11 marzo, 2006

Anomalías en la traída de cuerpos




Redacción Judicial

Cuando Claudio Mueckay se postuló al cargo de Defensor del Pueblo, en junio del 2005, anexó a su carpeta el respaldo que “La Casa del Ecuador en España” le dio el 31 de enero del 2003. Ese día, Silvia Cachago Acosta envió una carta a la Presidencia del Congreso con el apoyo de su institución a la candidatura de Mueckay.

Cachago es la presidenta de “La Casa del Ecuador en España”. Su esposo, Carlos Guevara Coello, es el secretario. Sin embargo, el 22 de abril del 2002, Guevara asumió una delegación de la Defensoría del Pueblo. Mueckay, quien entre el 2000 y el 2005 fungió como defensor subrogante, tras la destitución del titular Milton Álava, lo nombró director de Derechos Humanos en Europa.

Según la Comisión Anticorrupción, ese fue el inicio de una secuencia de irregularidades, que ahora apuntan a Mueckay como presunto autor de peculado y a Guevara como supuesto responsable de enriquecimiento ilícito y estafa, todo alrededor de la repatriación de emigrantes fallecidos en el viejo continente.

Repatriaciones anómalas

Una de las tareas esenciales del Director de DD.HH. en Europa fue tramitar la repatriación de los emigrantes fallecidos. Anticorrupción, que investigó el caso durante siete meses, determinó que los pagos efectuados por al menos 29 traslados de cuerpos a Ecuador no se facturaron, por lo que se presume peculado (ver tabulado). De hecho, entre mayo del 2002 y diciembre del 2003 no se justificó el uso de más de 80 000 dólares.

El 26 de octubre del 2005, el jefe de Pagaduría de la Defensoría, Rolando Pozo, reconoció (memo 203-JP-05): “No hay facturas de esas repatriaciones”.

Anticorrupción, que ayer hizo público su informe, determinó además que la Defensoría del Pueblo usó recursos para repatriar a un número de fallecidos mayor al reportado por la Dirección del Área Funcional de Sanidad de Madrid. Esa oficina es la delegación del Gobierno de Madrid que otorga los permisos para la repatriación de muertos.

“Hay más cadáveres por los que la Defensoría pagó su repatriación, que los que salieron de Madrid”. En España, los investigadores de Anticorrupción determinaron que no se registró la salida de 26 fallecidos que la Defensoría asegura repatrió entre el 2002 y el 2005. Se indaga si Guevara, destituido el 31 de julio del 2003, operó en el 2004 en EE.UU.

Estafa a los familiares

Si la presunción de Anticorrupción se confirma, Carlos Guevara fue un personaje siniestro. Durante su gestión como director de DD.HH. en Europa, por nombramiento de Mueckay, Guevara estafó a los deudos que perdieron a familiares y no sabían cómo tramitar las indemnizaciones de seguro por muerte en España.

Según la indagación, los deudos otorgaban un poder a Guevara para que tramite y cobre las indemnizaciones a su nombre.

Entre los afectados están José Floresmilo Jiménez y María Aurora Jiménez, padres de Héctor Jiménez, fallecido en un accidente de tránsito en Madrid, el 17 de agosto del 2002. Dos días después, concedieron el poder especial a Guevara, quien se ofreció a ayudarles a cobrar el seguro.

José Jiménez se acercó a la Defensoría del Pueblo en Loja, en el 2002, para intentar tramitar la indemnización. Buscaba pagar la deuda por el viaje de su hijo.

En su denuncia dice: “Al haber muerto nuestro hijo no tenemos cómo pagar la deuda y los intereses. Somos personas pobres, no tenemos bienes y somos enfamiliados”. De él dependen siete hijos.

El Juzgado de primera instancia 5o. de Madrid dictó sentencia y dispuso se entregue a los padres 66 203 euros.
Según Anticorrupción, Guevara cobró la póliza y, hasta febrero del 2006, no transfirió ni un centavo a la familia.

