'Aprovecharon' tragedia autores, partidos, medios de comunicación, ONGs y gobiernos
Gabriela Minjáres/Sandra Rodríguez
Lunes, 05 de Junio de 2006
Una leyenda negra se construyó sobre Ciudad Juárez en la última década, causándole un daño difícil de reparar a su imagen y a su sociedad, basada en especulaciones, exageraciones, mitos e información errónea en torno al fenómeno de los crímenes de mujeres, que rebasaron las fronteras del estado y del país.
Entre las fábulas que fueron creando esa leyenda están, por ejemplo, que Juárez es la ciudad del país y del mundo donde se registran más asesinatos de mujeres, cometidos por numerosos asesinos seriales que todavía anda sueltos; que más de cuatro mil muchachas están desaparecidas; que los órganos de las muertas se utilizan para traficar con ellos; que en esta frontera el género femenino no puede salir a la calle sin ser agredido, entre otras deformaciones.
Lo anterior no significa que no se hayan registrado, de 1993 en adelante, más de 300 asesinatos de mujeres en la región, lo cual ya de por sí es lamentable, pero no en las circunstancias ni con las exageraciones que se han ido propalando desde que comenzaron a aparecer los crímenes de género.
En ese sentido, la Procuraduría General de la República (PGR), que intervino tarde e incluso basó en su momento algunas de sus hipótesis en mitos generados por la desinformación (como el del tráfico de órganos de las víctimas), acaba de emitir en enero pasado un informe último de la fiscalía creada especialmente para el asunto, en el que finalmente una autoridad sintetiza por escrito lo que la mayoría de los juarenses han percibido desde el principio: "Si bien la pérdida de una sola vida de las mujeres victimadas es suficiente para causar indignación y rechazo por parte de la sociedad, también es cierto que con cifras y pruebas se demuestra que, en los últimos años, se ha generado una percepción diferente a la realidad, creándose un círculo vicioso de hechos, impunidad y especulación que ha afectado principalmente a la sociedad juarense", dice el documento de la PGR.
En esta percepción errada sobre un problema que sí existía, pero que se sobredimensionó y se extendió a nivel mundial sobre Juárez, una buena dosis de responsabilidad recae en el manejo desproporcionado, pero tendencioso, que incluso medios locales hicieron sobre esta realidad, impulsados por motivos comerciales y hasta personales.
Los respectivos gobiernos, tanto federales como estatales y municipales, tampoco estuvieron a la altura para evitar que esta leyenda se expandiera, no atendieron con prontitud a la complejidad del problema, e incluso está documentada la negligencia en la procuración de justicia solapada por estas autoridades.
Asimismo, esta realidad distorsionada fue estimulada también por la resultante aparición de organizaciones no gubernamentales que, en busca del lucro, incrementaron esa percepción ante el escaparate nacional e internacional con tal de medrar con el problema de las mujeres muertas.
Como consecuencia, una avalancha de trabajos sobre el tema sobredimensionado comenzó a desprenderse, al grado de que desde "Las Muertas de Juárez", el primer libro que se publicó sobre el tema, en 1999, hasta "He visto al Diablo de Frente: los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez", que este año salió a la venta en Europa, sobre el caso se han publicado al menos 67 obras.
Entre éstas, una búsqueda en la red de información arrojó siete performances, siete obras plásticas, unos 18 trabajos literarios, 12 obras de teatro, nueve cintas y videos documentales, 14 canciones e infinidad de reportajes de diversos países del mundo.
Empiezan los mitos por desatención oficial La leyenda negra de los crímenes de mujeres ha impactado durante los últimos trece años a la sociedad juarense, así como en los tres niveles de gobierno a tres administraciones federales de distinto origen partidista: la de Carlos Salinas de Gortari, la de Ernesto Zedillo Ponce de León y la de Vicente Fox Quesada.
Las dos primeras permanecieron prácticamente al margen, en tanto que la de Fox Quesada tuvo que intervenir hace tres años por la presión nacional e internacional de la opinión pública, cilindreada más que todo por tanto mito que circulaba en torno al fenómeno en el país y en el extranjero.
Asimismo, a tres gobiernos estatales encabezados por el panista Francisco Barrio Terrazas y los priístas Patricio Martínez García y José Reyes Baeza Terrazas.
Los dos primeros, en cuyas administraciones se registró con más fuerza el problema de los asesinatos de mujeres y se originó esta leyenda negra sobre Ciudad Juárez, se enfrascaron en batallas de cifras para ver en qué sexenio habían ocurrido más víctimas.
Mientras que en el ámbito local han pasado seis administraciones municipales, cuatro encabezadas por el Partido Acción Nacional, más una provisional y la actual del Partido Revolucionario Institucional.
Fue en el sexenio de Francisco Barrio (1992-1998) cuando empieza a documentarse este problema y a cobrar relevancia nacional con el informe que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En la recomendación 44/98 emitida por la CNDH el 15 de mayo de 1998 en respuesta a una queja de una diputada federal, se establece que existen múltiples deficiencias en la integración de las averiguaciones previas y que en la mayoría existe dilación en la procuración de justicia.
Hay que recordar que los asesinatos de mujeres desde el punto de vista judicial pertenecen al ámbito del fuero común, es decir, corresponde a la Procuraduría de Justicia estatal su investigación y consignación.
De allí que la CNDH pidió que se abriera una investigación para determinar las responsabilidades administrativas y/o penales en las que pudieron haber incurrido Arturo Chávez Chávez, entonces Procurador General de Justicia en el Estado de Chihuahua, así como otros servidores bajo las órdenes del subprocurador en la Zona Norte, Jorge López Molinar.
Esta situación comenzó a generar desde entonces informaciones erradas en torno al fenómeno de los crímenes de mujeres, que fueron creciendo como una bola de nieve en alud sin que pocos se preocuparan por precisarlas.
Así, en respuesta a la recomendación de la CNDH, la autoridad estatal descalificó el trabajo realizado por la Comisión encabezada por Mireille Roccatti, pues consideró que se trató de una "visión parcial que condujo a conclusiones y afirmaciones erróneas, o incluso carentes del suficiente fundamento, motivación y objetividad".
Lo anterior consta en el último informe de gobierno de Barrio, en donde además se advierte que no se haría caso a la recomendación de fijar responsabilidades a los servidores públicos.
Y es que Barrio prefería culpar a los medios de comunicación masiva de la violencia que se presentaba en el estado porque "mal educaban" a la población y provocaban la "pérdida gradual de valores morales" en la sociedad.
Además, ante el reclamo de las madres de mujeres muertas y desaparecidas, llegó a decir que al Estado no le competía prevenir la comisión de delitos, sino la investigación cuando se dan, por lo que se negaba a crear una fiscalía especial para la investigación de los crímenes "porque no servían".
No fue hasta enero de 1998, en el último año de su gobierno, cuando aceptó y nombró a María Antonieta Esparza como titular de una fiscalía, aunque consideraba que los crímenes constituían un porcentaje que podía ser considerado "normal".
Mientras que otras autoridades de alto rango de su gobierno atribuyeron los homicidios al hecho de que las víctimas utilizaban minifaldas, salían de bailes, caminaban por sitios oscuros, eran "fáciles" o prostitutas.
Además, según documenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en uno de sus reportes, existen informes de que la respuesta de las autoridades de entonces frente a los familiares de las víctimas osciló entre la indiferencia y la hostilidad.
Uno de los casos más emblemáticos en la administración de Francisco Barrio Terrazas fue el homicidio de la niña Cinthia Rocío Acosta Alvarado ocurrido en febrero de 1997.
En respuesta al clamor y las presiones de la ciudadanía por resolver el asesinato de la pequeña de 10 años que permaneció extraviada un mes, las autoridades argumentaron falta de atención hacia Cinthia.
Incluso, las autoridades dieron a conocer que los estudios periciales realizados al cuerpo de la niña arrojaron que la menor estaba descuidada físicamente, toda vez que presentó descalcificación en los huesos debido a una deficiente alimentación y caries severa en su dentadura.
Por ello es que al desestimar los señalamientos que en su momento le hicieron, ocho años después continúan los pronunciamientos en contra de funcionarios que participaron en su administración.
Muestra de ello es el caso de Arturo Chávez Chávez, actual subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, a quien por sus antecedentes en el caso de los crímenes de mujeres diversos organismos y autoridades han solicitado su destitución.
También fue durante la administración de Francisco Barrio que, en opinión de las autoridades estatales, operó el primer "asesino en serie" en esta frontera, aunque judicialmente nunca se le pudo comprobar ese estatus.
Según establecieron los investigadores de esa época, el egipcio Abdel Latif Sharif Sharif victimó a seis jóvenes mujeres en el Lote Bravo, pero se le ha acusado penalmente por uno solo caso.
En la mayoría de los procesos que se le siguieron a Sharif logró sentencias absolutorias porque no se le acreditaron de manera contundente la autoría o participación en los crímenes.
El único proceso en el que se pudo sustentar la participación de Sharif fue el que se le siguió por la muerte de Elizabeth Castro García en 1995, caso por el que recibió una sentencia condenatoria de 30 años de prisión.
Las autoridades policiacas lo señalaban como multiasesino porque aseguraban que desde prisión financiaba a grupos criminales para que cometieran homicidios sexuales de mujeres con la finalidad de ser exculpado, aunque nunca pudieron comprobárselo.
Sharif, quien desde su detención en 1995 afirmó que era un 'chivo expiatorio', falleció el jueves pasado en el penal de la ciudad de Chihuahua sin poder probar su inocencia, pero tampoco la autoridad su responsabilidad en todos los casos.
El grupo criminal al que supuestamente pagó Sharif para continuar con la saga criminal era "Los Rebeldes", banda que fue señalada como la autora de siete asesinatos de mujeres localizadas en Lomas de Poleo, cuyos homicidios tenían características similares a las localizadas en el Lote Bravo.
Diez integrantes de este grupo fueron detenidos en un aparatoso operativo policiaco realizado en el centro de la ciudad el 14 de abril de 1996.
De los detenidos, cuatro salieron libres porque no se encontraron pruebas de su participación en los homicidios y porque eran menores de edad.
A los otros seis se les dictó sentencia en 2005 de 24 a 40 años, pero al apelar este año la defensa, a uno de ellos se le absolvió y a otros se les redujo la condena.
Entre la complejidad, el escándalo y el interés comercial Sin embargo, aunque la recomendación emitida por la CNDH en 1998 fue la primera, no fue la única, ya que a lo largo de estos años organismos nacionales e internaciones de protección a los derechos humanos han realizado diversos informes en los que coinciden sobre la complejidad del problema, la negligencia en la procuración de justicia y la reacción tardía del Gobierno Federal.
Prueba de la complejidad de este problema es que ni con el relevo de autoridades en el gobierno estatal, del panista Francisco Barrio al priísta Patricio Martínez, los crímenes pudieron frenarse ni la procuración de la justicia avanzar.
En cambio, el asunto de los crímenes de género pasó de los mitos generados por lo errado del tratamiento judicial -que siguió presentándose--, al lucro por intereses comerciales en la administración de Martínez.
En ese sexenio, el fenómeno transitó en medio de escándalos por sucesos como la investigación de los homicidios de ocho mujeres localizadas en un campo algodonero en noviembre de 2001, hechos por los que se siguió un polémico proceso penal a Víctor Javier García Uribe, alias "El Cerillo" y a Gustavo González Meza, alias "La Foca".
Este último falleció estando preso, en circunstancias sospechosas, mientras que el juicio subsiguiente derivó en la poca credibilidad en el manejo de las indagatorias y, finalmente, en la liberación de García Uribe por falta de pruebas.
Bajo estas circunstancias se desperdigaron más fábulas sobre los homicidios de mujeres que plantean hipótesis de causas o motivaciones políticas, por lo que, en este sentido, se ha llegado a afirmar que los crímenes fueron cometidos para boicotear el Tratado de Libre Comercio con el afán de perjudicar a la industria maquiladora.
