ofrecen “empleo bien remunerado a chica con medidas de modelo, para actuar como anfitrionas o damas de compañía de ejecutivos y turistas, con derecho a habitación”.

Evitar que más seres inocentes caigan en las perversas trampas que a diario tienden los traficantes del sexo a miles de niños, adolescentes y jóvenes es el reto que partir de hoy asumen, en Margarita, un grupo de delegados de la OEA, representantes de 34 naciones de América Latina y del Caribe, una región donde un crimen de lesa humanidad se ha convertido en el negocio más lucrativo del planeta, solo superado por las ganancias que generan la industria petrolera y el tráfico de armas y de drogas.

14 marzo, 2006

Primera reunión sobre trata de personas en América



La primera reunión sobre la trata de personas en América comenzará mañana, martes, en la isla venezolana de Margarita bajo el auspicio de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La trata de personas incluye cualquier tipo de explotación de seres humanos, aunque hace énfasis en las mujeres y los niños, y abarca desde casos de esclavitud laboral, abierta o encubierta, hasta la explotación sexual, el comercio de órganos y la compraventa de menores.

El evento, que se denomina "Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Trata de Personas", finalizará el 17 de marzo y servirá para intercambiar experiencias y generar recomendaciones que se considerarán en la próxima asamblea de ministros de Justicia de la OEA.

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, adelantó en la sede de ese organismo que, según fuentes oficiales, "la trata de personas es una actividad criminal de las más brutales que tenemos en nuestro hemisferio" y advirtió que "es un fenómeno que no puede ser resuelto de manera unilateral".

Lilian Aya, jefa de Prevención del Delito del ministerio venezolano del Interior, indicó a EFE que la lucha contra la trata de personas se debe enfocar en tres aspectos.

Por un lado "formar y capacitar" a los funcionarios sobre la manera de detectar y tratar el problema y por otro fortalecer la "investigación policial".

Además, "informar a la colectividad sobre las características de este mal ya que hay mucha desinformación y tolerancia frente a algunas de sus facetas más visibles".

Aya añadió que un aspecto fundamental para complementar esos tres aspectos es que los gobiernos activen programas de promoción social que minimicen la exclusión y reduzcan los niveles de pobreza.

Durante la reunión de Margarita, que será inaugurada por el ministro venezolano de Interior y Justicia, Jesse Chacón, los expertos revisarán si los instrumentos jurídicos internacionales sobre la materia están actualizados.

También evaluarán, según dijeron portavoces de la organización, si son efectivos los actuales sistemas de prevención y la persecución del delito, así como los de protección y asistencia a la víctimas.

El asunto del combate a la trata de personas fue parte del trabajo de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) y recientemente se incorporó a la Subsecretaría de Seguridad Multidimensional de la OEA.

Los organismos internacionales calculan que en el mundo hay entre 800.000 y 2 millones de personas que son víctimas potenciales de la trata de seres humanos.

Coincidiendo con la cita americana en Margarita, la policía venezolana indicó hoy que liberó a 35 haitianos que eran víctimas del tráfico ilegal de personas y detuvo en Caracas a ocho haitianos y cuatro venezolanos como miembros del grupo mafioso que los tenía sometidos.

El comisario Jesús Benavides, jefe de la división de investigación y protección del niño, el adolescente, la mujer y la familia, señaló que en la operación se decomisaron 27 pasaportes de Haití, uno de Venezuela, 12 cédulas de identificación venezolanas, 21 para extranjeros y 9 teléfonos celulares (móviles).

