Intensos debates entorno a que cualquier canadiense que participe en un trasplante de órganos, incluyendo el robo o la compra de órganos, enfrente penas de hasta 5 años de prisión
La directora del Comité de Ética de la asociación médica canadiense dijo que aprueba el proyecto de ley recientemente lanzado que criminalizaría los trasplantes de órganos no éticos.
El parlamentario liberal Borys Wrzesnewskyj presentó recientemente un proyecto para corregir el código penal con el objetivo de que cualquier canadiense que participase en un trasplante de órganos, incluyendo el robo o la compra de órganos enfrente penas como criminal.
Wrzesnewskyj dijo que presentó el proyecto debido a los crecientes informes de tráfico de órganos fuera de Canadá; por un lado, el polémico caso de la red de tráfico de riñones presuntamente planeado por Amit Kumar residente de Brampton, Ontario, y por otro, el informe de dos canadienses -el ex parlamentario David Kilgour y el reconocido abogado de derechos humanos David Matas- que ilustran un completo cuadro en el que miles de practicantes de Falun Gong arrestados en China fueron asesinados y sus órganos vendidos para trasplantes.
Tanto el caso de Kumar, acusado de dirigir un grupo que robó y compró riñones de agricultores pobres y peones en la India y que los vendió para cirugías de trasplantes muy rentables llevados a cabo en clínicas hindúes, como el de las sustracciones ilegales en China, implican directamente a los canadienses que viajan a estos países cuando no pueden obtener un órgano en Canadá.
Según el informe de Kilgour-Matas, un órgano puede ser adquirido en cuestión de semanas en China mientras que en Canadá puede tomar hasta tres años.
La Dra. Bonnie Cham, presidente del comité de la Asociación de Ética Médica Canadiense, dijo que tanto ella como la asociación, creen que los pagos por órganos y tejidos deben ser prohibidos, pero que el proyecto de ley podría causar que los pacientes eviten a los médicos y resulte en un problema.
“Tenemos de vez en cuando pacientes que vuelven al país desde el exterior luego de haber adquirido un órgano, lo que plantea un dilema ético para esos médicos”, explicó Cham.
Aunque los médicos sepan que el paciente compró un órgano o recibió un trasplante en un país conocido por matar a las personas por sus órganos, todavía están obligados a suministrar al paciente la asistencia post-operatoria de trasplante, incluyendo el tratamiento anti-rechazo para asegurar que el nuevo órgano no sea rechazado.
“Es muy difícil negarle atención a un paciente sin considerar qué lo ha llevado a esa situación”, indicó Cham.
Al respecto, le inquieta que el proyecto que castiga con 5 años de prisión sea muy severo y “será difícil que los pacientes provean pruebas de que su órgano fue obtenido éticamente”. Cham está preocupada de que los pacientes pueden recurrir al auto tratamiento para evitar la cárcel.
Ella preferiría legislar más incentivos para hacer que más órganos estén disponibles y que la legislación debe “realmente impresionar a la gente sobre el abuso que está teniendo lugar y con estos trágicos eventos que están ocurriendo en otros países la gente no vaya a otros países por iniciativa propia”.
Cham también agregó que está a favor de la legislación en cuanto a que no permite a los pacientes viajar al extranjero para comprar órganos. “Existen diferentes consecuencias; las personas deben ser conscientes de la legislación y de esas consecuencias”.
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