O bien, que existe tolerancia estatal, impunidad y protección hacia los responsables, entre los que se nombran empresarios o políticos encumbrados que supuestamente han contribuido en campañas electorales.
En la difusión de información exagerada o errada sobre los crímenes de mujeres contribuyeron medios de comunicación de todas las latitudes, pero de manera particular el periódico local Norte de Ciudad Juárez, que por no ponerse de acuerdo en las tarifas y en el monto de la publicidad oficial con la administración estatal de Patricio Martínez, mantuvo durante seis años un pleito con esa instancia que se reflejó en sus principales páginas, versión corroborada por altos funcionarios del gobierno de Patricio Martínez que pidieron mantener su identidad en el anonimato.
De modo que con la bandera del esclarecimiento de los crímenes de mujeres, y aun a pesar de su poca circulación, esa empresa periodística emprendió durante un sexenio una campaña manteniendo en primera página el tema, responsabilizando prácticamente al gobernador y a su procurador de justicia de este fenómeno, indicaron los entrevistados.
A esa pugna meramente comercial con una instancia de gobierno, que se vio reflejada en su manejo editorial, se le unió una ala del Partido Acción Nacional buscando incrementar su capital político de cara a las elecciones federales del 2000 y 2003, además de las locales de 2001 y 2004.
Asimismo, algunas organizaciones no gubernamentales y derechohumanistas hicieron eco de esta campaña desproporcionada, más para lucrar con el dolor de los familiares de las víctimas que para buscar la reparación del daño, según han denunciado repetidamente los deudos de mujeres asesinadas.
Con el cambio de administración en el gobierno estatal esta situación se ha modificado notablemente, lo que puede observarse en las actuales ediciones de ese medio local, donde el tema ha dejado de ocupar las páginas principales.
Tal situación fue señalada con toda claridad en su momento por distintos personajes, entre ellos, por la activista y ex directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer, Victoria Caraveo Vallina, quien cuestionó el uso de este fenómeno en sus principales espacios para proyectarse como "el único medio de comunicación local que defiende la verdad".
"Hay algunos medios de comunicación que para poder vender o para poder subsistir han utilizado este tema de una manera por demás irresponsable", señaló Caraveo en su momento.
Ernesto Villanueva, especialista en medios de comunicación y en Derecho de la Información se refirió también al asunto en un artículo publicado en la revista Proceso el 19 de julio de 1999, al escribir que "el colmo del abuso periodístico es confundir la salud financiera de una empresa informativa con la libertad de expresión e información".
Las 4 mil desaparecidas de Soberanes La danza de cifras en torno al número de mujeres muertas y desaparecidas ha sido una constante desde la década pasada, cuando hicieron su aparición los organismos no gubernamentales y organizaciones de derechos humanos extranjeras e internacionales como Amnistía Internacional, las cuales comenzaron a emitir sus propios listados con datos distintos.
De esta manera, el manejo disímbolo de las cifras sobre los homicidios y desapariciones de mujeres ha dado pauta para la creación de estos mitos, especulaciones y desinformación que ha irrumpido y rebasado a todos los niveles de gobierno.
Prueba de ello es el caso del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, quien luego de afirmar que los crímenes de mujeres en Juárez "son una gran vergüenza nacional" cedió a la tentación de la danza de los números.
Así, el 22 de julio de 2003 ante reporteros de la prensa nacional e internacional que se reunieron aquí para la presentación del Plan Integral de Seguridad Pública, el ombudsman mexicano aseguró que en esta frontera había, hasta entonces, 263 casos de mujeres asesinadas que no habían sido resueltos en Ciudad Juárez y 4 mil 587 casos de mujeres desaparecidas o ausentes.
Pese a que la imprecisión de la cifra de inmediato le fue increpada por periodistas, Soberanes insistió en que esa era la información que tenía y que obtuvieron luego de hacer una recopilación de datos para conocer el número exacto de casos de mujeres victimadas y reportadas como desaparecidas en esta frontera.
Ante la insistencia del derechohumanista por difundir esta información, Victoria Caraveo (directora en ese momento del Instituto Chihuahuense de la Mujer) le pidió públicamente que corrigiera su error y pidiera las disculpas correspondientes.
"Todos nos caímos de la silla porque desgraciadamente el doctor no tuvo el cuidado de estudiar lo que iba a decir, o no está bien informado de lo que está comunicando e irresponsablemente dice esta información, lo invitamos a que diga cuál fue su base de datos", declaró entonces Caraveo Vallina.
Pero como Soberanes nunca se retractó y hasta enunció de manera oficial el dato en diferentes foros porque, argumentó, formaba parte de un informe especial sobre el caso, en una de sus visitas a la ciudad se desató una batalla de declaraciones entre él y Caraveo.
Mientras que Soberanes acusó a Caraveo de "personera" del gobierno estatal, ella lo imputó de ser empleado de Vicente Fox.
Afirmaciones como éstas le valieron al derechohumanista no sólo el repudio de varios sectores de la localidad, sino el ser declarado como una persona 'non grata' para la ciudad por el mismo alcalde Héctor Murguía Lardizábal.
Con el paso del tiempo el dato difundido por Soberanes ha cobrado relevancia al contrastarlo con otras cifras propagadas por diferentes instancias, entre ellas algunas del mismo nivel federal.
Por ejemplo, la PGR concluyó recientemente que al igual que en los homicidios de mujeres, con las desapariciones se ha llegado a afirmar "sin mayor sustento" en diversos reportes que en tal circunstancia se hallaban más de 4 mil mujeres.
Cuando de acuerdo con su investigación se corroboró que de las 4 mil 456 mujeres que se reportaron como desaparecidas de 1993 a 2005, sólo 47 se encontraban en esta condición.
Pero además, de las 47 mujeres que se tenía verificada su desaparición, 13 fueron localizadas, 11 con vida y dos ya fallecidas, por lo que el número de mujeres pendientes de localizar se reduce a 34.
La precisión de cifras, móviles y demás circunstancias que rodearon los crímenes no es de menor importancia, subraya la Procuraduría federal.
"Este aspecto en materia de derechos humanos resulta especialmente relevante, toda vez que un diagnóstico equivocado puede traer como consecuencia la determinación de una terapia equivocada, siendo después ésta de consecuencias aún más graves que la propia enfermedad.
Desafortunadamente, algo parecido ha sucedido en el caso de los homicidios y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez", dice la dependencia.
La PGR no menciona textos ni a autores de esos diagnósticos equivocados o datos que se manejaron sin rigor.
Sin embargo, sí menciona que lo acontecido en esta frontera en los últimos trece años debe tratarse con "realismo" y con pruebas concretas.
"La memoria de las mujeres víctimas de homicidios y los derechos de los familiares que les sobreviven merecen tanto seriedad como respeto.
Ante la historia tendrán que responder los que no han tratado este asunto en esa tesitura", advierte el documento de la PGR.
La realidad es distinta: PGR Luego de mantenerse por años ya sea al margen del fenómeno o incluso haciendo eco de mitos (en 2003 la Procuraduría General de la República arraigó en esta ciudad a dos hombres a quienes acusó de estar detrás de los crímenes de mujeres para traficar con sus órganos), el gobierno federal creó por acuerdo presidencial en 2004 una fiscalía especial dependiente de la PGR, atendiendo más a la presión nacional e internacional en gran medida provocada por esa leyenda negra, que a una intención real de afrontar el fenómeno.
Como encargada se nombró a María López Urbina, quien tuvo una polémica actuación ya que más que actuar en contra de responsables de crímenes enfocó su trabajo en detectar a los funcionarios negligentes del aparato estatal, aunque de las listas que dio a conocer ningún servidor público ha sido sancionado hasta ahora.
López Urbina fue sustituida por la ex derechohumanista Mireille Roccatti, quien prácticamente vino a cerrar las oficinas de la fiscalía a mediados del 2005 con el pretexto de que su campo de acción sería ampliado a nivel nacional.
Aun así, con base en el trabajo desarrollado por esta fiscalía, la PGR concluyó apenas en enero pasado un informe sobre los crímenes de mujeres en esta ciudad, en el que señala que se trata de un fenómeno que no tiene las características que están latentes en la percepción general porque se difundieron teorías "sin rigor" y "sin sustento".
"Si bien la pérdida de una sola vida de las mujeres victimadas es suficiente para causar indignación y rechazo por parte de la sociedad, también es cierto que con cifras y pruebas se demuestra que, en los últimos años, se ha generado una percepción diferente a la realidad, creándose un círculo vicioso de hechos, impunidad y especulación que ha afectado principalmente a la sociedad juarense", dice el informe final publicado en enero.
En la investigación realizada a lo largo de dos años se analizaron 11 mil 678 biografías, cuatro mil 38 domicilios, cuatro mil 396 números telefónicos, 59 armas y 25 cuentas bancarias.
Fue a través de las redes de vínculos entre estos datos como se consideró o se descartó si las varias hipótesis sobre el tema tenían o no sustento.
Entre esas versiones que han circulado por años y de las que la autoridad federal no encontró evidencia jurídica están las que sostienen que en Ciudad Juárez se cometió "el mayor crimen en serie de la historia del mundo" y de que, por ende, aquí matan más mujeres que en ninguna parte del país, así como que la cifra de desaparecidas es de alrededor de cuatro mil.
"La especulación a que se ha llegado en este rubro es enorme, manejándose sin ningún rigor cifras o hechos que no corresponden con lo sucedido en la realidad", dice el texto.
Al respecto, el subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la PGR, Mario _lvarez Ledezma, dijo en su momento a la prensa nacional que los resultados de este estudio refutan muchos de los "libretitos" y "panfletos" que se han escrito sobre las mujeres asesinadas en esta ciudad y que dieron origen a una "cantidad de estupideces".
Pero omitió mencionar que la fiscalía misma que hizo el informe fue objeto de una de las falacias que se han dicho sobre el tema, que expresó el propio presidente Vicente Fox Quesada.
En respuesta a las presiones de organismos nacionales e internacionales para que el gobierno federal atendiera el caso, el titular del Poder Ejecutivo aseguró en 2004 que la instancia había sido creada para "investigar y perseguir" los delitos relacionados con estos homicidios.
"Independientemente de los obstáculos, hemos aceptado el reto, considerando que es deber moral de la autoridad esclarecer las circunstancias que han dado lugar a los homicidios y castigar a los culpables", dijo Fox en Los Pinos con motivo del primer informe.
Sin embargo, la fiscalía no sólo no contó con facultades para atraer e investigar los más de 300 homicidios, por ley considerados como fuero común a cargo de los gobiernos estatales, sino que desde ese mismo primer informe advirtió que, por las deficiencias en su integración, había varias averiguaciones "imposibles de resolver".
Además de la fiscalía dependiente de la PGR, el gobierno federal creó también desde finales de 2003 la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, subordinada de la Secretaría de Gobernación, a cargo de la cual designó a Guadalupe Morfín Otero.
Esta comisión tampoco tiene facultades legales para investigar o detener a culpables de los crímenes de mujeres, por lo que se ha enfocado a la recuperación e integración del tejido social en Ciudad Juárez aunque a la fecha no ha presentado algún logro concreto de su trabajo.
En cambio, ha provocado escándalo y polémica entre la ciudadanía fronteriza porque la comisionada Morfín es la funcionaria de los tres niveles de gobierno en la entidad que percibe el salario más alto, incluso más que el gobernador Reyes Baeza, al devengar más de 160 mil pesos mensuales.
Y a pesar de que la sede de esta comisión debería estar en Juárez, según se afirmó al darse a conocer hace casi tres años, la comisionada pocas veces puede ser ubicada en esta ciudad.
De la ficción a la hipótesis Aunque los hechos por sí mismos permitieron que los crímenes de mujeres en Juárez trascendieran las fronteras, también ha repercutido la gran cantidad de mitos que se desarrollaron en torno a este fenómeno criminal.