> Caracas/EFE.-

13 marzo, 2006

New York. Negocios con tejidos humanos

Exprimime los huesitos

Cuatro tipos fueron acusados esta semana en Nueva York por robo y tráfico de huesos (y algunos órganos) pertenecientes a más de mil cadáveres... humanos. Según describió la operación el fiscal de Brooklyn Charles Hynes, parece “algo sacado de una película de terror barata”. Aparentemente, el plan criminal no era tan “barato” y los cuatro detenidos llevaban amasados millones de dólares mediante la venta de tejidos óseos y corporales en general a compañías de trasplantes. En muchos casos, los huesos de los cadáveres saqueados eran reemplazados por tubitos de PVC para que no se notara el cambio en los funerales. Todo se estaba haciendo a través de un arreglo con una casa funeraria propiedad de uno de los acusados, un tal Joseph Nicelli. También estaba acusado el ex cirujano dental Michael Mastromarino; él y sus otros cómplices al parecer se dejaban olvidados guantes y otros potenciales elementos útiles como evidencia criminal dentro de los cuerpos antes de coserlos de nuevo.

El ser humano, intocable en todas sus edades

AGUSTÍN GARCÍA-GASCO/


Es imprescindible que los derechos de los niños y niñas sean protegidos y que se articule un verdadero reconocimiento público del valor de la infancia en todos los países. Y además, conviene tomar conciencia de que no son admisibles conductas racistas o violentas que delante de los menores resultan todavía más reprobables por el ejemplo negativo que generan en un ser cuya personalidad está en formación.

No es admisible que en espectáculos deportivos como el fútbol, se tolere la violencia verbal que enaltece el racismo. Tratar a los seres humanos como a los animales es denigrante. Tampoco resulta admisible que algunos medios de comunicación no respeten los horarios infantiles y presenten bajo formato para público infantil programas que promueven la falta de respeto a los demás o actitudes violentas.

En la familia se adquiere el compromiso por proteger y promover los derechos de los niños. Los padres y madres hacen de su vida una donación para el bien de sus hijos. Esta donación y este respeto a la dignidad de los niños, decía Juan Pablo II, “vale respecto de todo niño, pero adquiere una urgencia singular cuando el niño es pequeño y necesita de todo, está enfermo, delicado o es minusválido”.

El adecuado respeto a la dignidad de los niños es una prioridad política para todos los Estados y para la Comunidad Internacional. Las futuras generaciones tomarán de sus padres el múltiple patrimonio de los valores, de los deberes, de las aspiraciones de la nación a la que pertenecen, junto con el de toda la familia humana. La Iglesia advierte que el compromiso por los derechos del niño está amenazado si se extiende en nuestra cultura una triple fractura: la separación entre el niño nacido y el no nacido; entre el sano y el enfermo; entre los derechos del niño y la verdad de la familia.

Las semanas de vida que transcurren desde la concepción, ni añaden ni menguan dignidad en la persona. El ser humano es un ser histórico, y desde el primer momento en que cuenta con un código genético es un proyecto único y singular de vitalidad indelegable e inalienable, que exige por parte de todos consideración y respeto. Burlar la dignidad del ser humano en el inicio de la vida con términos como los de “preembrión”, es una maniobra lingüística en contra de la dignidad del niño y de la niña más vulnerables. Repitámoslo una vez más: todos hemos sido embriones.

La sociedad que trata a un embrión humano como a un embrión de un “cerdo” acabará fomentando actitudes, de forma consciente o inconsciente, en las que dicha confusión llegará a otras etapas de la vida, especialmente las más vulnerables. El tráfico ilegal de órganos humanos o la nueva esclavitud sexual que en pleno siglo XXI sufren en nuestro propio país centenares de mujeres traídas de forma engañosa de otras partes del mundo son realidades aireadas por los medios de comunicación que deben ayudarnos a reflexionar sobre la gravedad de la cuestión. El ser humano es intocable en todas sus edades. No caben fisuras, como no las caben en el casco de un barco. La línea de flotación de la humanidad requiere el respeto absoluto por cada ser humano, en cualquier fase de su desarrollo. Abrid un agujero por pequeño que sea bajo la línea de flotación y el mayor de los buques, pronto o tarde acabará engullido.