Pero no es el único caso. Alonso Calderón Armas murió el 11 de octubre del 2002 en un accidente de tránsito en Cadreita. Sus padres también dieron un poder a Guevara. Debían recibir 16 174 euros. En el proceso, en el Juzgado de Instrucción 4o. de Madrid, hay un escrito en el cual Guevara reconoce que cobró la póliza. Recién en febrero de este año, luego de que se inició una causa en Madrid, el ex funcionario devolvió 13 994 euros. Se quedó con 2 278 euros -según él- por honorarios.

“Guevara tenía a su favor 35 poderes de familias de víctimas fallecidas. El promedio de indemnizaciones es 85 000 euros por cada uno, que no ha sido entregado”.

También se presume que participó en un posible tráfico de órganos. Al parecer, convenció a los familiares de Jorge Victoriano Silva y de Emma Murillo Quezada de que un mecanismo para conseguir recursos y financiar parte de la repatriación de los cuerpos a Ecuador era la venta de sus órganos. Eso pese a que en España se prohíbe comercializar órganos humanos; las donaciones son voluntarias, altruistas y gratuitas. Se indaga si Guevara hizo lo mismo con el cuerpo de Nancy Benavides, que fue cremado.

Nunca hubo piso legal

La historia se remonta al 16 de febrero del 2001, cuando se firmó un convenio de cooperación entre la Cancillería, la Defensoría del Pueblo y la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (Aldhu).

Según ese acuerdo, se crearían comités de defensa en los países con mayor índice de emigrantes ecuatorianos. Mueckay se basó en ese convenio para nombrar a Rita Gortaire como directora de DD.HH. en Europa, el 30 de agosto del 2001. Luego la removió, en marzo del 2002, y en abril posesionó a Carlos Guevara.

En esas acciones -señala Anticorrupción- “Mueckay se excedió de sus atribuciones”. El 9 de enero del 2006, la Cancillería dejó sin piso al Defensor del Pueblo. Dijo: “El convenio entró en vigencia desde su publicación en el Registro Oficial, el 6 de julio del 2005. No ha tenido aplicación antes”.

La Cancillería precisó que le corresponde, a través de sus oficinas y misiones diplomáticas, la protección de los intereses de los ciudadanos ecuatorianos migrantes.

Mueckay se defiende, una hora antes del informe...

Ayer en la Comisión Anticorrupción. Ramiro Larrea (izq.), Ramiro Borja y Henry Calle presentaron la denuncia contra Mueckay. Foto: EL COMERCIO
Una hora antes de que en la Comisión Anticorrupción se leyera el informe en su contra, el cuestionado defensor del Pueblo, Claudio Mueckay, abrió el paraguas. Convocó a una rueda de prensa en la cual aseguró que el informe en su contra “carece de veracidad”.

“Ese informe es ilegítimo. No se me permitió el derecho a la defensa y se violentó el debido proceso. Esa investigación pretende afectar mi dignidad”. Según Mueckay, pidió ser recibido en la CCCC para dar su versión, pero nunca fue escuchado. Sin embargo, en Anticorrupción aseguraron que fue recibido en tres ocasiones.

Mueckay afirmó que existen informes realizados por la Contraloría que no señalan indicios de responsabilidad en su contra. “Nunca hubo exceso de atribuciones ni peculado”.

“Repatriamos 500 cadáveres en los últimos cuatro años. De ellos, sólo hemos cancelado los gastos de 200. El precio de los ataúdes fluctúa entre los 1 500 y 3000 euros, según el país. Todo el dinero salió de las partidas establecidas por el Ministerio de Economía”.

A criterio del Defensor, todo se debe a retaliaciones de grupos de DD.HH., cuya cabeza visible es el comisionado Ramiro Larrea. Según Mueckay, la verdadera intención es deslegitimarlo como Defensor, pues ellos apoyaron la candidatura de Patricio Pazmiño, su contendor en la elección de esa dignidad en el Congreso.

Además, declaró que abrió un expediente contra sus investigadores de Anticorrupción, “por irrespetar las normas del debido proceso y por querer frenar los programas de asistencia de la Defensoría”. Mueckay, quien lleva seis años al frente de la dependencia, afirmó que se reunirá con los familiares de los emigrantes fallecidos el miércoles.

Ecuador, sábado 11 de marzo del 2006
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