Según han coincidido diversos especialistas en criminología y psicología, la falta de resultados, de información, las contradicciones y la secrecía en la que incurrieron las autoridades en el manejo de este caso, dieron cabida a leyendas urbanas que se instalaron en la conciencia colectiva.
Con ese ánimo de explicar los homicidios surgieron teorías como la creación de 'videos snuff' (videos sexuales donde la protagonista es asesinada realmente), la participación de sectas satánicas, la intervención de una banda de policías y ex policías, homicidas seriales y el tráfico de órganos, por nombrar sólo algunas.
A pesar de la falta de evidencias sólidas para respaldar estas especulaciones, la PGR en su momento consideró como hipótesis el tráfico de órganos, en abril de 2003.
Incluso, derivado de la polémica investigación que calificó de "seria", la Procuraduría arraigó a tres hombres y casi tres meses después reconoció que no había elementos para procesarlos y que no existía una organización criminal dedicada al tráfico de órganos.
Mito desde el poder público En la construcción de esa leyenda negra sobre los crímenes no sólo han participado escritores y demás redactores sin rigor, sino incluso autoridades mexicanas que se han encargado de difundir información imprecisa.
Un caso es el de la diputada federal Marcela Lagarde y de los Ríos, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien en un foro mundial donde se abordaron asuntos sobre el género femenino aseguró que en Juárez "muchas" de las víctimas fueron grabadas en video mientras eran violadas, mutiladas y asesinadas.
"También sabemos que muchas de las jóvenes brutalmente asesinadas eran estudiantes de academias de informática.
Todo indica que al apuntarse se les hacen fotos, estas fotos circulan por internet, se las escoge, se las secuestra, se las viola, mutila, y se las mata, todo esto es grabado para consumo pornográfico y finalmente se les bota en mitad del desierto", expuso en una entrevista que se distribuyó en un comunicado de prensa oficial.
La legisladora participó como ponente en el Foro Mundial de las Mujeres que se celebró del 28 al 30 de julio dentro del marco del Foro Barcelona 2004 en su calidad de presidenta de la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada de la Cámara de Diputados.
Ahí, al ser cuestionada sobre a dónde apuntan las investigaciones policiacas de los homicidios, Lagarde explicó que existen 130 casos de mujeres que presentan un patrón común porque "sufrieron un asesinato con violencia sexual: aparecían mutiladas, sin pezones, sin vulva".
"Estas mujeres responden también a un patrón físico: suelen ser jóvenes que no llegan a los treinta, bellas, con melena.
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Ante estos más de 130 brutales asesinatos, la policía busca un único 'asesino en serie de novela inglesa", agregó.
Asimismo, la diputada explicó que estos homicidios ocurrían en Juárez porque la ciudad es un claro ejemplo de lo que se llama "desarrollo antihumano".
"Es una ciudad llena de maquilas, fábricas en las que los trabajadores y trabajadoras no tienen derecho alguno.
Salir o entrar al trabajo es un peligro, no hay transporte y las calles no están iluminadas", expuso.
Criticó también que actualmente haya algunos empresarios preocupados por que se hable de la ciudad por los homicidios, pues aseguró que esta campaña acusa y va en contra de la lucha de los familiares por hacer justicia a sus víctimas.
"Estos empresarios quieren hacer borrón y cuenta nueva, pero las madres son tenaces en seguir en la legalidad, en pedir justicia.
A pesar de la denostación y estigmatización a la que son sometidas, siguen pidiendo que las autoridades cumplan democráticamente", dijo.
Pero las afirmaciones de Lagarde que fueron consideradas por algunos sectores locales como "ligerezas que sólo buscan satisfacer el morbo internacional sobre los homicidios de mujeres", tuvieron otras consecuencias.
Nora Yu Hernández, diputada federal por Juárez y también integrante de la Comisión que preside Lagarde, indica que estas declaraciones desencadenaron de manera inmediata una reacción que los llevó a imponer restricciones en sus participaciones.
"Tal parece que habló para tomar notoriedad a nivel internacional, porque hay que reconocer que Marcela es una persona que toda su vida se ha desenvuelto en los organismos no gubernamentales, es una voz muy aceptada en esos medios.
"Pero no estábamos de acuerdo y no íbamos a permitir que siguiera con esa cantidad de mentiras, esto provocó que la Comisión la frenara y evitamos que asistiera sola a foros representando al Congreso de la Unión, a partir de estas declaraciones no puede ir a ningún foro internacional sola", comenta.
La diputada Marcela Lagarde no accedió a una entrevista telefónica con El Diario para conocer su versión respecto a estos hechos y las acciones realizadas por la Comisión que preside.
Argumentó que se encuentra en la etapa final de un diagnóstico que elaboran sobre la violencia feminicida en México.
Sin embargo, los señalamientos que hizo en Barcelona no sólo no coinciden con la realidad, sino que incluso contradicen los informes que ella misma ha rendido sobre las actividades realizadas al frente de la Comisión.
En dichos documentos establece que el objetivo principal de su labor es "terminar con información amañada, sexista y misógina" que existe sobre el tema porque establece que "voces poco informadas han creado el estereotipo de las mujeres asesinadas como "jovencitas-pobres-morenas-de-cabello-largo-trabajadoras-de-las-maquilas-violentadas-sexualmente-por-asesinos-seriales-bajo-efectos-de-alcohol-o-drogas-miembros-de-bandas-de-delincuentes", todas las características que divulgó como ciertas en Barcelona.
Por ello, estas declaraciones también le valieron a Lagarde la recriminación de sectores juarenses, que la cuestionan por la incongruencia de lo que dice con lo que hace.
Con este reclamo coincidieron Bernardo Escudero Ortega, ex presidente de la Fundación Fidevida Institución de Beneficencia Privada y de la Asociación de Maquiladoras Asociación Civil (AMAC), y Salvador Urbina Quiroz, vicepresidente de la Confederación de Abogados de México.
"Hay un serio conflicto y contradicciones en lo que hace, porque su intención ha sido la de exhibir aún más lo que ya se estaba tratando de aliviar, que era seguir señalando a Juárez como una ciudad violenta", menciona Urbina.
Por qué es necesario precisar Y es que la cuestión de la "percepción" y la precisión sobre cifras, móviles y demás circunstancias que rodearon los crímenes, dice la PGR en su informe final, no es de menor importancia, ya que sólo con estadísticas objetivas y con criterios bien definidos se podrá tener una visión exacta de la magnitud del problema y, en consecuencia, de las acciones preventivas y correctivas.
Las estadísticas de su investigación muestran que en el país hay al menos otras tres ciudades -Toluca, Tecate y Acapulco- con tasas de asesinatos superiores que también deben atenderse y que, en cambio, se han perdido en medio de la mala fama que cobró esta ciudad.
Entre 1991 y 1999 se registraron 221 homicidios de mujeres en Juárez, mientras que en Toluca llegaron a 603, lo que representa 2.
7 veces más, dice el reporte, y eso que ésta última tiene poco más de la mitad de la población de esta frontera.
"Si se considera el total de la zona urbana de Toluca -que comprende doce municipios- y se calcula la tasa media de 1998 a 2002, no hay ninguna otra ciudad en la república que se le aproxime.
(.
.
.
) La ciudad más cercana fue Tecate, Baja California, con 3.
0, seguida por Acapulco, con 2.
6.
En este trágico conteo, Ciudad Juárez ocupa el cuarto lugar", dice.
Tendencia similar se observa en los informes elaborados por la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, donde los reportes ubican a Chiapas como el estado de mayor índice de homicidios de mujeres en la República Mexicana.
De acuerdo con las cifras oficiales, de 2000 a 2004 se tienen registrados mil 456 en aquella entidad fronteriza del sur del país; mientras que en Juárez, en un lapso mayor de tiempo, de 1993 a 2004, se tenían registrados 347 crímenes.
En general, la PGR consigna que en Juárez, entre 1993 y 2005, se registraron 379 homicidios contra mujeres, 238 de los cuales fueron remitidos a órganos jurisdiccionales y tribunales para menores, que 14 fueron atraídos por la autoridad federal y que hay 116 en investigación.
Sobre los móviles, la PGR determinó que, de los 379 crímenes, 78 tuvieron un móvil sexual, 106 fueron de violencia intrafamiliar, en 76 este factor es indeterminado y otros 119 fueron por "violencia social", como venganza, riñas, pandillerismo o robo.
Mitos que venden Para José Pérez Espino, autor del texto "La invención del mito y la lucrativa teoría de la conspiración", publicado en el libro "Violencia sexista.
Algunas claves para comprender el feminicidio en Ciudad Juárez" editado por la UNAM en 2004, la precisión con respecto a la cantidad de crímenes con móvil sexual es importante porque es el factor que mayormente ha sido explotado para la construcción de mitos.
"Una parte de la construcción del mito es que todos tienen que ver con móviles sexuales.
No necesariamente es así, y eso no implica que se esté subestimando el punto", dice en entrevista el también periodista chihuahuense.
Lo que sucede, agrega, es que ese factor es el que vende más.
"Tiene que ver más con una especie de lucro a partir de un tema que vende.
O sea, vende hablar de asesinos seriales, vende hablar de homicidios sexuales, y vende hablar del concepto de feminicidio", agrega.
El informe de la PGR coincide y señala que este presunto patrón de móvil sexual ha "alimentado" la idea de que Juárez es la capital mundial de los homicidios de mujeres.
"A lo largo de estos trece años se dieron otros homicidios que, si bien no corresponden a los patrones a que antes se alude (de móvil sexual), sí han continuado alimentando la percepción de que en Ciudad Juárez se producen más homicidios de mujeres que en el resto del país, y que la violencia de éstos no tiene parangón.
Se piensa que de los homicidios son responsables asesinos seriales o que, detrás de aquellos existen otras motivaciones que están siendo ignoradas tanto por las autoridades locales como federales", dice el reporte.
Esta versión, por ejemplo, nutrió fuertemente la promoción para la venta del libro "Huesos en el desierto", escrito por el periodista Sergio González Rodríguez.
"Son homicidios orgiásticos, con ritos sexuales y una capacidad de perfeccionamiento sádico muy fuerte", afirmó González durante la promoción de su obra.
El manejo que la prensa del Distrito Federal ha dado a la cobertura de los asesinatos de mujeres, agrega Pérez Espino, se ha caracterizado por la abulia profesional y un deficiente ejercicio del periodismo de investigación y de precisión.
"Sin contar el afán protagónico y de lucro por parte de algunos reporteros y escritores, una ética cuestionable, el morbo y la ligereza en el manejo de la información, así como la recurrente creación de mitos, estigmas y estereotipos en buena parte de los medios impresos y los libros publicados en torno al tema", dice.
A esta situación también han contribuido corresponsales de medios nacionales e internacionales, quienes sin sustento ni rigor periodístico han difundido historias sobre el caso.
Muchos de estos corresponsales venían a esta frontera con ideas preconcebidas y no se tomaban el tiempo para investigar lo que realmente estaba pasando en la ciudad, abonando a la errada información que ha circulado por el mundo.
Asimismo, varios de estos reporteros se basaban en lo que un medio local difundía en sus espacios principales sobre el tema, llevándose una impresión magnificada de lo que ocurría.
A este manejo le atribuye Bernardo Escudero, ex dirigente de la AMAC, los mitos que se desperdigaron de que "eran miles" las mujeres asesinadas y que "todas eran empleadas de la maquiladora".
"Hubo periodistas buenos y malos, algunos no tenían ninguna fuente de información y su única finalidad era magnificar el tema para crear morbo y que su trabajo tuviera más impacto en sus lugares de origen, lo que hicieron fue atizar lumbre a la pólvora hasta hacer el problema más grande e identificar a Juárez como la ciudad del crimen, de la perdición, de la inseguridad de la mujer y así se han ido añadiendo conforme a sus intereses", dice.
