La diputada justicialista María Lelia Chaya pedirá a la Cámara baja que rechace el proyecto oficial que considera donantes de órganos a todos los argentinos que no expresen lo contrario, por considerar que la norma es “palmariamente inconstitucional” y desnaturaliza el carácter voluntario de un gesto de solidaridad.
Chaya elaboró un despacho en disidencia del dictamen que será analizado el miércoles próximo en la Cámara de Diputados, como continuación de la sesión que pasó a cuarto intermedio esa semana porque no hubo quórum para votar la iniciativa.
En su pronunciamiento, la legisladora advirtió: “No estoy en contra de los trasplantes, sino del autoritarismo, venga de donde venga, y siempre daré testimonio de estar a favor de la vida, la libertad y la solidaridad”.
“Desconoce derechos esenciales”
Chaya manifestó que la propuesta oficial “no solo desnaturaliza el consentimiento, base de todo acto humano voluntario, sino que desconoce derechos esenciales inherentes a la persona humana, que pertenecen a la órbita del derecho natural y son preexistentes a nuestra norma fundamental, la Constitución Nacional, y como tales, se encuentran incorporados a ella como derechos y garantías”.
La legisladora salteña agregó que “resulta entendible la preocupación de nuestro Gobierno por brindar una adecuada respuesta a la creciente demanda de órganos para transplante”, pero “ello de ningún modo puede justificar la supresión del consentimiento, como manifestación típica de la libertad de que goza toda persona humana en un Estado de Derecho”.
Rechazó además el concepto de “conciencia solidaria” utilizado para justificar la norma, por cuanto –argumentó- el sentido de “solidaridad” de ningún modo puede imponerse, sino que debe “resultar de una decisión libre y voluntaria del individuo”.
Abusos de poder
Chaya consideró además políticamente peligroso este tipo de proyectos “ya que si bien hoy puede resultar loable el propósito perseguido” (de obtener mayor canidad de órganos disponibles), el “delegar en un órgano del Estado el consentimiento individual para el manejo de un derecho personalísimo, podría abrir las puertas a un eventual abuso de poder por parte de la autoridad”.
Afirmó también que hablar de “consentimiento presunto” implica de por sí una contradicción, una negación en sí misma, ya que “la voluntad no se presume, sino que se expresa” y “cualquier presunción, para tener valor, debe ser necesariamente corroborada por un acto que revele el consentimiento expreso de quien lo realiza”.
Sostuvo además que la situación se agrava si la analiza desde una perspectiva socio cultural, ya que “nuestra Nación posee más de cinco millones de personas que son analfabetas o no pueden comprender un texto, y por tanto no estarán en condiciones de comprender su nueva condición de ‘donantes presuntos’, por lo que les resultará sumamente dificultoso poder expresar su oposición al carecer de medios económicos para hacerlo”.
Muerte cerebral y muerte real
En la larga lista de objeciones al proyecto oficial, Chaya afirmó que se incurre en una “grave omisión” al aceptar un artículo de la anterior ley 24.193, aprobada por un gobierno de facto, que considera que una persona ha fallecido cuando se verifica la ausencia de respuesta cerebral durante seis horas ininterrumpidas.
Esto lleva a confundir “muerte cerebral” con “muerte real” de una persona y “permite que el cuerpo del donante pueda ser abierto aún cuando existan otros signos vitales activos, como los latidos de su corazón”.
Recordó el caso de la adolescente norteamericana Karen Quinlan, quien se mantuvo con vida durante varios años, a pesar de encontrarse en estado vegetativo y de habérsele desconectado los medios artificiales de respiración.
Mencionó además que a un hombre en estado de “muerte cerebral” se le puede extraer esperma y con él se logra el embarazo de una mujer, como sucedió en fecha reciente con la muerte del actor Cristopher Reeve, y también que una mujer embarazada en estado vegetativo puede ser alimentada y mantenida biológicamente durante toda la gestación hasta dar a luz normalmente.
Chaya recordó que tiene presentado un proyecto de ley que establece que “la existencia de las personas termina por la muerte natural”… Es decir, “cuando se verifique el paro cardio-respiratorio y la cesación definitiva de la coordinación orgánica de por la finalización de los procesos vitales”.
Manifestó que se encuentra científicamente comprobado que, además de las córneas, órganos como los riñones pueden ser transplantados de pacientes que registren paro cardiorrespiratorio, esto es, “muerte natural” a través del método de enfriamiento conocido como “método español”. Esto podría solucionar la situación de más de 5000 personas que esperan angustiosamente la recepción de ese órgano, añadió.
Trafico de órganos
Advirtió que mantener la actual definición de muerte cerebral, no sólo “no fomenta una mayor afluencia de donantes para paliar el déficit en la provisión de órganos, sino que promueve y facilita una de las prácticas más aberrantes, elevadas a nivel de uno de los flagelos de la sociedad mundial actual, que es el tráfico de órganos”.
Recordó que esta práctica “es moneda corriente desde hace varios años en nuestro territorio y en particular en las zonas socialmente marginales así como en las de frontera.
También se han constatado algunas situaciones extrañas en institutos neuropsiquiátricos o establecimientos de salud, como el trístemente célebre caso de la Colonia Montes de Oca, y la desaparición de la doctora Cecilia Giubileo, quien investigaba una serie de muertes sospechosas ocurridas en ese instituto con fines de extracción de órganos.
Agregó que la vigencia de la norma “coloca en una situación de desprotección a los sectores sociales más débiles, como los indigentes y los niños, y fomenta el incremento de este execrable e ilegal comercio”.
Contra la objeción presentada por quienes aceptan el criterio de “consentimiento presunto”, Chaya mencionó que “las legislaciones recientes de Uruguay, Perú, Venezuela y Ecuador -más identificados cultural, histórica y religiosamente con nuestro territorio-, han mantenido la doctrina del “consentimiento expreso”, como también lo han hecho numerosos estados de los Estados Unidos de América.
Sospechas y suspicacias
Chaya expresó además que el proyecto también entraña serios riesgos desde el punto de vista moral, que “lejos de fomentar el espíritu de colaboración de nuestra sociedad, la supresión del consentimiento y la imposición coercitiva de la “conciencia solidaria” no hará otra cosa que agravar la situación, despertando sospechas y suspicacias sobre intereses no trasparentes en juego”.
Por último, objetó los cambios introducidos por el artículo 12 del proyecto oficial, que establece una reducción de cinco a tres miembros en el directorio del INCUCAI. “Esta concentración de las decisiones es mas que arbitraria e irrazonable y puede abrir paso a favoritismos, a abusos de poder o connivencias de sectores privados con funcionarios venales, que en Argentina se conoce como “mafias”.
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