La enfermedad ni añade ni resta dignidad al niño. No es lícito ni suprimir al niño o a la niña que en la gestación manifiestan dolencias o enfermedades, ni es lícito generar hijos expuestos a la destrucción para sanar a un hermano. La medicina debe investigar remedios que no supongan poner entre paréntesis la dignidad y el derecho a la vida de ningún niño o niña. Ningún ser humano es dueño de la vida de otro.

Frente a las críticas o extrañas ridiculizaciones a que se quiere someter a la familia, la dignidad de vuestros hijos está garantizada si ponéis en práctica las promesas de amor verdadero que ante Dios y los hombres os disteis el día de vuestra boda. La generosidad del amor compartido y fructífero con ansias de eternidad siempre triunfa. El sentido del ser humano no está en tener sino en amar. Que la presencia de Benedicto XVI entre nosotros nos anime a invitar a todas las familias a que reconozcan la grandeza y la belleza de su ser y de su misión, en el amor mutuo y en la protección de los niños y niñas de todo el mundo.

Carta semanal del Arzobispo de Valencia

Riñones a 600 euros

Riñones a 600 euros
Sergio Rodríguez Sánchez*

1 de julio de 2005

El transplante de órganos es una operación cada vez más común y sencilla. Los riesgos son ya muy reducidos y salva las vidas de muchas personas. Pero encontrar un donante nunca es sencillo, las listas de espera son largas y el tiempo de los pacientes limitado. En tales circunstancias, no es extraño que florezca un mercado negro de tráfico de órganos al que pueden recurrir quienes pueden pagar grandes cantidades de dinero.

Un mercado suculento que las mafias se han apresurado a controlar. La demanda de órganos en los países más desarrollados es cada vez mayor que en el resto, y en la mayoría de ellos el sistema de donaciones está regulado y prohibida tanto la venta como la especulación. Sin embargo, la mayor parte de los compradores provienen de estos países, y recurren a mafias que se abastecen en las zonas más pobres del mundo, como India, China, Mozambique o Sudamérica.

En muchas ocasiones no hace falta recurrir a la extorsión, al asesinato o a las cárceles. Hay zonas en las que vender un riñón es la única forma de conseguir el dinero necesario para sobrevivir. Por ejemplo, en el valle del Hokse, Nepal, dicha práctica se ha convertido en algo tan común que asusta. En algunos pueblos el 15% de la población ha vendido uno de sus riñones. El método es sencillo: se acuerda un precio, se cruza la frontera con India, camino de algún hospital en el que alguien lo suficientemente rico espera un transplante y se lleva a cabo la operación. Pero el regreso no es tan fácil, puesto que una vez completada la venta lo que menos importa es la salud del vendedor, que es “empaquetado” lo antes posible de vuelta a Nepal, sin las atenciones necesarias, para no levantar sospechas. Todo por 50.000 rupias (unos 600 euros). El precio de venta al público se multiplica debido a los intermediarios.

Cantidades insignificantes que, lejos de favorecer al desarrollo de zonas tan pobres, contribuyen a sumirlas más aún en la pobreza. Mientras, las fuerzas de seguridad de los países en los que, como Nepal, el tráfico de órganos es habitual, no hacen nada por remediar la situación. En unos casos tienen otras preocupaciones; en otros el soborno está a la orden del día. Lo mismo ocurre con los gobiernos.

Desde el mundo desarrollado se critican todas estas prácticas, las organizaciones médicas condenan el tráfico de órganos, pero a la hora de la verdad no hay medidas eficaces para erradicarlo. En muchas ocasiones se ocultan estas prácticas y se niega su existencia, pero lo cierto es que no es difícil hacerse con un catálogo de precios ni contactar con alguien que puede conseguir un órgano rápido y sin preguntas. Lo difícil es pagar lo que se pide.

Es necesario actuar para que esta práctica no se extienda. No se puede permitir que se comercie con seres humanos ni con sus órganos. Mantener un control exhaustivo sobre los transplantes de órganos y establecer fuertes sanciones parece una buena medida para comenzar a atajar el problema, que no es de los países empobrecidos, sino de los del Primer Mundo, pues es en ellos donde se crea la necesidad.