Por una situación similar pasaron algunos fotógrafos de medios escritos locales, quienes con los crímenes de mujeres también encontraron una forma de obtener ganancias al ofrecer guías o "tours" a periodistas extranjeros a cambio de una cuota que iba de los 100 a los 150 dólares.
De acuerdo con testimonios de fotógrafos, su trabajo consistía en llevar a los reporteros de fuera a los lugares en donde fueron localizados los cuerpos de las víctimas y a los domicilios de las familiares para que los pudieran entrevistar.
Este manejo informativo sobre el caso fue advertido por el mismo presidente Vicente Fox, quien en 2005 aseguró que los medios de comunicación manejan "refritos" sobre los homicidios de mujeres en Juárez, ya que la mayoría de estos casos estaban resueltos y los responsables en la cárcel.
"Nos ofende lo que ha pasado en Juárez, pero tampoco es correcto estar refriteando, sin información, los mismos casos, los mismos 300 ó 400 casos de mujeres, muy dolorosamente, muy tristemente, han perdido la vida en ya más de 12 años", dijo.
Del crimen al show Desde "Las Muertas de Juárez", el primer libro que se publicó sobre el tema, en 1999, hasta "He visto al Diablo de Frente: los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez", que este año salió a la venta en Europa, sobre el caso se han hecho al menos 67 obras.
Entre éstas, una búsqueda en la red de información arrojó siete performances, siete obras plásticas, unos 18 trabajos literarios, 12 obras de teatro, nueve cintas y videos documentales, 14 canciones e infinidad de reportajes de diversos países del mundo.
Los títulos son tan diversos como "Crímenes de odio", "Mascarada en rojo", "Máscara contra cabellera", "Mujeres de polvo", "Somos las que ya no somos", "Los chacales de Ciudad Juárez", "La mujer perfecta", "Elegía en el desierto", "Señorita extraviada", "Una oración por las muertas de Juárez", "Desiertas voces calladas", "Qué mujeres tan extrañas", "Crónica de impunidad", "Los trazos del viento", "Frontera", "Hotel Juárez", "¿Quién escucha a las muertas?", "Ni una más", "La Virgen de Juárez", "Y nadie las quiere ver", "Indolencia", entre decenas más.
A la fecha, en los estudios de Hollywood se preparan al menos dos películas que expondrán al mundo el tema desde su óptica.
Una de ellas es la cinta "Bordertown", filmada en Nogales, Sonora, en la que Jennifer López interpreta a una periodista que investiga los crímenes en esta frontera.
"Bordertown reúne nuevamente al dueto ganador de Gregory Nava y Jennifer Lopez: el director trabajó con ella en 1997, en la exitosa Selena, la película sobre la vida y muerte de la legendaria cantante tejana.
También habían trabajado en el melodrama My Family, de 1995.
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) En el reparto de Bordertown figuran Antonio Banderas, Martin Sheen, Sonia Braga y Kate del Castillo", dice una nota informativa sobre la película.
La otra película hollywoodense llamada "La virgen de Juárez" la protagoniza la actriz inglesa Minnie Driver, quien en la trama con toques sobrenaturales comparte créditos con la mexicana Ana Claudia Talancón.
Las referencias a los homicidios de esta ciudad por parte de personalidades del mundo del arte y el espectáculo son innumerables, y en casi cada caso, el artista en cuestión alude a su solidaridad con las víctimas y sus familias para representar el tema.
Sin embargo, qué tanto es solidaridad o qué tanto es un pretexto para lucrar con un tema "que vende" es una de las reflexiones que, desde 2002, planteó Pérez Espino en su análisis titulado "La invención de mitos.
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" "En el Distrito Federal, paralelamente, se ha generado una industria de presunto apoyo a las víctimas.
Ya existen documentales, películas en video, libros, obras de teatro, colectas (se invitó a ir a depositar dinero en una urna del Teatro Insurgentes y se afirma que el producto de la venta de videos es para los familiares de las víctimas), entre otras actividades evidentemente lucrativas", escribe en su análisis.
La solidaridad como pretexto La delgada línea que separa la labor de denuncia y la obtención de ganancias económicas a partir de un tema tan doloroso para las familias de las mujeres asesinadas y para la sociedad juarense en general, advierte Pérez Espino, hace tiempo que quedó definida.
"Activistas, organizaciones no gubernamentales y los mismos periodistas que han abordado el caso dicen: es hacer visible lo invisible, que a nivel nacional e internacional se conozca el tema, pero creo que esto ya fue superado hace bastante tiempo, desde que los mismos informes de Amnistía Internacional, o de la Organización de Naciones Unidas, han tratado el asunto, que han recomendado al Estado mexicano en su conjunto las acciones que se tienen que realizar", comenta.
"Pero estamos hablando de que son pasos técnicos que habría que seguirse y que, en efecto, pudo haber ayudado, pero llegó un momento en que la cuestión se revirtió al grado de que se volvió una explotación comercial, y en ese contexto ahora va a salir la película de Jennifer López", agrega.
El problema que este lucro encierra, dice, es que se descalifica todo y se opacan las únicas medidas públicas que se han implementado para combatir y prevenir el tema, reduciendo la posibilidad de que funcionen.
"¿Dónde empieza el lucro? Pues por ejemplo un caso: en la obra de Los Monólogos de la Vagina, durante muchos años se ha estado pidiendo dinero para las familias de las víctimas", refiere.
Sobre este caso, una investigación de este medio documentó que, por el "boteo" entre los asistentes a esta obra en todo México se recaudaron 74 mil 296 dólares, de acuerdo con lo que informó la oficina de prensa de Eve Ensler, autora de la obra y participante en una marcha de artistas de Hollywood realizada aquí el 14 de febrero de 2004.
El dinero de la obra, informó la misma oficina, fue canalizado a una organización local llamada Casa Amiga, en la cual, según la directora, Esther Chávez Cano, se atiende a mujeres víctimas de violencia, pero hasta a entonces a ningún familiar de alguna mujer asesinada, como se sugería durante el boteo por todo el país.
"Tenemos que vivir de algo.
Boteamos.
En lugar de botear en las calles, Morris Gilbert -productor de 'Los Monólogos' en México- dijo que lo que se boteara en México sería para Casa Amiga", dijo Chávez Cano a este medio en una entrevista de 2004.
Desde hace años, en medio del dolor de la pérdida y ante la negligencia de los gobiernos, familiares de las víctimas denunciaron que su tragedia, además de todo, se estaba convirtiendo en motivo de lucro.
"El grupo, los familiares, el dolor, se han estado usando, se estuvo manipulando para conseguir otro tipo de cosas, poniendo en frente a los familiares de las mujeres asesinadas.
Creo que todo el tiempo hemos estado manipulados", señaló Guillermina González -hermana de Sagrario González, victimada en 1998- en una entrevista de diciembre de 2000.
'Nadie habla de eso' El 6 de febrero pasado, en un chat convocado por el periódico español El Mundo, la escritora francesa Maud Tabachnik respondió medio centenar de preguntas sobre su más reciente novela "He visto al Diablo de frente.
Los crímenes de Ciudad Juárez".
Entre sus respuestas -le preguntaron desde sus hipótesis sobre los móviles hasta si había sido amenazada- la autora menciona, entre otras afirmaciones, que "los culpables" "en su mayoría son narcotraficantes a los que resulta imposible tocar un pelo" y que "desde principios de año (2006) van una 50" mujeres asesinadas, dijo sin ningún rigor informativo.
Tabachnik no mencionó sus fuentes de información, sin embargo, resulta necesario precisar que de acuerdo con la Subprocuraduría de Justicia estatal, en lo que va del año se han registrado nueve asesinatos de mujeres en la ciudad, cifra que contrasta con esa exageración emitida por la escritora.
También, dijo Maud que "es posible que se trate de una prueba de admisión" de aspirantes a narcos; que en la entidad "ni siquiera se abren investigaciones policiales" y, además, que le "ha sido difícil encontrar documentación porque es un tema del que pocos se ocupan".
--No he conseguido documentos oficiales ni nada por el estilo -responde la autora cuando uno de los cibernautas le pregunta "cómo se documentó para escribir la novela".
Esta dificultad de Tabachnik para encontrar información tal vez tenga que ver con el hecho de que, como ella misma dice en otra entrevista, nunca ha estado en Juárez.
"A Juárez no fui porque no hablo español y porque allí impera la ley del silencio, nadie me iba a decir nada, no iba a ir con un micrófono por la calle para saber porque nadie iba a informarme (.
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) preferí hablar con mexicanos preocupados por esta realidad", dijo la autora, de acuerdo con un despacho de Europa Press.
Esa es otra parte del mito construido, el asegurar que en esta frontera no se quiere hablar del tema, aun cuando cientos y cientos de archivos periodísticos evidencian que todos los homicidios han sido oportunamente reportados.
"Los periodistas extranjeros que han ido a Ciudad Juárez dicen que en Juárez los medios no tratan el tema, que los periodistas de Juárez incluso tienen miedo, etcétera, lo cual es falso", comenta Pérez Espino.
"Incluso, Diana Washington Valdez (reportera de El Paso Times y autora del libro "Cosecha de Mujeres, safari en el desierto mexicano"), cuando fue entrevistada por The Columbia Journalist Review habla como si los periodistas de Juárez fuéramos temerosos, que tuviéramos miedo de tocar el tema, o de que hay presiones para que no hablemos de eso, lo cual me parece un tratamiento muy inescrupuloso", agrega.
De acuerdo con el texto que cita el analista y que está disponible en la página www.
cjr.
org, la citada reportera de El Paso Times, quien declinó ser entrevistada por este medio para este reportaje, dijo que "los periodistas aquí (en Juárez) saben lo que yo sé.
Sólo que ellos no pueden reportarlo.
Así que me dicen: 've por ello, Diana".
El autor de la entrevista, John Burnett, menciona que la reportera se hallaba en ese momento sola en el avance de una "teoría explosiva" que algunos consideran "altamente especulativa" y que sostiene que "investigaciones federales mexicanas contienen cuentas de oficiales y de otras personas que facilitan orgías donde abusan a mujeres cuyos cuerpos son encontrados después".
En "Cosecha de Mujeres.
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", Diana Washington expone que se "puso al descubierto que hombres importantes del país eran responsables de los asesinatos contra mujeres" en Ciudad Juárez y que "agentes federales mencionaron que las mujeres eran utilizadas para las orgías y luego asesinadas por mero deporte".
Citando siempre a terceras personas que no identifica y a quienes atribuye las diversas versiones que maneja, la periodista, aunque no identifica a dichos "hombres importantes", con frecuencia cita nombres de conocidos empresarios juarenses sin sustento.
En uno de los testimonios publicados en el texto se indica que un investigador comentó que los "crímenes eran llevados a cabo como una forma de protesta en contra del Tratado de Libre Comercio (TLC) para América del Norte, y que estos hombres buscaban ciertas concesiones del gobierno relativas a éste".
En su libro, la periodista también señala que algunos de los sospechosos contribuyeron a la campaña electoral del presidente Vicente Fox.
Entre las hipótesis que la periodista esboza en su libro se encuentran las que la PGR ponderó en su informe multimencionado, pero encontró "sin sustento alguno que las relacionara con las causas encontradas como explicación de los homicidios de mujeres".
Entre ellas están las que la instancia llama "de la participación del crimen organizado".
Estas versiones, dice la autoridad federal, indican que "el asesino goza de la protección policiaca, ya que los homicidios se deben a pugnas entre pandillas de 'narcos' o de 'polleros' o fiestas de éstos, donde se asesinan mujeres como parte de la diversión, y en las que, por supuesto, también participan policías".
Entre las teorías que también menciona como "especulaciones que, "sin fundamento alguno, se han mantenido como causa de los homicidios" enumera las motivaciones relacionadas con el TLC y el financiamiento de la campaña presidencial del actual Jefe del Ejecutivo.
