El diputado provincial Orlando Antonio Schuster (UCR) solicitó que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos arbitre los medios necesarios a fin de prevenir el crecimiento del tráfico de niños, expuesto actualmente en diversos medios de prensa.
Schuster en sus fundamentos explicó “que desde las Naciones Unidas definen al Tráfico Internacional ilícito de niños o niñas como cualquier acto realizado o a realizarse, que tuviere propósito o fin ilícito, a ejecutarse en un Estado que de la residencia habitual del niño o niña, ejecutado por una organización criminal, que en forma colectiva o por cualquiera de sus miembros implique: promover, facilitar, concertar el secuestro, retención u ocultamiento de un niño o niña, con o sin su consentimiento, con o sin ánimo de lucro, ocasional o reiteradamente; u ofrecer, entregar, recibir o intermediar entre esos actos, un niño o niña a cambio de dinero o cualquier otra contraprestación en especie.
La Convención sobre los Derechos del Niño manifiesta que los estados partes se comprometen a tomar todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma.
La Convención sobre los Derechos del Niño manifiesta que los estados partes se comprometen a tomar todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma.
De acuerdo con el último informe de UNICEF, cerca de 1.200.000 niños traficados cada año en el mundo es un negocio que deja 10.000 millones de dólares en ganancia”, subrayó.
El legislador dijo que en el caso de los varones el motivo principal es su utilización como mano de obra barata y en el de las mujeres, la explotación sexual. En el caso de los bebés el principal motivo del tráfico es la adopción ilegal. Ante el deseo de tener un hijo la gente subestima la gravedad de la situación. El tráfico con fines de adopción deja importantes ganancias a los intermediarios: médicos, abogados, jueces y mediadores.
Este es un fenómeno que crece y preocupa cada vez más a los gobiernos de América Latina. En Argentina, anualmente son declaradas unas 900 desapariciones de niños y niñas. Entre los motivos figuran la fuga, el secuestro por parte de uno de los progenitores, la venta en el marco de las adopciones ilegales, y la sustracción directa para venta, prostitución o tráfico de órganos. Sin duda que la desesperación de los más humildes es una inagotable fuente de ingresos para las mafias que se dedican al tráfico de personas.
Schuster también comentó “que la situación de empobrecimiento en la cual estamos inmersos los países Latinoamericanos hace que los habitantes sean cada vez más vulnerables. Si bien en la Argentina predomina la venta de bebes para el mercado interno, también se han registrado casos de adopciones internacionales. El tráfico internacional se da primordialmente en nuestra provincia, y especialmente, en zonas fronterizas con Paraguay y Brasil.
Según una investigación llevada a cabo por la organización Defensa de los Niños Internacional (DNI), con sede central en Ginebra, las provincias Argentinas de Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe son, además de Misiones, las principales "proveedoras" de niños.
De acuerdo con dicho informe los argentinos que adoptan niños ilegalmente dentro del país suelen ser matrimonios de clase media, profesionales, empresarios o comerciantes. Los extranjeros, por su parte, vienen de Estados Unidos, Francia, Alemania, Noruega, Suiza e Italia”, recalcó.
El legislador al finalizar manifestó “que el Departamento de Prevención de Violencia Familiar del Ministerio de Bienestar Social de Misiones, informó que las denuncias sobre tráfico de niños `van en aumento´ y que según testimonios de detenidos en causas de tráfico de bebes, en esta provincia `Misiones´, conseguir un niño traído de Paraguay e inscripto en los registros argentinos como propio, cuesta entre 1.500 y 5.000 dólares. Si se trata de una venta al extranjero con fines de extracción de órganos, el monto puede trepar hasta los 20.000 dólares”, finalizó.
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