Entró en vigor una nueva ley de compraventa de material humano: Pekín se había convertido en el paraíso de los trasplantes ilegales
El Financiero en línea
Pekín, 4 de julio.- El comercio de órganos pasó a la ilegalidad en China después de la entrada en vigor este fin de semana de una nueva regulación que prohíbe la compraventa de material humano y asegura que las donaciones sean voluntarias.
Convertida en corredor a un paraíso de trasplantes ilegales, muchos pacientes extranjeros procedentes de Hong Kong y el mundo occidental han cruzado la frontera china durante años, en busca de un órgano vital que las listas de espera y los elevados precios del quirófano hubieran hecho inaccesible en sus lugares de origen.
Este "statu quo" alentó la proliferación de un mercado negro en el que lo importante era obtener el órgano deseado por el paciente, sin apreciar su procedencia ni el consentimiento de su portador natural.
A pesar de que Pekín hizo hincapié en su prohibición del robo de órganos, la corrupción a gran escala en algunas administraciones locales consintió la violación de un derecho fundamental, el de la donación voluntaria de órganos.
El fenómeno cobró una dimensión trágica en el caso de los reos condenados a muerte, convertidos tras su ejecución en pura mercancía de un negocio multimillonario, en el que cotizan al alza riñones e hígados, según acusaron en varias ocasiones grupos defensores de derechos humanos.
Las constantes denuncias de activistas internacionales y organizaciones no gubernamentales, y las reclamaciones hechas desde Ginebra por la ONU, han obligado a Pekín a impulsar la nueva Ley de Trasplantes y reconocer implícitamente un problema que había escapado a su control.
La reciente muerte en Malasia y Japón de pacientes que habían viajado a China para someterse a trasplantes de órganos reforzó las sospechas sobre la práctica de cirugías ilegales en el país asiático, y la donación "forzada" de órganos procedentes de criminales ejecutados.
Pekín salió al paso y admitió el uso en hospitales chinos de órganos de ejecutados para trasplantes, aunque aseguró que se trataba de un porcentaje "insignificante" del total, y siempre con el consentimiento del condenado o de su familia.
Sin embargo, el descontrol de los trasplantes era un hecho, por lo que la nueva y necesaria ley comenzó a avanzar y quedó establecido el 1 de julio de 2006 como horizonte para la prohibición legal del tráfico de órganos.
Según la nueva normativa, cada trasplante necesitará el visto bueno de un comité médico y ético, y la firma y consentimiento del donante del órgano o de sus familiares, incluidos aquellos presos en el corredor de la muerte, que podrán dar marcha atrás en el último momento si así lo desean.
"Esta nueva ley es una garantía para el paciente, ya que los médicos y los hospitales deberán tener licencias, experiencia y un alto porcentaje de éxito en operaciones anteriores", explicó a Efe el director del departamento de Urología del Hospital de Pekín, que prefirió mantenerse en el anonimato.
Entre los damnificados por la prohibición hay muchas clínicas ilegales que han operado sin licencia e impunemente durante años, con médicos "prestados" y con el aprovechamiento de la escasez de órganos para lucrarse a costa de la desesperación de los enfermos, en un país donde el 80 por ciento de la población carece de seguro médico.
En este caldo de cultivo para la corrupción y la competencia desatada, dos millones de chinos esperan alguno de los 20.000 trasplantes que se realizan al año y que cuestan una media de 6.000 dólares (4.730 euros): una quimera en China, donde la renta per cápita del ciudadano medio es de unos 1.100 dólares anuales.
Ahora, sólo aquellos hospitales de mayor rango -denominados en China de Clase 3A- podrán solicitar licencias para realizar trasplantes de órganos, que sólo podrán ser operados por médicos con formación específica en la materia.
La Ley de Trasplantes cuenta, no obstante, con un talón de Aquiles, ya que no reconoce la "muerte cerebral" -estado idóneo para este tipo de operaciones- y exige el cese de la respiración y la parada cardíaca para considerar un fallecimiento de forma oficial, un hándicap para la mejor conservación de los órganos.