El desarrollo de la medicina permite grandes mejoras. Una de ellas es la posibilidad de transplantar un órgano maltrecho. Pero dicho órgano no se puede conseguir de cualquier manera, sino a través de una donación voluntaria, sin recibir nada a cambio. El abastecimiento a través de las mafias, en países del Sur, no sólo es injusto e ilegal, sino también inmoral, pues no se puede poner precio a la vida.


* Periodista

Ecuador. Comisión Anticorrupción acusa a Claudio Mueckay de peculado

Marzo 09, 2006

La Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) reveló hoy un informe en el que establece indicios de peculado en contra del defensor del Pueblo, Claudio Mueckay, y varios de sus ex colaboradores “por emitir disposiciones que deben su facultad, abusando de recursos económicos públicos en beneficio de terceros”, indicó el titular de esta entidad, Ramiro Borja.

Junto a Mueckay están cuestionados los ex directores de Derechos Humanos en Europa, Carlos Guevara y Rita Gortaire. Todos ellos, según Borja, perjudicaron a los familiares de los emigrantes al cobrar las indemnizaciones a su nombre. Además, los acusa de remitir transferencias de dinero para la repatriación de cadáveres de ecuatorianos fallecidos en España, “cuya salida no consta en el listado proporcionado por la Oficina de la Sanidad”.

Paralelamente el Defensor del Pueblo anunció que iniciará un expediente en contra de los comisionados que lo acusan. “Pero a ellos, a los miembros de la Comisión Cívica sí les voy a dar el derecho de la defensa”, dijo.

Por su parte, Ramiro Larrea, vocal de la CCCC, dijo en Ecuavisa que se entregó la denuncia por parte de las organizaciones de Derechos Humanos. “Aquí estaba el señor Hermosilla (Juan Carlos Manzanilla), representante de los emigrantes, de tal suerte que no sé cómo le puede sorprender a Mueckay que nosotros intervengamos porque el primero que debe defender los derechos humanos es él como Defensor del Pueblo".

La CCCC también incluyó una denuncia por supuesto tráfico de órganos de ecuatorianos fallecidos en España, a lo que Mueckay responde que todo es un contubernio en su contra. “¿Qué significa, que las autoridades de salud y todos los controles de sanidad y seguridad han recibido ataúdes vacíos?”, cuestionó.

Células madre del cordón umbilical

José Cervera Gil.
07.03.2006

Las células madre del cordón umbilical (SCU) duran congeladas 15 años o más y hay personas que quieren conservarlas para su hijo o familiar, aunque cueste dinero.
Si las entregaran a un banco público, podrían no tenerlas reservadas para su uso propio, pero el Ministerio de Sanidad sólo autoriza los bancos públicos.

Pienso que los bancos privados de SCU no trafican con órganos ni venden células madre, como prohíbe la ley, sino que reciben dinero por conservar las células madre. Actualmente se conservan unas 20.000 células madre en bancos públicos. Cuantas más se preserven, ya sea en bancos públicos o privados, mejor, pues se podrá curar a más gente. Paradójicamente, el Gobierno autoriza el lucro y negocio de las clínicas de fertilidad o de reproducción asistida privadas, que manipulan embriones humanos.

Es cierto que la donación de gametos a estas clínicas ha de ser gratis por ley, pero se permite una compensación económica al donante por las molestias causadas.

Estas molestias pueden ser más importantes y graves para las donantes de óvulos (dolores severos, fallos renales, riesgos de infertilidad...). Aquí el riesgo de una compensación económica es mayor y, por tanto, de tráfico encubierto.

A esto hay que añadir la última ley de reproducción asistida, redactada para lucro y enriquecimiento de las clínicas privadas. ¿Al servicio de quién está el Gobierno?

