P. M. DÍEZ
PEKÍN. Desde la década de los 60, cuando comenzaron los experimentos médicos, los trasplantes en China se han nutrido con los órganos de los miles de presos que son ejecutados cada año.
En torno a estos ajusticiamientos ha florecido una auténtica industria de la muerte que ha fomentado el tráfico de órganos en un sistema sanitario liberalizado y regido por la corrupción. Para evitar tales desmanes, a partir del próximo 1 de julio entrará en vigor una nueva ley que no sólo prohíbe expresamente la compra de órganos, también sienta las bases para que las donaciones sean consentidas, y establece la red de hospitales autorizados para llevar a cabo este tipo de operaciones.
No en vano, en los últimos meses han fallecido siete pacientes japoneses que se habían desplazado a China para someterse a un trasplante, más rápidos y hasta un 30 por ciento más económicos que en Occidente.
En China se practican al año unos 20.000 trasplantes -8.000 de riñón y 1.500 de hígado- gracias a los órganos de los reos, ya que la sociedad no está concienciada sobre las donaciones.
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