Washington Valdez se negó a dar una entrevista a este medio para conocer su opinión sobre las hipótesis que la PGR descarta, pues aseguró que "todo lo que tiene que decir" sobre este tema está escrito en su libro.
Gabriela Minjáres/Sandra Rodríguez
Lunes, 05 de Junio de 2006
Una leyenda negra se construyó sobre Ciudad Juárez en la última década, causándole un daño difícil de reparar a su imagen y a su sociedad, basada en especulaciones, exageraciones, mitos e información errónea en torno al fenómeno de los crímenes de mujeres, que rebasaron las fronteras del estado y del país.
Entre las fábulas que fueron creando esa leyenda están, por ejemplo, que Juárez es la ciudad del país y del mundo donde se registran más asesinatos de mujeres, cometidos por numerosos asesinos seriales que todavía anda sueltos; que más de cuatro mil muchachas están desaparecidas; que los órganos de las muertas se utilizan para traficar con ellos; que en esta frontera el género femenino no puede salir a la calle sin ser agredido, entre otras deformaciones.
Lo anterior no significa que no se hayan registrado, de 1993 en adelante, más de 300 asesinatos de mujeres en la región, lo cual ya de por sí es lamentable, pero no en las circunstancias ni con las exageraciones que se han ido propalando desde que comenzaron a aparecer los crímenes de género.
En ese sentido, la Procuraduría General de la República (PGR), que intervino tarde e incluso basó en su momento algunas de sus hipótesis en mitos generados por la desinformación (como el del tráfico de órganos de las víctimas), acaba de emitir en enero pasado un informe último de la fiscalía creada especialmente para el asunto, en el que finalmente una autoridad sintetiza por escrito lo que la mayoría de los juarenses han percibido desde el principio: "Si bien la pérdida de una sola vida de las mujeres victimadas es suficiente para causar indignación y rechazo por parte de la sociedad, también es cierto que con cifras y pruebas se demuestra que, en los últimos años, se ha generado una percepción diferente a la realidad, creándose un círculo vicioso de hechos, impunidad y especulación que ha afectado principalmente a la sociedad juarense", dice el documento de la PGR.
En esta percepción errada sobre un problema que sí existía, pero que se sobredimensionó y se extendió a nivel mundial sobre Juárez, una buena dosis de responsabilidad recae en el manejo desproporcionado, pero tendencioso, que incluso medios locales hicieron sobre esta realidad, impulsados por motivos comerciales y hasta personales.
Los respectivos gobiernos, tanto federales como estatales y municipales, tampoco estuvieron a la altura para evitar que esta leyenda se expandiera, no atendieron con prontitud a la complejidad del problema, e incluso está documentada la negligencia en la procuración de justicia solapada por estas autoridades.
Asimismo, esta realidad distorsionada fue estimulada también por la resultante aparición de organizaciones no gubernamentales que, en busca del lucro, incrementaron esa percepción ante el escaparate nacional e internacional con tal de medrar con el problema de las mujeres muertas.
Como consecuencia, una avalancha de trabajos sobre el tema sobredimensionado comenzó a desprenderse, al grado de que desde "Las Muertas de Juárez", el primer libro que se publicó sobre el tema, en 1999, hasta "He visto al Diablo de Frente: los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez", que este año salió a la venta en Europa, sobre el caso se han publicado al menos 67 obras.
Entre éstas, una búsqueda en la red de información arrojó siete performances, siete obras plásticas, unos 18 trabajos literarios, 12 obras de teatro, nueve cintas y videos documentales, 14 canciones e infinidad de reportajes de diversos países del mundo.
Empiezan los mitos por desatención oficial La leyenda negra de los crímenes de mujeres ha impactado durante los últimos trece años a la sociedad juarense, así como en los tres niveles de gobierno a tres administraciones federales de distinto origen partidista: la de Carlos Salinas de Gortari, la de Ernesto Zedillo Ponce de León y la de Vicente Fox Quesada.
Las dos primeras permanecieron prácticamente al margen, en tanto que la de Fox Quesada tuvo que intervenir hace tres años por la presión nacional e internacional de la opinión pública, cilindreada más que todo por tanto mito que circulaba en torno al fenómeno en el país y en el extranjero.
Asimismo, a tres gobiernos estatales encabezados por el panista Francisco Barrio Terrazas y los priístas Patricio Martínez García y José Reyes Baeza Terrazas.
Los dos primeros, en cuyas administraciones se registró con más fuerza el problema de los asesinatos de mujeres y se originó esta leyenda negra sobre Ciudad Juárez, se enfrascaron en batallas de cifras para ver en qué sexenio habían ocurrido más víctimas.
Mientras que en el ámbito local han pasado seis administraciones municipales, cuatro encabezadas por el Partido Acción Nacional, más una provisional y la actual del Partido Revolucionario Institucional.
Fue en el sexenio de Francisco Barrio (1992-1998) cuando empieza a documentarse este problema y a cobrar relevancia nacional con el informe que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En la recomendación 44/98 emitida por la CNDH el 15 de mayo de 1998 en respuesta a una queja de una diputada federal, se establece que existen múltiples deficiencias en la integración de las averiguaciones previas y que en la mayoría existe dilación en la procuración de justicia.
Hay que recordar que los asesinatos de mujeres desde el punto de vista judicial pertenecen al ámbito del fuero común, es decir, corresponde a la Procuraduría de Justicia estatal su investigación y consignación.
De allí que la CNDH pidió que se abriera una investigación para determinar las responsabilidades administrativas y/o penales en las que pudieron haber incurrido Arturo Chávez Chávez, entonces Procurador General de Justicia en el Estado de Chihuahua, así como otros servidores bajo las órdenes del subprocurador en la Zona Norte, Jorge López Molinar.
Esta situación comenzó a generar desde entonces informaciones erradas en torno al fenómeno de los crímenes de mujeres, que fueron creciendo como una bola de nieve en alud sin que pocos se preocuparan por precisarlas.
Así, en respuesta a la recomendación de la CNDH, la autoridad estatal descalificó el trabajo realizado por la Comisión encabezada por Mireille Roccatti, pues consideró que se trató de una "visión parcial que condujo a conclusiones y afirmaciones erróneas, o incluso carentes del suficiente fundamento, motivación y objetividad".
Lo anterior consta en el último informe de gobierno de Barrio, en donde además se advierte que no se haría caso a la recomendación de fijar responsabilidades a los servidores públicos.
Y es que Barrio prefería culpar a los medios de comunicación masiva de la violencia que se presentaba en el estado porque "mal educaban" a la población y provocaban la "pérdida gradual de valores morales" en la sociedad.
Además, ante el reclamo de las madres de mujeres muertas y desaparecidas, llegó a decir que al Estado no le competía prevenir la comisión de delitos, sino la investigación cuando se dan, por lo que se negaba a crear una fiscalía especial para la investigación de los crímenes "porque no servían".
No fue hasta enero de 1998, en el último año de su gobierno, cuando aceptó y nombró a María Antonieta Esparza como titular de una fiscalía, aunque consideraba que los crímenes constituían un porcentaje que podía ser considerado "normal".
Mientras que otras autoridades de alto rango de su gobierno atribuyeron los homicidios al hecho de que las víctimas utilizaban minifaldas, salían de bailes, caminaban por sitios oscuros, eran "fáciles" o prostitutas.
Además, según documenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en uno de sus reportes, existen informes de que la respuesta de las autoridades de entonces frente a los familiares de las víctimas osciló entre la indiferencia y la hostilidad.
Uno de los casos más emblemáticos en la administración de Francisco Barrio Terrazas fue el homicidio de la niña Cinthia Rocío Acosta Alvarado ocurrido en febrero de 1997.
En respuesta al clamor y las presiones de la ciudadanía por resolver el asesinato de la pequeña de 10 años que permaneció extraviada un mes, las autoridades argumentaron falta de atención hacia Cinthia.
Incluso, las autoridades dieron a conocer que los estudios periciales realizados al cuerpo de la niña arrojaron que la menor estaba descuidada físicamente, toda vez que presentó descalcificación en los huesos debido a una deficiente alimentación y caries severa en su dentadura.
Por ello es que al desestimar los señalamientos que en su momento le hicieron, ocho años después continúan los pronunciamientos en contra de funcionarios que participaron en su administración.
Muestra de ello es el caso de Arturo Chávez Chávez, actual subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, a quien por sus antecedentes en el caso de los crímenes de mujeres diversos organismos y autoridades han solicitado su destitución.
También fue durante la administración de Francisco Barrio que, en opinión de las autoridades estatales, operó el primer "asesino en serie" en esta frontera, aunque judicialmente nunca se le pudo comprobar ese estatus.
Según establecieron los investigadores de esa época, el egipcio Abdel Latif Sharif Sharif victimó a seis jóvenes mujeres en el Lote Bravo, pero se le ha acusado penalmente por uno solo caso.
En la mayoría de los procesos que se le siguieron a Sharif logró sentencias absolutorias porque no se le acreditaron de manera contundente la autoría o participación en los crímenes.
El único proceso en el que se pudo sustentar la participación de Sharif fue el que se le siguió por la muerte de Elizabeth Castro García en 1995, caso por el que recibió una sentencia condenatoria de 30 años de prisión.
Las autoridades policiacas lo señalaban como multiasesino porque aseguraban que desde prisión financiaba a grupos criminales para que cometieran homicidios sexuales de mujeres con la finalidad de ser exculpado, aunque nunca pudieron comprobárselo.
Sharif, quien desde su detención en 1995 afirmó que era un 'chivo expiatorio', falleció el jueves pasado en el penal de la ciudad de Chihuahua sin poder probar su inocencia, pero tampoco la autoridad su responsabilidad en todos los casos.
El grupo criminal al que supuestamente pagó Sharif para continuar con la saga criminal era "Los Rebeldes", banda que fue señalada como la autora de siete asesinatos de mujeres localizadas en Lomas de Poleo, cuyos homicidios tenían características similares a las localizadas en el Lote Bravo.
Diez integrantes de este grupo fueron detenidos en un aparatoso operativo policiaco realizado en el centro de la ciudad el 14 de abril de 1996.
De los detenidos, cuatro salieron libres porque no se encontraron pruebas de su participación en los homicidios y porque eran menores de edad.
A los otros seis se les dictó sentencia en 2005 de 24 a 40 años, pero al apelar este año la defensa, a uno de ellos se le absolvió y a otros se les redujo la condena.
Entre la complejidad, el escándalo y el interés comercial Sin embargo, aunque la recomendación emitida por la CNDH en 1998 fue la primera, no fue la única, ya que a lo largo de estos años organismos nacionales e internaciones de protección a los derechos humanos han realizado diversos informes en los que coinciden sobre la complejidad del problema, la negligencia en la procuración de justicia y la reacción tardía del Gobierno Federal.
Prueba de la complejidad de este problema es que ni con el relevo de autoridades en el gobierno estatal, del panista Francisco Barrio al priísta Patricio Martínez, los crímenes pudieron frenarse ni la procuración de la justicia avanzar.
En cambio, el asunto de los crímenes de género pasó de los mitos generados por lo errado del tratamiento judicial -que siguió presentándose--, al lucro por intereses comerciales en la administración de Martínez.
En ese sexenio, el fenómeno transitó en medio de escándalos por sucesos como la investigación de los homicidios de ocho mujeres localizadas en un campo algodonero en noviembre de 2001, hechos por los que se siguió un polémico proceso penal a Víctor Javier García Uribe, alias "El Cerillo" y a Gustavo González Meza, alias "La Foca".
Este último falleció estando preso, en circunstancias sospechosas, mientras que el juicio subsiguiente derivó en la poca credibilidad en el manejo de las indagatorias y, finalmente, en la liberación de García Uribe por falta de pruebas.
Bajo estas circunstancias se desperdigaron más fábulas sobre los homicidios de mujeres que plantean hipótesis de causas o motivaciones políticas, por lo que, en este sentido, se ha llegado a afirmar que los crímenes fueron cometidos para boicotear el Tratado de Libre Comercio con el afán de perjudicar a la industria maquiladora.