"Esperamos que el Ministerio de Sanidad defina este concepto, porque ampliaría considerablemente el número de donantes", afirmó el urólogo. (Con información de EFE)
Internacional - Martes 4 de julio (21:55 hrs)
Convertida en corredor a un paraíso de trasplantes ilegales, muchos pacientes extranjeros procedentes de Hong Kong y el mundo occidental han cruzado la frontera china durante años, en busca de un órgano vital que las listas de espera y los elevados precios del quirófano hubieran hecho inaccesible en sus lugares de origen.
Este "statu quo" alentó la proliferación de un mercado negro en el que lo importante era obtener el órgano deseado por el paciente, sin apreciar su procedencia ni el consentimiento de su portador natural.
A pesar de que Pekín hizo hincapié en su prohibición del robo de órganos, la corrupción a gran escala en algunas administraciones locales consintió la violación de un derecho fundamental, el de la donación voluntaria de órganos.
El fenómeno cobró una dimensión trágica en el caso de los reos condenados a muerte, convertidos tras su ejecución en pura mercancía de un negocio multimillonario, en el que cotizan al alza riñones e hígados, según acusaron en varias ocasiones grupos defensores de derechos humanos.
Las constantes denuncias de activistas internacionales y organizaciones no gubernamentales, y las reclamaciones hechas desde Ginebra por la ONU, han obligado a Pekín a impulsar la nueva Ley de Trasplantes y reconocer implícitamente un problema que había escapado a su control.
La reciente muerte en Malasia y Japón de pacientes que habían viajado a China para someterse a trasplantes de órganos reforzó las sospechas sobre la práctica de cirugías ilegales en el país asiático, y la donación "forzada" de órganos procedentes de criminales ejecutados.
Pekín salió al paso y admitió el uso en hospitales chinos de órganos de ejecutados para trasplantes, aunque aseguró que se trataba de un porcentaje "insignificante" del total, y siempre con el consentimiento del condenado o de su familia.
Sin embargo, el descontrol de los trasplantes era un hecho, por lo que la nueva y necesaria ley comenzó a avanzar y quedó establecido el 1 de julio de 2006 como horizonte para la prohibición legal del tráfico de órganos.
Según la nueva normativa, cada trasplante necesitará el visto bueno de un comité médico y ético, y la firma y consentimiento del donante del órgano o de sus familiares, incluidos aquellos presos en el corredor de la muerte, que podrán dar marcha atrás en el último momento si así lo desean.
"Esta nueva ley es una garantía para el paciente, ya que los médicos y los hospitales deberán tener licencias, experiencia y un alto porcentaje de éxito en operaciones anteriores", explicó a Efe el director del departamento de Urología del Hospital de Pekín, que prefirió mantenerse en el anonimato.
Entre los damnificados por la prohibición hay muchas clínicas ilegales que han operado sin licencia e impunemente durante años, con médicos "prestados" y con el aprovechamiento de la escasez de órganos para lucrarse a costa de la desesperación de los enfermos, en un país donde el 80 por ciento de la población carece de seguro médico.
En este caldo de cultivo para la corrupción y la competencia desatada, dos millones de chinos esperan alguno de los 20.000 trasplantes que se realizan al año y que cuestan una media de 6.000 dólares (4.730 euros): una quimera en China, donde la renta per cápita del ciudadano medio es de unos 1.100 dólares anuales.
Ahora, sólo aquellos hospitales de mayor rango -denominados en China de Clase 3A- podrán solicitar licencias para realizar trasplantes de órganos, que sólo podrán ser operados por médicos con formación específica en la materia.
La Ley de Trasplantes cuenta, no obstante, con un talón de Aquiles, ya que no reconoce la "muerte cerebral" -estado idóneo para este tipo de operaciones- y exige el cese de la respiración y la parada cardíaca para considerar un fallecimiento de forma oficial, un hándicap para la mejor conservación de los órganos.
"Esperamos que el Ministerio de Sanidad defina este concepto, porque ampliaría considerablemente el número de donantes", afirmó el urólogo. (Con información de EFE)
Internacional - Martes 4 de julio (21:55 hrs)
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