Se sigue hablando de los crímenes de Ciudad Juarez sin elucidar

México
Analiza la PGR si Nacif y Marín cometieron delitos de orden federal
Redacción | Publicado el 2006-03-08 03:17:34

Cabeza de Vaca se reunió con diputadas de las comisiones de Equidad y Género y Especial de Feminicidios

México, DF 7 Marzo.- Ante diputadas de las Comisiones Unidas de Equidad y Género y Especial de Feminicidios, el Procurador General de la República, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, dijo que la Procuraduría analiza si el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres y el empresario Kamel Nacif cometieron delitos del fuero federal.

“De ninguna manera es reconocer por anticipado que no hay delitos cuando ni siquiera hemos hecho una investigación; por supuesto que la vamos a hacer, y dos fiscalías: en el Área de Atención a Periodistas y en el Área de Delitos Cometidos en Contra de las Mujeres; ahí trataremos los resultados que se den”, agregó....

Durante la reunión de trabajo, la presidenta de la Comisión Especial de Feminicidios, Marcela Lagarde y de los Ríos (PRD) precisó que “nuestro país es conocido no sólo por los homicidios de Ciudad Juárez, sino también por los asesinatos de mujeres en otros municipios de las entidades federativas”; por ello, dijo, es impostergable la creación por parte del Estado de una política integral y eficaz para erradicar la violencia de género....

De igual manera, señaló, la demanda más sentida y urgente es resolver lo que tiene que ver con el riesgo para la vida de las mujeres. Asimismo, resaltó, hay muchas cosas positivas en el diálogo que se ha tenido en la Cámara de Diputados con la PGR, entre las que destacó la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos Violentos Contra Mujeres, que tiene como encargo la procuración de justicia en todo el territorio......

Respecto a esto, pidió al Procurador una explicación para saber si la PGR está dispuesta a atraer las investigaciones para restablecer el Estado de derecho “e investigar los delitos que ha denunciado la periodista: las redes de explotación sexual infantil.

En su intervención, la diputada María Elena Orantes (PRI) manifestó su preocupación por la situación que se vive en el Estado de Chiapas, pues dijo, existe una enorme inseguridad y no cuenta con las medidas precautorias. Advirtió también que se han detectado casos de tráfico de órganos y numerosas muertes de mujeres.

Blanca Gámez Gutiérrez, del Partido Acción Nacional, recordó que Amnistía Internacional declaró que lo acontecido en Ciudad Juárez es un modelo de intolerable negligencia.

Beatriz Mojica Morga, del PRD, presidenta del Grupo de Trabajo para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, cuestionó respecto a las investigaciones de la periodista Lydia Cacho y los asuntos de pederastia...

También, recordó, es necesario que la Procuraduría investigue el caso del gobernador poblano, Mario Marín y el empresario Kamel Nacif, para determinar si ambos cometieron delitos federales, “que desde nuestra perspectiva sí incurrieron en ello”....

El abogado de la nación reconoció que de acuerdo al informe entregado por la Fiscalía Especializada en Delitos Violentos Contra Mujeres el pasado 16 de febrero, en éste no hay un enfoque de género. “Este informe no es una resolución final al caso, sino es un documento de trabajo que permitirá continuar con las investigaciones” a la dependencia a su cargo. “El espíritu del informe no es minimizar la violencia que se da en Ciudad Juárez”, destacó. Cabeza de Vaca aseguró que no se pueden aminorar las agresiones hacia las mujeres, y afirmó que “el verdadero problema de Juárez es la impunidad, que debemos de atacar y resolver” para sancionar a los responsables.

11 marzo, 2006

Anomalías en la traída de cuerpos




Redacción Judicial

Cuando Claudio Mueckay se postuló al cargo de Defensor del Pueblo, en junio del 2005, anexó a su carpeta el respaldo que “La Casa del Ecuador en España” le dio el 31 de enero del 2003. Ese día, Silvia Cachago Acosta envió una carta a la Presidencia del Congreso con el apoyo de su institución a la candidatura de Mueckay.