O bien, que existe tolerancia estatal, impunidad y protección hacia los responsables, entre los que se nombran empresarios o políticos encumbrados que supuestamente han contribuido en campañas electorales.
En la difusión de información exagerada o errada sobre los crímenes de mujeres contribuyeron medios de comunicación de todas las latitudes, pero de manera particular el periódico local Norte de Ciudad Juárez, que por no ponerse de acuerdo en las tarifas y en el monto de la publicidad oficial con la administración estatal de Patricio Martínez, mantuvo durante seis años un pleito con esa instancia que se reflejó en sus principales páginas, versión corroborada por altos funcionarios del gobierno de Patricio Martínez que pidieron mantener su identidad en el anonimato.
De modo que con la bandera del esclarecimiento de los crímenes de mujeres, y aun a pesar de su poca circulación, esa empresa periodística emprendió durante un sexenio una campaña manteniendo en primera página el tema, responsabilizando prácticamente al gobernador y a su procurador de justicia de este fenómeno, indicaron los entrevistados.
A esa pugna meramente comercial con una instancia de gobierno, que se vio reflejada en su manejo editorial, se le unió una ala del Partido Acción Nacional buscando incrementar su capital político de cara a las elecciones federales del 2000 y 2003, además de las locales de 2001 y 2004.
Asimismo, algunas organizaciones no gubernamentales y derechohumanistas hicieron eco de esta campaña desproporcionada, más para lucrar con el dolor de los familiares de las víctimas que para buscar la reparación del daño, según han denunciado repetidamente los deudos de mujeres asesinadas.
Con el cambio de administración en el gobierno estatal esta situación se ha modificado notablemente, lo que puede observarse en las actuales ediciones de ese medio local, donde el tema ha dejado de ocupar las páginas principales.
Tal situación fue señalada con toda claridad en su momento por distintos personajes, entre ellos, por la activista y ex directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer, Victoria Caraveo Vallina, quien cuestionó el uso de este fenómeno en sus principales espacios para proyectarse como "el único medio de comunicación local que defiende la verdad".
"Hay algunos medios de comunicación que para poder vender o para poder subsistir han utilizado este tema de una manera por demás irresponsable", señaló Caraveo en su momento.
Ernesto Villanueva, especialista en medios de comunicación y en Derecho de la Información se refirió también al asunto en un artículo publicado en la revista Proceso el 19 de julio de 1999, al escribir que "el colmo del abuso periodístico es confundir la salud financiera de una empresa informativa con la libertad de expresión e información".
Las 4 mil desaparecidas de Soberanes La danza de cifras en torno al número de mujeres muertas y desaparecidas ha sido una constante desde la década pasada, cuando hicieron su aparición los organismos no gubernamentales y organizaciones de derechos humanos extranjeras e internacionales como Amnistía Internacional, las cuales comenzaron a emitir sus propios listados con datos distintos.
De esta manera, el manejo disímbolo de las cifras sobre los homicidios y desapariciones de mujeres ha dado pauta para la creación de estos mitos, especulaciones y desinformación que ha irrumpido y rebasado a todos los niveles de gobierno.
Prueba de ello es el caso del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, quien luego de afirmar que los crímenes de mujeres en Juárez "son una gran vergüenza nacional" cedió a la tentación de la danza de los números.
Así, el 22 de julio de 2003 ante reporteros de la prensa nacional e internacional que se reunieron aquí para la presentación del Plan Integral de Seguridad Pública, el ombudsman mexicano aseguró que en esta frontera había, hasta entonces, 263 casos de mujeres asesinadas que no habían sido resueltos en Ciudad Juárez y 4 mil 587 casos de mujeres desaparecidas o ausentes.
Pese a que la imprecisión de la cifra de inmediato le fue increpada por periodistas, Soberanes insistió en que esa era la información que tenía y que obtuvieron luego de hacer una recopilación de datos para conocer el número exacto de casos de mujeres victimadas y reportadas como desaparecidas en esta frontera.
Ante la insistencia del derechohumanista por difundir esta información, Victoria Caraveo (directora en ese momento del Instituto Chihuahuense de la Mujer) le pidió públicamente que corrigiera su error y pidiera las disculpas correspondientes.
"Todos nos caímos de la silla porque desgraciadamente el doctor no tuvo el cuidado de estudiar lo que iba a decir, o no está bien informado de lo que está comunicando e irresponsablemente dice esta información, lo invitamos a que diga cuál fue su base de datos", declaró entonces Caraveo Vallina.
Pero como Soberanes nunca se retractó y hasta enunció de manera oficial el dato en diferentes foros porque, argumentó, formaba parte de un informe especial sobre el caso, en una de sus visitas a la ciudad se desató una batalla de declaraciones entre él y Caraveo.
Mientras que Soberanes acusó a Caraveo de "personera" del gobierno estatal, ella lo imputó de ser empleado de Vicente Fox.
Afirmaciones como éstas le valieron al derechohumanista no sólo el repudio de varios sectores de la localidad, sino el ser declarado como una persona 'non grata' para la ciudad por el mismo alcalde Héctor Murguía Lardizábal.
Con el paso del tiempo el dato difundido por Soberanes ha cobrado relevancia al contrastarlo con otras cifras propagadas por diferentes instancias, entre ellas algunas del mismo nivel federal.
Por ejemplo, la PGR concluyó recientemente que al igual que en los homicidios de mujeres, con las desapariciones se ha llegado a afirmar "sin mayor sustento" en diversos reportes que en tal circunstancia se hallaban más de 4 mil mujeres.
Cuando de acuerdo con su investigación se corroboró que de las 4 mil 456 mujeres que se reportaron como desaparecidas de 1993 a 2005, sólo 47 se encontraban en esta condición.
Pero además, de las 47 mujeres que se tenía verificada su desaparición, 13 fueron localizadas, 11 con vida y dos ya fallecidas, por lo que el número de mujeres pendientes de localizar se reduce a 34.
La precisión de cifras, móviles y demás circunstancias que rodearon los crímenes no es de menor importancia, subraya la Procuraduría federal.
"Este aspecto en materia de derechos humanos resulta especialmente relevante, toda vez que un diagnóstico equivocado puede traer como consecuencia la determinación de una terapia equivocada, siendo después ésta de consecuencias aún más graves que la propia enfermedad.
Desafortunadamente, algo parecido ha sucedido en el caso de los homicidios y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez", dice la dependencia.
La PGR no menciona textos ni a autores de esos diagnósticos equivocados o datos que se manejaron sin rigor.
Sin embargo, sí menciona que lo acontecido en esta frontera en los últimos trece años debe tratarse con "realismo" y con pruebas concretas.
"La memoria de las mujeres víctimas de homicidios y los derechos de los familiares que les sobreviven merecen tanto seriedad como respeto.
Ante la historia tendrán que responder los que no han tratado este asunto en esa tesitura", advierte el documento de la PGR.
La realidad es distinta: PGR Luego de mantenerse por años ya sea al margen del fenómeno o incluso haciendo eco de mitos (en 2003 la Procuraduría General de la República arraigó en esta ciudad a dos hombres a quienes acusó de estar detrás de los crímenes de mujeres para traficar con sus órganos), el gobierno federal creó por acuerdo presidencial en 2004 una fiscalía especial dependiente de la PGR, atendiendo más a la presión nacional e internacional en gran medida provocada por esa leyenda negra, que a una intención real de afrontar el fenómeno.
Como encargada se nombró a María López Urbina, quien tuvo una polémica actuación ya que más que actuar en contra de responsables de crímenes enfocó su trabajo en detectar a los funcionarios negligentes del aparato estatal, aunque de las listas que dio a conocer ningún servidor público ha sido sancionado hasta ahora.
López Urbina fue sustituida por la ex derechohumanista Mireille Roccatti, quien prácticamente vino a cerrar las oficinas de la fiscalía a mediados del 2005 con el pretexto de que su campo de acción sería ampliado a nivel nacional.
Aun así, con base en el trabajo desarrollado por esta fiscalía, la PGR concluyó apenas en enero pasado un informe sobre los crímenes de mujeres en esta ciudad, en el que señala que se trata de un fenómeno que no tiene las características que están latentes en la percepción general porque se difundieron teorías "sin rigor" y "sin sustento".
"Si bien la pérdida de una sola vida de las mujeres victimadas es suficiente para causar indignación y rechazo por parte de la sociedad, también es cierto que con cifras y pruebas se demuestra que, en los últimos años, se ha generado una percepción diferente a la realidad, creándose un círculo vicioso de hechos, impunidad y especulación que ha afectado principalmente a la sociedad juarense", dice el informe final publicado en enero.
En la investigación realizada a lo largo de dos años se analizaron 11 mil 678 biografías, cuatro mil 38 domicilios, cuatro mil 396 números telefónicos, 59 armas y 25 cuentas bancarias.
Fue a través de las redes de vínculos entre estos datos como se consideró o se descartó si las varias hipótesis sobre el tema tenían o no sustento.
Entre esas versiones que han circulado por años y de las que la autoridad federal no encontró evidencia jurídica están las que sostienen que en Ciudad Juárez se cometió "el mayor crimen en serie de la historia del mundo" y de que, por ende, aquí matan más mujeres que en ninguna parte del país, así como que la cifra de desaparecidas es de alrededor de cuatro mil.
"La especulación a que se ha llegado en este rubro es enorme, manejándose sin ningún rigor cifras o hechos que no corresponden con lo sucedido en la realidad", dice el texto.
Al respecto, el subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la PGR, Mario _lvarez Ledezma, dijo en su momento a la prensa nacional que los resultados de este estudio refutan muchos de los "libretitos" y "panfletos" que se han escrito sobre las mujeres asesinadas en esta ciudad y que dieron origen a una "cantidad de estupideces".
Pero omitió mencionar que la fiscalía misma que hizo el informe fue objeto de una de las falacias que se han dicho sobre el tema, que expresó el propio presidente Vicente Fox Quesada.
En respuesta a las presiones de organismos nacionales e internacionales para que el gobierno federal atendiera el caso, el titular del Poder Ejecutivo aseguró en 2004 que la instancia había sido creada para "investigar y perseguir" los delitos relacionados con estos homicidios.
"Independientemente de los obstáculos, hemos aceptado el reto, considerando que es deber moral de la autoridad esclarecer las circunstancias que han dado lugar a los homicidios y castigar a los culpables", dijo Fox en Los Pinos con motivo del primer informe.
Sin embargo, la fiscalía no sólo no contó con facultades para atraer e investigar los más de 300 homicidios, por ley considerados como fuero común a cargo de los gobiernos estatales, sino que desde ese mismo primer informe advirtió que, por las deficiencias en su integración, había varias averiguaciones "imposibles de resolver".
Además de la fiscalía dependiente de la PGR, el gobierno federal creó también desde finales de 2003 la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, subordinada de la Secretaría de Gobernación, a cargo de la cual designó a Guadalupe Morfín Otero.
Esta comisión tampoco tiene facultades legales para investigar o detener a culpables de los crímenes de mujeres, por lo que se ha enfocado a la recuperación e integración del tejido social en Ciudad Juárez aunque a la fecha no ha presentado algún logro concreto de su trabajo.
En cambio, ha provocado escándalo y polémica entre la ciudadanía fronteriza porque la comisionada Morfín es la funcionaria de los tres niveles de gobierno en la entidad que percibe el salario más alto, incluso más que el gobernador Reyes Baeza, al devengar más de 160 mil pesos mensuales.
Y a pesar de que la sede de esta comisión debería estar en Juárez, según se afirmó al darse a conocer hace casi tres años, la comisionada pocas veces puede ser ubicada en esta ciudad.
De la ficción a la hipótesis Aunque los hechos por sí mismos permitieron que los crímenes de mujeres en Juárez trascendieran las fronteras, también ha repercutido la gran cantidad de mitos que se desarrollaron en torno a este fenómeno criminal.
