Ecuador - El Defensor del Pueblo irá a juicio político

Quito, 17 de Marzo.- Los diputados Carlos González Albornoz (ID) y Ricardo Ulcuango (Pachakutik) dieron a conocer en las próximas horas oficializarán el llamado a juicio político al Defensor del Pueblo, Claudio Mueckay Arcos, bajo las acusaciones de peculado, tráfico de órganos e irregular manejo de pólizas.

Para tal efecto, la Asociación Rumiñahui Hispano-Ecuatoriana y la Cámara Mundial de Migrantes hicieron público su respaldo a ese proceso político, como mecanismo para destituir al Defensor del Pueblo, en razón de las graves inculpaciones hechas en su contra por la Comisión de Control Cívico de la Corrupción.


Ambas organizaciones pidieron que la Fiscalía que dicte orden de prisión preventiva para los funcionarios implicados en estos actos de corrupción, entre ellos, Maximiliano Donoso, quien habría participado en el desvío de re-cursos del Fondo del Migrante.

El diputado Carlos González dijo que el 16 de febrero del 2001 se firmó un acuerdo entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo para instalar oficinas a favor de los migrantes en diferentes países de América y Europa.

Sin embargo, ese convenio nunca se llevó a la práctica, más aún cuando no había partida presupuestaria alguna en el Ministerio de Economía que avalice la contratación de funcionarios públicos de la Defensoría en otros países.

No obstante, Mueckay, por su cuenta y riesgo, procedió a contratar a defensores en Europa y Estados Unidos, incurriendo en el delito de malversación de fondos y, como tal, peculado, lo que está claramente definido en el artículo 257 del Código Penal. Afirmó que los funcionarios nombrados en España comenzaron a realizar las repatriaciones de cadáveres de compatriotas, en cuyos trámites no constaban las facturas originales.

La Defensoría gastó 83.505 dólares en estos trámites de repatriaciones sin que sea entregada una sola factura original, añadió. González agregó que lo más grave es lo relacionado con los valores de seguros por muerte en España, que fueron cobrados, pero no entregados a los legítimos beneficiarios.

Los migrantes en-tregaron un poder para que el Defensor del Pueblo en España cobre las indemnizaciones y seguros, pero los recursos jamás fueron a manos de los familiares de las víctimas.

Además, aseguró que se ha comprobado que hospitales de España pagaban 1.600 dólares para que en esos centros queden órganos (hígados, riñones, pulmones) de migrantes ecuatorianos fallecidos, llegando al extremo de descontar ese valor de los gastos efectuados en la funeraria y en el cobro de las indemnizaciones.

Las pruebas son suficientes, evidentes y contundentes para enjuiciar y destituir a Claudio Mueckay, dijo Ricardo Ulcuango, al tiempo de invitar a la ciudadanía, las organizaciones de migrantes y de derechos humanos para que participen activamente en este proceso, a fin de que impere la justicia y evitar que estos graves actos de inmoralidad queden en la impunidad.