Cachago es la presidenta de “La Casa del Ecuador en España”. Su esposo, Carlos Guevara Coello, es el secretario. Sin embargo, el 22 de abril del 2002, Guevara asumió una delegación de la Defensoría del Pueblo. Mueckay, quien entre el 2000 y el 2005 fungió como defensor subrogante, tras la destitución del titular Milton Álava, lo nombró director de Derechos Humanos en Europa.

Según la Comisión Anticorrupción, ese fue el inicio de una secuencia de irregularidades, que ahora apuntan a Mueckay como presunto autor de peculado y a Guevara como supuesto responsable de enriquecimiento ilícito y estafa, todo alrededor de la repatriación de emigrantes fallecidos en el viejo continente.

Repatriaciones anómalas

Una de las tareas esenciales del Director de DD.HH. en Europa fue tramitar la repatriación de los emigrantes fallecidos. Anticorrupción, que investigó el caso durante siete meses, determinó que los pagos efectuados por al menos 29 traslados de cuerpos a Ecuador no se facturaron, por lo que se presume peculado (ver tabulado). De hecho, entre mayo del 2002 y diciembre del 2003 no se justificó el uso de más de 80 000 dólares.

El 26 de octubre del 2005, el jefe de Pagaduría de la Defensoría, Rolando Pozo, reconoció (memo 203-JP-05): “No hay facturas de esas repatriaciones”.

Anticorrupción, que ayer hizo público su informe, determinó además que la Defensoría del Pueblo usó recursos para repatriar a un número de fallecidos mayor al reportado por la Dirección del Área Funcional de Sanidad de Madrid. Esa oficina es la delegación del Gobierno de Madrid que otorga los permisos para la repatriación de muertos.

“Hay más cadáveres por los que la Defensoría pagó su repatriación, que los que salieron de Madrid”. En España, los investigadores de Anticorrupción determinaron que no se registró la salida de 26 fallecidos que la Defensoría asegura repatrió entre el 2002 y el 2005. Se indaga si Guevara, destituido el 31 de julio del 2003, operó en el 2004 en EE.UU.

Estafa a los familiares

Si la presunción de Anticorrupción se confirma, Carlos Guevara fue un personaje siniestro. Durante su gestión como director de DD.HH. en Europa, por nombramiento de Mueckay, Guevara estafó a los deudos que perdieron a familiares y no sabían cómo tramitar las indemnizaciones de seguro por muerte en España.

Según la indagación, los deudos otorgaban un poder a Guevara para que tramite y cobre las indemnizaciones a su nombre.

Entre los afectados están José Floresmilo Jiménez y María Aurora Jiménez, padres de Héctor Jiménez, fallecido en un accidente de tránsito en Madrid, el 17 de agosto del 2002. Dos días después, concedieron el poder especial a Guevara, quien se ofreció a ayudarles a cobrar el seguro.

José Jiménez se acercó a la Defensoría del Pueblo en Loja, en el 2002, para intentar tramitar la indemnización. Buscaba pagar la deuda por el viaje de su hijo.

En su denuncia dice: “Al haber muerto nuestro hijo no tenemos cómo pagar la deuda y los intereses. Somos personas pobres, no tenemos bienes y somos enfamiliados”. De él dependen siete hijos.

El Juzgado de primera instancia 5o. de Madrid dictó sentencia y dispuso se entregue a los padres 66 203 euros.
Según Anticorrupción, Guevara cobró la póliza y, hasta febrero del 2006, no transfirió ni un centavo a la familia.

Pero no es el único caso. Alonso Calderón Armas murió el 11 de octubre del 2002 en un accidente de tránsito en Cadreita. Sus padres también dieron un poder a Guevara. Debían recibir 16 174 euros. En el proceso, en el Juzgado de Instrucción 4o. de Madrid, hay un escrito en el cual Guevara reconoce que cobró la póliza. Recién en febrero de este año, luego de que se inició una causa en Madrid, el ex funcionario devolvió 13 994 euros. Se quedó con 2 278 euros -según él- por honorarios.