Según han coincidido diversos especialistas en criminología y psicología, la falta de resultados, de información, las contradicciones y la secrecía en la que incurrieron las autoridades en el manejo de este caso, dieron cabida a leyendas urbanas que se instalaron en la conciencia colectiva.
Con ese ánimo de explicar los homicidios surgieron teorías como la creación de 'videos snuff' (videos sexuales donde la protagonista es asesinada realmente), la participación de sectas satánicas, la intervención de una banda de policías y ex policías, homicidas seriales y el tráfico de órganos, por nombrar sólo algunas.
A pesar de la falta de evidencias sólidas para respaldar estas especulaciones, la PGR en su momento consideró como hipótesis el tráfico de órganos, en abril de 2003.
Incluso, derivado de la polémica investigación que calificó de "seria", la Procuraduría arraigó a tres hombres y casi tres meses después reconoció que no había elementos para procesarlos y que no existía una organización criminal dedicada al tráfico de órganos.
Mito desde el poder público En la construcción de esa leyenda negra sobre los crímenes no sólo han participado escritores y demás redactores sin rigor, sino incluso autoridades mexicanas que se han encargado de difundir información imprecisa.
Un caso es el de la diputada federal Marcela Lagarde y de los Ríos, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien en un foro mundial donde se abordaron asuntos sobre el género femenino aseguró que en Juárez "muchas" de las víctimas fueron grabadas en video mientras eran violadas, mutiladas y asesinadas.
"También sabemos que muchas de las jóvenes brutalmente asesinadas eran estudiantes de academias de informática.
Todo indica que al apuntarse se les hacen fotos, estas fotos circulan por internet, se las escoge, se las secuestra, se las viola, mutila, y se las mata, todo esto es grabado para consumo pornográfico y finalmente se les bota en mitad del desierto", expuso en una entrevista que se distribuyó en un comunicado de prensa oficial.
La legisladora participó como ponente en el Foro Mundial de las Mujeres que se celebró del 28 al 30 de julio dentro del marco del Foro Barcelona 2004 en su calidad de presidenta de la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada de la Cámara de Diputados.
Ahí, al ser cuestionada sobre a dónde apuntan las investigaciones policiacas de los homicidios, Lagarde explicó que existen 130 casos de mujeres que presentan un patrón común porque "sufrieron un asesinato con violencia sexual: aparecían mutiladas, sin pezones, sin vulva".
"Estas mujeres responden también a un patrón físico: suelen ser jóvenes que no llegan a los treinta, bellas, con melena.
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Ante estos más de 130 brutales asesinatos, la policía busca un único 'asesino en serie de novela inglesa", agregó.
Asimismo, la diputada explicó que estos homicidios ocurrían en Juárez porque la ciudad es un claro ejemplo de lo que se llama "desarrollo antihumano".
"Es una ciudad llena de maquilas, fábricas en las que los trabajadores y trabajadoras no tienen derecho alguno.
Salir o entrar al trabajo es un peligro, no hay transporte y las calles no están iluminadas", expuso.
Criticó también que actualmente haya algunos empresarios preocupados por que se hable de la ciudad por los homicidios, pues aseguró que esta campaña acusa y va en contra de la lucha de los familiares por hacer justicia a sus víctimas.
"Estos empresarios quieren hacer borrón y cuenta nueva, pero las madres son tenaces en seguir en la legalidad, en pedir justicia.
A pesar de la denostación y estigmatización a la que son sometidas, siguen pidiendo que las autoridades cumplan democráticamente", dijo.
Pero las afirmaciones de Lagarde que fueron consideradas por algunos sectores locales como "ligerezas que sólo buscan satisfacer el morbo internacional sobre los homicidios de mujeres", tuvieron otras consecuencias.
Nora Yu Hernández, diputada federal por Juárez y también integrante de la Comisión que preside Lagarde, indica que estas declaraciones desencadenaron de manera inmediata una reacción que los llevó a imponer restricciones en sus participaciones.
"Tal parece que habló para tomar notoriedad a nivel internacional, porque hay que reconocer que Marcela es una persona que toda su vida se ha desenvuelto en los organismos no gubernamentales, es una voz muy aceptada en esos medios.
"Pero no estábamos de acuerdo y no íbamos a permitir que siguiera con esa cantidad de mentiras, esto provocó que la Comisión la frenara y evitamos que asistiera sola a foros representando al Congreso de la Unión, a partir de estas declaraciones no puede ir a ningún foro internacional sola", comenta.
La diputada Marcela Lagarde no accedió a una entrevista telefónica con El Diario para conocer su versión respecto a estos hechos y las acciones realizadas por la Comisión que preside.
Argumentó que se encuentra en la etapa final de un diagnóstico que elaboran sobre la violencia feminicida en México.
Sin embargo, los señalamientos que hizo en Barcelona no sólo no coinciden con la realidad, sino que incluso contradicen los informes que ella misma ha rendido sobre las actividades realizadas al frente de la Comisión.
En dichos documentos establece que el objetivo principal de su labor es "terminar con información amañada, sexista y misógina" que existe sobre el tema porque establece que "voces poco informadas han creado el estereotipo de las mujeres asesinadas como "jovencitas-pobres-morenas-de-cabello-largo-trabajadoras-de-las-maquilas-violentadas-sexualmente-por-asesinos-seriales-bajo-efectos-de-alcohol-o-drogas-miembros-de-bandas-de-delincuentes", todas las características que divulgó como ciertas en Barcelona.
Por ello, estas declaraciones también le valieron a Lagarde la recriminación de sectores juarenses, que la cuestionan por la incongruencia de lo que dice con lo que hace.
Con este reclamo coincidieron Bernardo Escudero Ortega, ex presidente de la Fundación Fidevida Institución de Beneficencia Privada y de la Asociación de Maquiladoras Asociación Civil (AMAC), y Salvador Urbina Quiroz, vicepresidente de la Confederación de Abogados de México.
"Hay un serio conflicto y contradicciones en lo que hace, porque su intención ha sido la de exhibir aún más lo que ya se estaba tratando de aliviar, que era seguir señalando a Juárez como una ciudad violenta", menciona Urbina.
Por qué es necesario precisar Y es que la cuestión de la "percepción" y la precisión sobre cifras, móviles y demás circunstancias que rodearon los crímenes, dice la PGR en su informe final, no es de menor importancia, ya que sólo con estadísticas objetivas y con criterios bien definidos se podrá tener una visión exacta de la magnitud del problema y, en consecuencia, de las acciones preventivas y correctivas.
Las estadísticas de su investigación muestran que en el país hay al menos otras tres ciudades -Toluca, Tecate y Acapulco- con tasas de asesinatos superiores que también deben atenderse y que, en cambio, se han perdido en medio de la mala fama que cobró esta ciudad.
Entre 1991 y 1999 se registraron 221 homicidios de mujeres en Juárez, mientras que en Toluca llegaron a 603, lo que representa 2.
7 veces más, dice el reporte, y eso que ésta última tiene poco más de la mitad de la población de esta frontera.
"Si se considera el total de la zona urbana de Toluca -que comprende doce municipios- y se calcula la tasa media de 1998 a 2002, no hay ninguna otra ciudad en la república que se le aproxime.
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) La ciudad más cercana fue Tecate, Baja California, con 3.
0, seguida por Acapulco, con 2.
6.
En este trágico conteo, Ciudad Juárez ocupa el cuarto lugar", dice.
Tendencia similar se observa en los informes elaborados por la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, donde los reportes ubican a Chiapas como el estado de mayor índice de homicidios de mujeres en la República Mexicana.
De acuerdo con las cifras oficiales, de 2000 a 2004 se tienen registrados mil 456 en aquella entidad fronteriza del sur del país; mientras que en Juárez, en un lapso mayor de tiempo, de 1993 a 2004, se tenían registrados 347 crímenes.
En general, la PGR consigna que en Juárez, entre 1993 y 2005, se registraron 379 homicidios contra mujeres, 238 de los cuales fueron remitidos a órganos jurisdiccionales y tribunales para menores, que 14 fueron atraídos por la autoridad federal y que hay 116 en investigación.
Sobre los móviles, la PGR determinó que, de los 379 crímenes, 78 tuvieron un móvil sexual, 106 fueron de violencia intrafamiliar, en 76 este factor es indeterminado y otros 119 fueron por "violencia social", como venganza, riñas, pandillerismo o robo.
Mitos que venden Para José Pérez Espino, autor del texto "La invención del mito y la lucrativa teoría de la conspiración", publicado en el libro "Violencia sexista.
Algunas claves para comprender el feminicidio en Ciudad Juárez" editado por la UNAM en 2004, la precisión con respecto a la cantidad de crímenes con móvil sexual es importante porque es el factor que mayormente ha sido explotado para la construcción de mitos.
"Una parte de la construcción del mito es que todos tienen que ver con móviles sexuales.
No necesariamente es así, y eso no implica que se esté subestimando el punto", dice en entrevista el también periodista chihuahuense.
Lo que sucede, agrega, es que ese factor es el que vende más.
"Tiene que ver más con una especie de lucro a partir de un tema que vende.
O sea, vende hablar de asesinos seriales, vende hablar de homicidios sexuales, y vende hablar del concepto de feminicidio", agrega.
El informe de la PGR coincide y señala que este presunto patrón de móvil sexual ha "alimentado" la idea de que Juárez es la capital mundial de los homicidios de mujeres.
"A lo largo de estos trece años se dieron otros homicidios que, si bien no corresponden a los patrones a que antes se alude (de móvil sexual), sí han continuado alimentando la percepción de que en Ciudad Juárez se producen más homicidios de mujeres que en el resto del país, y que la violencia de éstos no tiene parangón.
Se piensa que de los homicidios son responsables asesinos seriales o que, detrás de aquellos existen otras motivaciones que están siendo ignoradas tanto por las autoridades locales como federales", dice el reporte.
Esta versión, por ejemplo, nutrió fuertemente la promoción para la venta del libro "Huesos en el desierto", escrito por el periodista Sergio González Rodríguez.
"Son homicidios orgiásticos, con ritos sexuales y una capacidad de perfeccionamiento sádico muy fuerte", afirmó González durante la promoción de su obra.
El manejo que la prensa del Distrito Federal ha dado a la cobertura de los asesinatos de mujeres, agrega Pérez Espino, se ha caracterizado por la abulia profesional y un deficiente ejercicio del periodismo de investigación y de precisión.
"Sin contar el afán protagónico y de lucro por parte de algunos reporteros y escritores, una ética cuestionable, el morbo y la ligereza en el manejo de la información, así como la recurrente creación de mitos, estigmas y estereotipos en buena parte de los medios impresos y los libros publicados en torno al tema", dice.
A esta situación también han contribuido corresponsales de medios nacionales e internacionales, quienes sin sustento ni rigor periodístico han difundido historias sobre el caso.
Muchos de estos corresponsales venían a esta frontera con ideas preconcebidas y no se tomaban el tiempo para investigar lo que realmente estaba pasando en la ciudad, abonando a la errada información que ha circulado por el mundo.
Asimismo, varios de estos reporteros se basaban en lo que un medio local difundía en sus espacios principales sobre el tema, llevándose una impresión magnificada de lo que ocurría.
A este manejo le atribuye Bernardo Escudero, ex dirigente de la AMAC, los mitos que se desperdigaron de que "eran miles" las mujeres asesinadas y que "todas eran empleadas de la maquiladora".
"Hubo periodistas buenos y malos, algunos no tenían ninguna fuente de información y su única finalidad era magnificar el tema para crear morbo y que su trabajo tuviera más impacto en sus lugares de origen, lo que hicieron fue atizar lumbre a la pólvora hasta hacer el problema más grande e identificar a Juárez como la ciudad del crimen, de la perdición, de la inseguridad de la mujer y así se han ido añadiendo conforme a sus intereses", dice.
Por una situación similar pasaron algunos fotógrafos de medios escritos locales, quienes con los crímenes de mujeres también encontraron una forma de obtener ganancias al ofrecer guías o "tours" a periodistas extranjeros a cambio de una cuota que iba de los 100 a los 150 dólares.
De acuerdo con testimonios de fotógrafos, su trabajo consistía en llevar a los reporteros de fuera a los lugares en donde fueron localizados los cuerpos de las víctimas y a los domicilios de las familiares para que los pudieran entrevistar.
Este manejo informativo sobre el caso fue advertido por el mismo presidente Vicente Fox, quien en 2005 aseguró que los medios de comunicación manejan "refritos" sobre los homicidios de mujeres en Juárez, ya que la mayoría de estos casos estaban resueltos y los responsables en la cárcel.
"Nos ofende lo que ha pasado en Juárez, pero tampoco es correcto estar refriteando, sin información, los mismos casos, los mismos 300 ó 400 casos de mujeres, muy dolorosamente, muy tristemente, han perdido la vida en ya más de 12 años", dijo.
Del crimen al show Desde "Las Muertas de Juárez", el primer libro que se publicó sobre el tema, en 1999, hasta "He visto al Diablo de Frente: los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez", que este año salió a la venta en Europa, sobre el caso se han hecho al menos 67 obras.
Entre éstas, una búsqueda en la red de información arrojó siete performances, siete obras plásticas, unos 18 trabajos literarios, 12 obras de teatro, nueve cintas y videos documentales, 14 canciones e infinidad de reportajes de diversos países del mundo.
Los títulos son tan diversos como "Crímenes de odio", "Mascarada en rojo", "Máscara contra cabellera", "Mujeres de polvo", "Somos las que ya no somos", "Los chacales de Ciudad Juárez", "La mujer perfecta", "Elegía en el desierto", "Señorita extraviada", "Una oración por las muertas de Juárez", "Desiertas voces calladas", "Qué mujeres tan extrañas", "Crónica de impunidad", "Los trazos del viento", "Frontera", "Hotel Juárez", "¿Quién escucha a las muertas?", "Ni una más", "La Virgen de Juárez", "Y nadie las quiere ver", "Indolencia", entre decenas más.
A la fecha, en los estudios de Hollywood se preparan al menos dos películas que expondrán al mundo el tema desde su óptica.
Una de ellas es la cinta "Bordertown", filmada en Nogales, Sonora, en la que Jennifer López interpreta a una periodista que investiga los crímenes en esta frontera.
"Bordertown reúne nuevamente al dueto ganador de Gregory Nava y Jennifer Lopez: el director trabajó con ella en 1997, en la exitosa Selena, la película sobre la vida y muerte de la legendaria cantante tejana.
También habían trabajado en el melodrama My Family, de 1995.
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) En el reparto de Bordertown figuran Antonio Banderas, Martin Sheen, Sonia Braga y Kate del Castillo", dice una nota informativa sobre la película.
La otra película hollywoodense llamada "La virgen de Juárez" la protagoniza la actriz inglesa Minnie Driver, quien en la trama con toques sobrenaturales comparte créditos con la mexicana Ana Claudia Talancón.
Las referencias a los homicidios de esta ciudad por parte de personalidades del mundo del arte y el espectáculo son innumerables, y en casi cada caso, el artista en cuestión alude a su solidaridad con las víctimas y sus familias para representar el tema.
Sin embargo, qué tanto es solidaridad o qué tanto es un pretexto para lucrar con un tema "que vende" es una de las reflexiones que, desde 2002, planteó Pérez Espino en su análisis titulado "La invención de mitos.
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" "En el Distrito Federal, paralelamente, se ha generado una industria de presunto apoyo a las víctimas.
Ya existen documentales, películas en video, libros, obras de teatro, colectas (se invitó a ir a depositar dinero en una urna del Teatro Insurgentes y se afirma que el producto de la venta de videos es para los familiares de las víctimas), entre otras actividades evidentemente lucrativas", escribe en su análisis.
La solidaridad como pretexto La delgada línea que separa la labor de denuncia y la obtención de ganancias económicas a partir de un tema tan doloroso para las familias de las mujeres asesinadas y para la sociedad juarense en general, advierte Pérez Espino, hace tiempo que quedó definida.
"Activistas, organizaciones no gubernamentales y los mismos periodistas que han abordado el caso dicen: es hacer visible lo invisible, que a nivel nacional e internacional se conozca el tema, pero creo que esto ya fue superado hace bastante tiempo, desde que los mismos informes de Amnistía Internacional, o de la Organización de Naciones Unidas, han tratado el asunto, que han recomendado al Estado mexicano en su conjunto las acciones que se tienen que realizar", comenta.
"Pero estamos hablando de que son pasos técnicos que habría que seguirse y que, en efecto, pudo haber ayudado, pero llegó un momento en que la cuestión se revirtió al grado de que se volvió una explotación comercial, y en ese contexto ahora va a salir la película de Jennifer López", agrega.
El problema que este lucro encierra, dice, es que se descalifica todo y se opacan las únicas medidas públicas que se han implementado para combatir y prevenir el tema, reduciendo la posibilidad de que funcionen.
"¿Dónde empieza el lucro? Pues por ejemplo un caso: en la obra de Los Monólogos de la Vagina, durante muchos años se ha estado pidiendo dinero para las familias de las víctimas", refiere.
Sobre este caso, una investigación de este medio documentó que, por el "boteo" entre los asistentes a esta obra en todo México se recaudaron 74 mil 296 dólares, de acuerdo con lo que informó la oficina de prensa de Eve Ensler, autora de la obra y participante en una marcha de artistas de Hollywood realizada aquí el 14 de febrero de 2004.
El dinero de la obra, informó la misma oficina, fue canalizado a una organización local llamada Casa Amiga, en la cual, según la directora, Esther Chávez Cano, se atiende a mujeres víctimas de violencia, pero hasta a entonces a ningún familiar de alguna mujer asesinada, como se sugería durante el boteo por todo el país.
"Tenemos que vivir de algo.
Boteamos.
En lugar de botear en las calles, Morris Gilbert -productor de 'Los Monólogos' en México- dijo que lo que se boteara en México sería para Casa Amiga", dijo Chávez Cano a este medio en una entrevista de 2004.
Desde hace años, en medio del dolor de la pérdida y ante la negligencia de los gobiernos, familiares de las víctimas denunciaron que su tragedia, además de todo, se estaba convirtiendo en motivo de lucro.
"El grupo, los familiares, el dolor, se han estado usando, se estuvo manipulando para conseguir otro tipo de cosas, poniendo en frente a los familiares de las mujeres asesinadas.
Creo que todo el tiempo hemos estado manipulados", señaló Guillermina González -hermana de Sagrario González, victimada en 1998- en una entrevista de diciembre de 2000.
'Nadie habla de eso' El 6 de febrero pasado, en un chat convocado por el periódico español El Mundo, la escritora francesa Maud Tabachnik respondió medio centenar de preguntas sobre su más reciente novela "He visto al Diablo de frente.
Los crímenes de Ciudad Juárez".
Entre sus respuestas -le preguntaron desde sus hipótesis sobre los móviles hasta si había sido amenazada- la autora menciona, entre otras afirmaciones, que "los culpables" "en su mayoría son narcotraficantes a los que resulta imposible tocar un pelo" y que "desde principios de año (2006) van una 50" mujeres asesinadas, dijo sin ningún rigor informativo.
Tabachnik no mencionó sus fuentes de información, sin embargo, resulta necesario precisar que de acuerdo con la Subprocuraduría de Justicia estatal, en lo que va del año se han registrado nueve asesinatos de mujeres en la ciudad, cifra que contrasta con esa exageración emitida por la escritora.
También, dijo Maud que "es posible que se trate de una prueba de admisión" de aspirantes a narcos; que en la entidad "ni siquiera se abren investigaciones policiales" y, además, que le "ha sido difícil encontrar documentación porque es un tema del que pocos se ocupan".
--No he conseguido documentos oficiales ni nada por el estilo -responde la autora cuando uno de los cibernautas le pregunta "cómo se documentó para escribir la novela".
Esta dificultad de Tabachnik para encontrar información tal vez tenga que ver con el hecho de que, como ella misma dice en otra entrevista, nunca ha estado en Juárez.
"A Juárez no fui porque no hablo español y porque allí impera la ley del silencio, nadie me iba a decir nada, no iba a ir con un micrófono por la calle para saber porque nadie iba a informarme (.
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) preferí hablar con mexicanos preocupados por esta realidad", dijo la autora, de acuerdo con un despacho de Europa Press.
Esa es otra parte del mito construido, el asegurar que en esta frontera no se quiere hablar del tema, aun cuando cientos y cientos de archivos periodísticos evidencian que todos los homicidios han sido oportunamente reportados.
"Los periodistas extranjeros que han ido a Ciudad Juárez dicen que en Juárez los medios no tratan el tema, que los periodistas de Juárez incluso tienen miedo, etcétera, lo cual es falso", comenta Pérez Espino.
"Incluso, Diana Washington Valdez (reportera de El Paso Times y autora del libro "Cosecha de Mujeres, safari en el desierto mexicano"), cuando fue entrevistada por The Columbia Journalist Review habla como si los periodistas de Juárez fuéramos temerosos, que tuviéramos miedo de tocar el tema, o de que hay presiones para que no hablemos de eso, lo cual me parece un tratamiento muy inescrupuloso", agrega.
De acuerdo con el texto que cita el analista y que está disponible en la página www.
cjr.
org
Sólo que ellos no pueden reportarlo.
Así que me dicen: 've por ello, Diana".
El autor de la entrevista, John Burnett, menciona que la reportera se hallaba en ese momento sola en el avance de una "teoría explosiva" que algunos consideran "altamente especulativa" y que sostiene que "investigaciones federales mexicanas contienen cuentas de oficiales y de otras personas que facilitan orgías donde abusan a mujeres cuyos cuerpos son encontrados después".
En "Cosecha de Mujeres.
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", Diana Washington expone que se "puso al descubierto que hombres importantes del país eran responsables de los asesinatos contra mujeres" en Ciudad Juárez y que "agentes federales mencionaron que las mujeres eran utilizadas para las orgías y luego asesinadas por mero deporte".
Citando siempre a terceras personas que no identifica y a quienes atribuye las diversas versiones que maneja, la periodista, aunque no identifica a dichos "hombres importantes", con frecuencia cita nombres de conocidos empresarios juarenses sin sustento.
En uno de los testimonios publicados en el texto se indica que un investigador comentó que los "crímenes eran llevados a cabo como una forma de protesta en contra del Tratado de Libre Comercio (TLC) para América del Norte, y que estos hombres buscaban ciertas concesiones del gobierno relativas a éste".
En su libro, la periodista también señala que algunos de los sospechosos contribuyeron a la campaña electoral del presidente Vicente Fox.
Entre las hipótesis que la periodista esboza en su libro se encuentran las que la PGR ponderó en su informe multimencionado, pero encontró "sin sustento alguno que las relacionara con las causas encontradas como explicación de los homicidios de mujeres".
Entre ellas están las que la instancia llama "de la participación del crimen organizado".
Estas versiones, dice la autoridad federal, indican que "el asesino goza de la protección policiaca, ya que los homicidios se deben a pugnas entre pandillas de 'narcos' o de 'polleros' o fiestas de éstos, donde se asesinan mujeres como parte de la diversión, y en las que, por supuesto, también participan policías".
Entre las teorías que también menciona como "especulaciones que, "sin fundamento alguno, se han mantenido como causa de los homicidios" enumera las motivaciones relacionadas con el TLC y el financiamiento de la campaña presidencial del actual Jefe del Ejecutivo.
Washington Valdez se negó a dar una entrevista a este medio para conocer su opinión sobre las hipótesis que la PGR descarta, pues aseguró que "todo lo que tiene que decir" sobre este tema está escrito en su libro.
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