“Guevara tenía a su favor 35 poderes de familias de víctimas fallecidas. El promedio de indemnizaciones es 85 000 euros por cada uno, que no ha sido entregado”.

También se presume que participó en un posible tráfico de órganos. Al parecer, convenció a los familiares de Jorge Victoriano Silva y de Emma Murillo Quezada de que un mecanismo para conseguir recursos y financiar parte de la repatriación de los cuerpos a Ecuador era la venta de sus órganos. Eso pese a que en España se prohíbe comercializar órganos humanos; las donaciones son voluntarias, altruistas y gratuitas. Se indaga si Guevara hizo lo mismo con el cuerpo de Nancy Benavides, que fue cremado.

Nunca hubo piso legal

La historia se remonta al 16 de febrero del 2001, cuando se firmó un convenio de cooperación entre la Cancillería, la Defensoría del Pueblo y la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (Aldhu).

Según ese acuerdo, se crearían comités de defensa en los países con mayor índice de emigrantes ecuatorianos. Mueckay se basó en ese convenio para nombrar a Rita Gortaire como directora de DD.HH. en Europa, el 30 de agosto del 2001. Luego la removió, en marzo del 2002, y en abril posesionó a Carlos Guevara.

En esas acciones -señala Anticorrupción- “Mueckay se excedió de sus atribuciones”. El 9 de enero del 2006, la Cancillería dejó sin piso al Defensor del Pueblo. Dijo: “El convenio entró en vigencia desde su publicación en el Registro Oficial, el 6 de julio del 2005. No ha tenido aplicación antes”.

La Cancillería precisó que le corresponde, a través de sus oficinas y misiones diplomáticas, la protección de los intereses de los ciudadanos ecuatorianos migrantes.

Mueckay se defiende, una hora antes del informe...

Ayer en la Comisión Anticorrupción. Ramiro Larrea (izq.), Ramiro Borja y Henry Calle presentaron la denuncia contra Mueckay. Foto: EL COMERCIO
Una hora antes de que en la Comisión Anticorrupción se leyera el informe en su contra, el cuestionado defensor del Pueblo, Claudio Mueckay, abrió el paraguas. Convocó a una rueda de prensa en la cual aseguró que el informe en su contra “carece de veracidad”.

“Ese informe es ilegítimo. No se me permitió el derecho a la defensa y se violentó el debido proceso. Esa investigación pretende afectar mi dignidad”. Según Mueckay, pidió ser recibido en la CCCC para dar su versión, pero nunca fue escuchado. Sin embargo, en Anticorrupción aseguraron que fue recibido en tres ocasiones.

Mueckay afirmó que existen informes realizados por la Contraloría que no señalan indicios de responsabilidad en su contra. “Nunca hubo exceso de atribuciones ni peculado”.

“Repatriamos 500 cadáveres en los últimos cuatro años. De ellos, sólo hemos cancelado los gastos de 200. El precio de los ataúdes fluctúa entre los 1 500 y 3000 euros, según el país. Todo el dinero salió de las partidas establecidas por el Ministerio de Economía”.

A criterio del Defensor, todo se debe a retaliaciones de grupos de DD.HH., cuya cabeza visible es el comisionado Ramiro Larrea. Según Mueckay, la verdadera intención es deslegitimarlo como Defensor, pues ellos apoyaron la candidatura de Patricio Pazmiño, su contendor en la elección de esa dignidad en el Congreso.

Además, declaró que abrió un expediente contra sus investigadores de Anticorrupción, “por irrespetar las normas del debido proceso y por querer frenar los programas de asistencia de la Defensoría”. Mueckay, quien lleva seis años al frente de la dependencia, afirmó que se reunirá con los familiares de los emigrantes fallecidos el miércoles.

Ecuador, sábado 11 de marzo del 2006
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